María Amparo Casar A juicio de Amparo
Podríamos pensar que es muy difícil que, en un gobierno con los índices de desempeño como los del actual, los dichos puedan superar a los hechos, pero después de 850 conferencias matutinas, es válido cuestionar esta premisa.
Pobreza, desigualdad, violencia, corrupción, impunidad, recesión, ejercicio discrecional del poder, desprecio por el Estado de derecho. Todos a tope. En cada uno de estos indicadores se han roto los récords impuestos por los tan denostados gobiernos neoliberales.
También se han roto otros indicadores que son difíciles de medir y que no entran en los rankings nacionales o internacionales: la desmesura en la palabra presidencial, las ofensivas denostaciones a sus adversarios, las descalificaciones propinadas a sus críticos, las expresiones sobre las instituciones del Estado, el trato a la oposición política y las falsedades que se cuentan por decenas de miles.
Si ya ha quedado demostrado que son muy pocos los límites a la voluntad del Presidente, no encuentro ninguno para frenar sus excesos verbales. No importaría mucho si sus palabras no tuvieran consecuencias, pero las tienen.
Mentir de forma inescrupulosa y decir que estamos en un momento estelar no pasaría de ser una ficción insostenible, pero de pronto se cruzan barreras inaceptables. Tan sólo en los últimos días irrumpió en dos ocasiones en el debate público con un discurso que no es admisible en un jefe de Estado y de gobierno.
Ante la persecución y huida de elementos militares por parte de civiles armados en Nueva Italia, Michoacán, el Presidente no sólo calificó de actitud responsable la respuesta que tuvieron las Fuerzas Armadas, sino que ahora se cuida a los militares y también a los integrantes de las bandas porque “son seres humanos”.
No señor. El Estado no está para proteger criminales, sino para perseguirlos, atraparlos y consignarlos. Lo único que les debe garantizar es el derecho al debido proceso. A los que tiene que proteger es a los ciudadanos y las ciudadanas de las agresiones y atentados de esos delincuentes. A ellos y a ellas: periodistas, médicos, defensores de derechos humanos, activistas, mujeres acosadas y violadas, desaparecidos, productores extorsionados, choferes asaltados, transeúntes y la larga lista de víctimas que se sigue acumulando. En democracia hay dos tareas prioritarias del Estado. La primera es mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La segunda es hacer valer el Estado de derecho. Con el primero se combate a los criminales. Con el segundo se les somete a investigación, juicio y sentencia. En la democracia mexicana ninguna de estas dos tareas parece estar funcionando.
En esta administración se ha pasado por alto la detención de los criminales aun cuando se les pesca en flagrancia. Ya pasó mucho tiempo desde que, en octubre de 2019, el Presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán luego de haber sido detenido en una vivienda del fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán. El hecho quedará para la historia.
Apenas este fin de semana fue más lejos. Periodistas de diversos medios que iban a cubrir la gira presidencial a Sinaloa y transitaban por la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo fueron sorpresivamente detenidos en un retén controlado por un grupo de 10 personas con uniformes militares, chalecos antibalas, camionetas sin placas, armas cortas y cuernos de chivo. Cuando el Presidente fue informado del acontecimiento lo único que acertó a decir fue: “No pasa nada”, “No hay ningún problema”, “Me siento contento, seguro, seguro, seguro”.
Qué suerte. Pertenece a la minoría de mexicanos que se sienten no triplemente seguros, sino, apenas, seguros. La última encuesta de Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi (2021) reporta que más del 75% de los ciudadanos se siente inseguro en su lugar de residencia.
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