En esta etapa de transición, la discusión pública está dominada por la propuesta de reforma constitucional con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca reemplazar a todos los juzgadores y acabar con la autonomía del Poder Judicial. En una declaración reciente, el mandatario afirmó que ya iba cediendo la resistencia a su iniciativa. Y tiene razón: muchos de quienes antes tenían objeciones, han comenzado a aceptar la elección de jueces, magistrados y ministros, y ya sólo piden que la reforma se aplique “de manera gradual”.

Estamos presenciando, en los hechos, una preocupante abdicación colectiva del espíritu crítico. Para comenzar, porque se aceptan los preceptos centrales de la iniciativa sin que se hayan presentado evidencias, ni de la presunta corrupción  generalizada del Poder Judicial ni de las supuestas ventajas de elegir a los juzgadores. Y, más importante aún, sin que se haya resuelto si el oficialismo tiene derecho a contar con la mayoría legislativa necesaria para hacer esos cambios.

Morena y sus aliados obtuvieron, en la elección de diputados federales, 54.7% de los sufragios. A pesar de que el artículo 54 de la Constitución prevé que ninguna fuerza política puede tener más de 300 escaños en la Cámara baja ni una sobrerrepresentación que rebase el 8 por ciento, se está dando por hecho –con base en cálculos de la Secretaría de Gobernación, que nada tiene que opinar sobre el tema– que el oficialismo contará con unos 373 diputados, es decir, casi tres cuartas partes de las curules en San Lázaro o casi 20 puntos más que el porcentaje que obtuvo en las urnas.

Tocará al INE hacer, en agosto, el cálculo del número de legisladores de representación proporcional que corresponde a cada partido y al Tribunal Electoral resolver cualquier impugnación que se presente al respecto. De confirmarse la estimación de la Segob, la coalición gobernante contaría, de forma sobrada, con una mayoría suficiente en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución. En el Senado, se quedaría muy cerca de los dos tercios requeridos.

Pero ¿cómo puede ser que, pese a las restricciones constitucionales, el oficialismo podría reformar por sí mismo la Carta Magna? La clave está en la interpretación del texto del inciso V del artículo 54, pues, tomado literalmente, dice que el máximo de diputados se otorga por partido. Sin embargo, cuando se realizó dicha reforma, las coaliciones electorales funcionaban de tal manera que aparecían en la boleta en un mismo recuadro, por lo que el votante no podía cruzar el emblema de un partido coaligado en particular. La ley, entonces, consideraba iguales, para varios efectos jurídicos –entre ellos, la asignación de diputados plurinominales– a partidos y coaliciones.

Tocará al Tribunal Electoral aclarar esta contradicción. ¿La sobrerrepresentación debe calcularse por partido o por coalición? Si nos atenemos a la textualidad, debe ser por partido. Sin embargo, aquí hay dos consideraciones: 1) la interpretación a la que se ha sometido innumerables veces la Carta Magna, y que también tendría que contemplarse en este caso, y 2) el espíritu de protección de los derechos de las minorías que debe prevalecer, de acuerdo con nuestro derecho, y que se anularía en caso de que el oficialismo sea premiado con una bancada de 373 diputados. A pesar de que el tema aún no ha sido resuelto por los órganos electorales, muchos asumen, de forma acrítica, que el oficialismo tendrá los votos para modificar a su antojo la Constitución, algo que la Carta Magna ha buscado prevenir, al prohibir que una misma fuerza política tenga más de 300 diputados.

Recordemos que el inciso V del artículo 54 dice que “en ningún caso” está permitida una sobrerrepresentación mayor al 8 por ciento. La expresión “en ningún caso” no está ahí por nada. Lo que toca es que, antes de hablar de la reforma judicial o cualquier otra modificación constitucional, se discuta la legalidad de la sobrerrepresentación que Gobernación ya le atribuye a Morena y aliados. Pasar por alto ese tema, o sacarle la vuelta, equivale a ser un simple observador, de rodillas temblorosas, ante la refundación caprichosa del marco legal que pretende hacer el oficialismo. 

El culto a la personalidad es una elevación casi religiosa o sagrada de figuras de líderes carismáticos en la sociedad o en la política, según el discurso del desaparecido líder Nikita Kruschev, en el XX Congreso de la Unión Soviética, en 1956.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, lo fomenta en México. Quiere que el 1 de julio se conmemore como el día que López Obrador ganó la Presidencia de la República en 2018. No sólo eso. Propone que sea bautizado como el Día de Revolución de las Conciencias, El Día del Triunfo del Pueblo o el Día de la Verdadera Democracia.

Nada más le faltó proponer que sea el “Día de Andrés el Salvador”. ¿No hablan de hacer historia?

Sheinbaum les pidió a los líderes de Morena organizar una consulta para decidir qué festejaremos cada 1 de julio.

¿Será día de descanso obligatorio? Poco le faltó para equiparar el 1 de julio con el natalicio de Juárez, el 21 de marzo; o con la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero; o con el Día de la Independencia, el 16 de septiembre; o el de la Revolución, el 20 de noviembre.

Lo propuso, faltaba más, en la conmemoración del sexto aniversario del triunfo de López Obrador, celebrado en el complejo cultural Los Pinos.

Y más: “Le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta, pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el Día de la Revolución de las Conciencias. 

“…El pueblo de México comenzó a escribir una nueva historia con el mejor dirigente de México, mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

En su discurso, Claudia mencionó una nota del periódico Reforma que cita a mujeres empresarias que le pidieron a Claudia “pintar su raya respecto a la agenda de AMLO”.

Respondió: “Eso sería pintar la raya con el pueblo de México, nunca… Con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada”.

¿Va a seguir a pie juntillas la agenda de López Obrador? Es pregunta.

* En este espacio expusimos el sábado pasado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está amenazado de parálisis.

Me explico: el pleno del Tribunal está integrado por siete magistrados. Los dos que terminaron su periodo el 31 de octubre de 2023, José Luis Vargas e Indalfer Infante, no han sido sustituidos por el Senado. Desde entonces, el pleno funciona con cinco magistrados.

El 31 de octubre de 2024 se van otros dos: Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. Quedarán tres magistrados. Para sesionar se necesitan, mínimo, cuatro. La mañana de ayer amanecimos con la noticia de que el juez Rodrigo de la Peza le dio al Tribunal Electoral 24 horas para que proponga a dos magistrados que reemplacen a los que salieron.

Y es que en el Senado no hicieron la tarea. Ya pasaron ocho meses desde que Vargas e Infante dejaron el TEPJF. Pero por línea de YSQ no fueron reemplazados.

Es cierto que el juez De la Peza no tiene facultades para ordenar al Senado que elija a los dos magistrados.

En todo caso, tendría que ser la Suprema Corte de Justicia, vía una controversia, la que podría intervenir, como fue el caso del Inai, al que habilitó para sesionar con cuatro comisionados cuando se requería un mínimo de cinco.

La orden del juez De la Peza irritó al gobierno federal. Luisa María Alcalde, titular de la Segob, anunció que pedirá juicio político en contra de De la Peza “por violar la Constitución”, al usurpar facultades de la Cámara alta.

El senador Ricardo Monreal explicó que el juez viola el artículo 99 de la Constitución. “El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional y dispone de autonomía e independencia. Cada día nos otorgan más razones para reformar el Poder Judicial”, advirtió.

La pregunta obligada es por qué al juez De la Peza se le haría juicio político y los senadores del oficialismo, que han desacatado una y otra vez resoluciones de la Corte para elegir magistrados o comisionados, andan tan campantes.

* El Consejo Nacional del PAN aprobó las comisiones que definirán el camino para llevar a cabo la renovación de la dirigencia nacional del PAN, que actualmente encabeza Marko Cortés.

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN) será encabezada por Ana Teresa Aranda. Entre sus integrantes tendrá a María Beatriz Zavala Peniche, Fernando Rodríguez Doval, Ignacio Loyola Vera, Juan Antonio García Villa, y otros.

Hablamos del tema con Rodríguez Doval. Nos dijo que percibe en su partido un ambiente generalizado de corregir errores e inercias que llevan arrastrando.

¿Cómo cuáles?, le preguntamos.

“Se comentó que nos ha faltado más trabajo territorial, más apertura con los ciudadanos, mejores incentivos al interior del partido. Todo eso no es nuevo. Viene, al menos, desde que estábamos en el gobierno federal. Y, a pesar de todo, existe la conciencia clara de que somos la fuerza más importante de oposición y que tendremos que desempeñar un papel histórico ante lo que se viene”, puntualizó.