Fue asesinado el director del Sistema de Agua de Cajeme, Sonora, Luis Miguel Castro. Según las autoridades, lo habrían matado en una carretera en un intento de robo. En realidad, según testimonios locales, se trató de un ajusticiamiento. La guerra por el agua en Sonora no es nueva, pero en los últimos meses, tanto en Sonora como en Sinaloa, esa lucha que tradicionalmente se desarrolló, sobre todo en Sonora, entre autoridades y comunidades indígenas, ahora se libra con los grupos criminales que quieren controlar el agua y, a partir de ella, extorsionar a productores. En esos dos estados, como en otros, el agua no sólo es vital: es un instrumento de poder.

En Sonora, los yaquis llevan décadas peleando inútilmente por el control de las aguas del río Yaqui. En el camino han sido asesinados líderes, como Tomás Rojo, muerto en 2021 por grupos criminales que lo habían secuestrado. En esa zona, el río es vital para muchas industrias y empresas y para llevar agua a Hermosillo, pero la comunidad se ha quedado sin agua, con pobreza extrema, sin opciones de cultivos y los jóvenes emigran a Estados Unidos. Pero el verdadero peligro son los cárteles que se han asentado en toda esa zona y disputan el control del agua. Un poco al norte también están los disputados yacimientos de litio, que cuando se exploten en el futuro necesitarán agua. La presencia de los grupos criminales no sólo ha incrementado la violencia, sino también el consumo de drogas, sobre todo sintéticas, generando un alto número de adictos entre los jóvenes.

Controlar, en ese sentido, el sistema de aguas de Cajeme es estratégico y el asesinato de su director se enlaza con otros hechos similares ocurridos con anterioridad. A fines de mayo contábamos aquí que, en Sinaloa, en marzo pasado, más de 100 personas, familias completas, mujeres, ancianos y niños fueron secuestrados en una noche en Culiacán. Días después se aseguró que todos los secuestrados, 66 dijo el gobierno estatal que eran, habían aparecido con vida. En realidad, fueron más de cien, y de muchos de ellos no se ha vuelto a saber nada.

Pero la historia, decíamos entonces, era más compleja. En marzo de este año, en Culiacán, en una casa que estaba en remodelación y que era propiedad de Iván Archivaldo Guzmán, “desaparecieron” 20 millones de dólares en efectivo que eran propiedad del líder de Los Chapitos. Iván Archivaldo atribuyó el robo a los trabajadores y a los elementos de la Policía Ministerial del estado que estuvieron en el lugar y ordenó el secuestro de todos los involucrados y sus familias para tratar de recuperar el dinero.

Dicen que el propio gobernador Rubén Rocha fue el que se comunicó con Iván Archivaldo para que regresara lo más pronto posible a las mujeres y los niños porque el tema se había convertido en un escándalo nacional. El que organizó el encuentro, todo según fuentes sinaloenses, fue el tesorero del estado, Enrique Díaz, que, según esta versión, es el que mantiene el contacto directo del gobierno estatal con los hijos del Chapo. La reunión entre el gobernador y Los Chapitos se dio en la casa de Díaz, en el fraccionamiento Álamos, propiedad de la familia Coppel. En la reunión se decidió liberar a los familiares y liquidar a los directamente involucrados en el robo del dinero de Iván Archivaldo. Ésos son los desaparecidos que no regresaron.

Pero esto se relaciona con la historia de Cajeme: como parte del acuerdo para la liberación de los secuestrados, se le entregó a Los Chapitos el control de las juntas de agua potable (un instrumento poderosísimo en el estado), particularmente las de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y los módulos de riego del centro y el norte del estado, relacionados éstos, a su vez, con los del sur de Sonora. Los propios Chapitos, decíamos, fueron quienes hicieron las designaciones, que fueron confirmadas por el gobierno estatal.

La guerra por el agua es una más de las que se libran con el crimen organizado y es tan violenta como todas las otras. 

MÉXICO, JUNTO A SIRIA Y AFGANISTÁN

Ayer, en el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, de la ONU, el informe mundial de drogas ubica a México, junto con Afganistán, Siria y Myanmar, como el mayor productor de drogas sintéticas del mundo, drogas que superan en consumo y muertes por sobredosis muy ampliamente a las de origen natural, como la mariguana y la cocaína. Vaya socios que tenemos en ese podio, es vergonzoso.

Las metanfetaminas y el fentanilo se han convertido en la principal causa de muerte por sobredosis y la producción, dice el informe de la ONU, se ha extendido notablemente en estos países, entre ellos México como principal proveedor, sobre todo, de Estados Unidos. Y para eso, en especial para las metanfetaminas, también se necesita agua.

Al mismo tiempo, el informe alerta sobre una nueva droga sintética que se comienza a producir, también en México, el nitazeno, un analgésico diez veces más potente que el fentanilo, que se creó originalmente por la industria farmacéutica, pero que no se fabricó como medicamento porque nunca recibió autorización de ninguna agencia en el mundo. El nitazeno ha comenzado a aparecer como causante de muertes por sobredosis en Estados Unidos y otros países. Y saldría de México.