A lo largo de su sexenio y por la vía legal o extralegal, el titular del Poder Ejecutivo ha puesto en operación, con mucho éxito, un diseño político autoritario. Por voluntad de un Presidente, al que no le gustan los contrapesos y mucho menos la rendición de cuentas, las instituciones de la democracia mexicana se han devaluado.

Una de ellas es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pieza esencial en el combate a la corrupción, porque tiene la función de revisar si el gasto público se ejerció en los conceptos y partidas autorizados, si se ajustaron a la legalidad y si no han causado daño patrimonial. Junto a estas funciones tiene la facultad para promover ante las autoridades competentes sanciones administrativas y denuncias penales para recuperar el daño patrimonial. Todo esto se acabó.

Durante casi dos décadas, se hizo “un esfuerzo continuo de privilegiar el trabajo profesional de la ASF y de hacer respetar su autonomía técnica y de gestión, al margen de presiones externas”. El esfuerzo fructificó y, gracias a su trabajo, en particular durante la gestión de Juan Manuel Portal (2010-2017) se pudieron constatar alarmantes niveles de corrupción, el uso discrecional de los recursos públicos y la recuperación de grandes sumas de dinero.

Las cosas son distintas desde que llegó López Obrador y el nuevo titular permitió el repliegue de la institución. Como ocurrió con otras instituciones, a ésta se le capturó.

Se comenzó (mayo de 2018) con el despido de personas competentes como la directora general de la Auditoría Forense —Muna Dora Buchahin—, quien dio a conocer el desfalco conocido como la Estafa Maestra y, a su salida, denunció que la ASF se negó a autorizar nuevas auditorías con base en denuncias de más desvíos.

Siguió con el escándalo que provocó la declaración de Agustín Caso —auditor especial de Desempeño— de que la cancelación del NAIM había ascendido a 331 mil millones de pesos. López Obrador juzgó que la cifra era exagerada, obligó al titular de la ASF a corregirla y ese mismo día se emitió un comunicado diciendo que la “cuantificación tenía inconsistencias”. Curiosamente, el documento llevaba el nombre, pero no la firma de Agustín Caso.

Apenas la semana pasada, el funcionario fue finalmente cesado. A su salida, a través de una carta pública denunció que la ASF había sido secuestrada por intereses políticos, estaba evadiendo auditorías a programas clave y autocensurándose para no afectar al gobierno de López Obrador. En concreto, se ordenó la manipulación de auditorías y el ocultamiento de anomalías para no incomodar a la Presidencia. Según el propio Agustín Caso, “a raíz de eso, lo que en gran parte pasó es que las auditorías de desempeño estuvieron sujetas a escrutinio por parte de los asesores del auditor superior para expurgarlas”. 

En una investigación de MCCI (https://shorturl.at/iEI19) se explica cómo, desde el nombramiento de David Colmenares a la fecha se han cancelado y dado de baja 194 auditorías que originalmente se habían aprobado en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (114 de un solo golpe durante la pandemia).

Entre las auditorías canceladas se cuentan la del programa Vigilancia Epidemiológica, cargo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la de Adquisición y Acondicionamiento de Vía Férrea entre Palenque y Campeche, a cargo del Fonatur y la de Medicamentos para el Tratamiento del Cáncer Infantil, a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar. Otras, ya realizadas, fueron dadas de baja. Fue el caso de la Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México.

Para acabar con el cuadro, desde 2022 dejaron de hacerse las auditorías de desempeño y se redujeron a su mínima expresión las auditorías forenses que, como en la medicina, te permiten ver la causa de la muerte. En este caso la muerte de una fiscalización anclada en la técnica y la neutralidad.

Está claro. Puede haber funcionarios con la intención de defender las instituciones, pero éstos topan con pared y son cesados o se ven obligados a renunciar.

Las cifras son contundentes, durante los primeros cuatro años de este gobierno sólo se recuperaron 17 de cada 100 pesos que se ejercieron de manera incorrecta. Dinero que debió ejercerse en salud, educación, justicia y otras materias. En contraste, entre 2000 y 2016, sí, en el periodo del neoliberalismo, se recuperaban 53 de cada 100 pesos. Lo mismo ocurre con las denuncias de la ASF que pasaron de 463 en los primeros cuatro años de Peña Nieto a 220 en los de López Obrador.

Como toda política pública, la de fiscalización requiere de conocimiento técnico y de autonomía e independencia. Como bien decía Juan Manuel Portal, “el binomio fundamental de las labores fiscalizadoras está constituido por la aplicación de conocimientos técnicos desde una posición de estricta neutralidad. No caben, de ninguna manera, la improvisación ni las inclinaciones partidistas, ideológicas, coyunturales o de cualquier otra especie”.