Aún hay tiempo
María Amparo Casar
A juicio de Amparo
Ya no queda duda de que al Presidente le causa un placer morboso provocar a los otros Poderes y órganos de autonomía constitucional. El número y calado de reformas y decretos de su autoría que han sido impugnados rebasa los de cualquier otro sexenio. Le da igual formular iniciativas de abierta o dudosa legalidad. Apuesta a que haya cuatro ministros que se alineen con él o a que la Corte posponga su discusión y, mientras, salirse con la suya.
A esto juega, otra vez, en el caso de las reformas electorales. Pero la Corte no es la misma.
El viernes pasado, a nombre de 84 organizaciones de la sociedad civil, Ricardo Becerra hizo una brillante y detallada exposición ante el senador Monreal y un grupo de legisladores de los peligros que entraña la reforma. A los representantes de las organizaciones les dijo que se quedaba con “una preocupación”, pero que ya “no hay nada que hacer” y que tendrá que ser la Corte la que decida.
Si está agotado, es por falta de responsabilidad de los legisladores morenistas que, sin escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de muchos juristas, de los consejeros del INE y de las organizaciones sociales, decidió no mover ni una coma a una reforma que por su naturaleza debió ser negociada y consensuada.
La regresión democrática que de ella se deriva será responsabilidad del Presidente, quien ideó la iniciativa, y de su mayoría morenista y aliados que la aprobaron. También serán responsables de unas elecciones que otorgan ventaja indebida a quien hoy está en el poder y de una posible crisis política en 2024.
Por el empecinamiento de quien está hoy en el poder y su afán de destruir instituciones que funcionan y que han probado de sobra su valía y eficacia para la estabilidad política del país, ahora estamos en manos de la Corte. Dependemos que ocho ministros decidan la inconstitucionalidad, total o parcial, de las leyes aprobadas. Ya fueron promulgadas dos de las seis leyes que se propusieron —Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas— y ya han sido objeto de seis recursos jurídicos. Se está a la espera de su resolución.
De publicarse el resto de las reformas electorales, recibirán más controversias y acciones de inconstitucionalidad, a las que se sumarán juicios electorales y cientos de amparos por afectación de nuestros derechos políticos. ¿Cuáles? El derecho a que se atiendan los principios constitucionales de certeza, imparcialidad e independencia en el proceso electoral y el derecho a que nuestro voto cuente y se cuente bien.
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Yuriria Sierra 
