Ya no queda duda de que al Presidente le causa un placer morboso provocar a los otros Poderes y órganos de autonomía constitucional. El número y calado de reformas y decretos de su autoría que han sido impugnados rebasa los de cualquier otro sexenio. Le da igual formular iniciativas de abierta o dudosa legalidad. Apuesta a que haya cuatro ministros que se alineen con él o a que la Corte posponga su discusión y, mientras, salirse con la suya.

A esto juega, otra vez, en el caso de las reformas electorales. Pero la Corte no es la misma.

El viernes pasado, a nombre de 84 organizaciones de la sociedad civil, Ricardo Becerra hizo una brillante y detallada exposición ante el senador Monreal y un grupo de legisladores de los peligros que entraña la reforma. A los representantes de las organizaciones les dijo que se quedaba con “una preocupación”, pero que ya “no hay nada que hacer” y que tendrá que ser la Corte la que decida. 

Si está agotado, es por falta de responsabilidad de los legisladores morenistas que, sin escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de muchos juristas, de los consejeros del INE y de las organizaciones sociales, decidió no mover ni una coma a una reforma que por su naturaleza debió ser negociada y consensuada.

La regresión democrática que de ella se deriva será responsabilidad del Presidente, quien ideó la iniciativa, y de su mayoría morenista y aliados que la aprobaron. También serán responsables de unas elecciones que otorgan ventaja indebida a quien hoy está en el poder y de una posible crisis política en 2024.

Por el empecinamiento de quien está hoy en el poder y su afán de destruir instituciones que funcionan y que han probado de sobra su valía y eficacia para la estabilidad política del país, ahora estamos en manos de la Corte. Dependemos que ocho ministros decidan la inconstitucionalidad, total o parcial, de las leyes aprobadas. Ya fueron promulgadas dos de las seis leyes que se propusieron —Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas— y ya han sido objeto de seis recursos jurídicos. Se está a la espera de su resolución.

De publicarse el resto de las reformas electorales, recibirán más controversias y acciones de inconstitucionalidad, a las que se sumarán juicios electorales y cientos de amparos por afectación de nuestros derechos políticos. ¿Cuáles? El derecho a que se atiendan los principios constitucionales de certeza, imparcialidad e independencia en el proceso electoral y el derecho a que nuestro voto cuente y se cuente bien.

 

 

 

 

 

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No hay certidumbre de cuándo serán aprobadas y promulgadas las reformas. Se pensó que esto ocurriría la primera semana del periodo de sesiones y no fue así. 

Tengo derecho a pensar mal. Mientras más se tarden en aprobar y promulgarlas, menos tiempo tendrán minorías legislativas, partidos, INE, OPLES y ciudadanos para interponer demandas por la vía jurídica y menos tiempos tendrá la Corte para resolver el destino de las reformas.

Con malicia, el Senado podría posponer su aprobación hasta el último día de abril que cierra el periodo de sesiones. Enviada la aprobación al Ejecutivo, éste tendrá 10 días naturales para promulgarla. Si se los toma, esto nos llevaría a alrededor del 10 de mayo. Si para ese día no estuviese publicada en el Diario Oficial, el presidente de la Cámara de origen podrá promulgarla. No considero el escenario del veto presidencial primero, porque es su iniciativa y, segundo, porque, aunque originalmente López Obrador dijo que de incluirse la llamada “cláusula de la vida eterna” para la sobrevivencia de sus aliados, la semana pasada corrigió y dijo que se lo guardaría para cosas mas relevantes (¿?).

Promulgadas las reformas, sobrevendrán los litigios ante la Corte y el Tribunal Electoral. Aun cuando exista la voluntad de la Corte por estudiar y definir de manera pronta y expedita la constitucionalidad de las reformas, no será tarea fácil. La extensión y complejidad de las reformas son mayores. Para darse una idea, según un magnífico estudio del Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, estamos hablando de la modificación de 262 e inclusión de 59 nuevos artículos y de la derogación de otros 66 de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto, además de la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación. Una tarea titánica.

De aprobarse los cambios, el proceso electoral comenzará el 1º de septiembre (en lugar del 1º de noviembre) en medio de la incertidumbre. Los tiempos se estrechan porque la ley electoral no puede cambiarse, sino hasta 90 días antes del inicio del periodo electoral.

Nos queda otra rendija: resulta debatible, pero dado que la Corte no estaría legislando, ésta podría declarar su inconstitucionalidad aún comenzado el periodo electoral. Quizá lo mejor sea una suspensión mientras los ministros puedan entrar al fondo de tan trascendente asunto para las y los ciudadanos.

1.  Los cómodos. De manera coordinada, aparecieron en diferentes lugares del país lonas con la leyenda: “Que siga López”, lo que de entrada provocó confusión, pues ciudadanos alertaban una supuesta reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que, él mismo ha confirmado, no se registrará. Y es que los integrantes del movimiento han organizado ya movilizaciones masivas, brigadas casa por casa, eventos con miles de personas tanto en Mérida, Ticul, La Montaña de Guerrero, Pachuca, Morelia y una macromovilización de transportistas en Tijuana. El juego de palabras no deja nada a la imaginación y al “Que siga López” le precede un contundente mensaje: “Estamos Agusto”. Es fácil saber por dónde va.

2. Coincidencias. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para hablar del plan B de la reforma y la próxima elección de consejeros del INE. Sin duda, un encuentro que servirá para apuntalar los detalles de la propuesta. “Como dirigente del partido vine a tener una reunión de diálogo, de construcción de consensos. Efectivamente, estaba el senador Monreal, el senador (Manuel) Velasco y, bueno, tocamos los temas para pensar siempre lo mejor para México”, informó el líder del PRI, quien busca avanzar en acuerdos en torno a las magistraturas electorales y nombramientos pendientes, entre otros. Y así, por las buenas, mucho mejor.

3. Trueque. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a cargo de Víctor Villalobos, informó que para ampliar las fuentes de abasto de cárnicos de res al mercado mexicano e impactar de manera positiva en la contención del alza de precios, se emitió la hoja de requisitos zoosanitarios para la importación de carne deshuesada y madurada de Argentina. Uno de los directores de la Sader, Francisco Javier Calderón, se reunió con el embajador de Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada, y enfatizó la importancia de las gestiones que realizan los gobiernos de ambas naciones en beneficio de productores y consumidores. Contener la crisis juntos no tiene falla. Ambas naciones lo necesitan. No aflojen.

4. Otros tiempos. Han transcurrido casi 21 años del desencuentro entre México y Cuba ocurrido en marzo de 2002 durante celebración de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, donde se reunieron 50 jefes de Estado y de gobierno, así como más de 200 ministros, en Monterrey, Nuevo León. El entonces presidente Vicente Fox, de manera poco ortodoxa, le pidió a su homólogo cubano, Fidel Castro, que abandonara México: “Te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras… a la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir… para que no me compliques el viernes”. Un dato de cultura general que marca cómo han cambiado los tiempos.

5. Siempre dispuesta. Si hay algo que reconocer en todo momento, es la labor de la Cruz Roja Mexicana. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, escribió en redes sociales: “Tuvimos reunión con Fernando Suinaga, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, para seguir trabajando de forma coordinada. #JuntosConstruimosLaPaz”. Además, indicó que el trabajo que realiza la SSPC no sólo contempla la seguridad, sino también se enfoca en temas importantes para la población, como la salud. Sin duda, la labor conjunta entre estas dos instituciones no sólo tiene que ser valorada, sino debe ser ejemplo a seguir.

La expectativa altísima, como pocas veces. El juicio contra Genaro García Luna arrancó junto con el 2023, la dosis de entretenimiento estaba asegurada y así fue. Sin embargo, con el inicio de la presentación de testigos, sucedió lo que suele no ocurrir cuando hablamos de la impartición de justicia en Estados Unidos: no aparecieron las pruebas tangibles de las acusaciones que se escucharon, se quedó todo en la palabra de alguien contra la de otro. 

Eso sí, por nombres y personajes no paramos. Estuvieron todos: Sergio Villarreal Barragán, El Grande, expolicía y exintegrante del Cártel de los Beltrán Leyva, afirmó que García Luna recibía un millón de dólares al mes como soborno; Tirso Martínez narró cómo operaba el tráfico de cocaína, aunque acotó que jamás tuvo contacto con el exfuncionario; Héctor Tolentino, capo dominicano con nexos con el Cártel de Sinaloa; Óscar Nava Valencia, iniciador del grupo que hoy da forma al Cártel Jalisco Nueva Generación, aseguró que pagó más de 10 millones de dólares al acusado para que éste le brindara protección; Raúl Arellano, expolicía federal que dio santo y seña de cómo se coordinaba el paso de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, e Israel Ávila, lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

También Harold Poveda, que subrayó no conocer al acusado; Francisco Cañedo, expolicía federal y quien sí acusó haber visto una reunión entre García Luna, Arturo Beltrán y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Héctor Javier Villarreal acusó una red de pagos durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, para el que fungió como secretario de Finanzas, y Anthony Wayne, exembajador de EUA en México, llamado por la defensa para alimentar el perfil político de su cliente.

Édgar Veytia, el exprocurador de Nayarit, quien con su testimonio encendió por momentos la trama, por primera vez se acusó una “orden” enviada de la Presidencia, entonces a cargo de Felipe Calderón, para “cuidar” al Cártel de Sinaloa; y Jesús Zambada, El Rey, el último en subir al estrado por llamado de los fiscales, y quien señaló pagos de millones de dólares al exfuncionario, incluso detalló dónde y cómo se habría dado una de esas entregas. Ayer, en la continuación de su testimonio, rechazó haber mencionado a López Obrador en una declaración hecha en 2013, respecto a pagos al entonces subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Gabriel Regino. Pero todo quedó en eso: en dichos.

Hoy se escucharán los alegatos finales, seguirá la deliberación. En este caso podemos decir que la justicia sí quedará en manos del pueblo: porque las doce personas que conforman el jurado deberán tomar una decisión unánime, nada de medias tintas, sobre las acusaciones vertidas contra Genaro García Luna, el exfuncionario de mayor nivel llevado ante autoridades estadounidenses. Así, sin fotos, sin videos, sin audios, sin pruebas tangibles, sólo testimonios y la capacidad de fiscales y defensa para contar su lado de la historia.