Aún hay tiempo

Ya no queda duda de que al Presidente le causa un placer morboso provocar a los otros Poderes y órganos de autonomía constitucional. El número y calado de reformas y decretos de su autoría que han sido impugnados rebasa los de cualquier otro sexenio. Le da igual formular iniciativas de abierta o dudosa legalidad. Apuesta a que haya cuatro ministros que se alineen con él o a que la Corte posponga su discusión y, mientras, salirse con la suya.

A esto juega, otra vez, en el caso de las reformas electorales. Pero la Corte no es la misma.

El viernes pasado, a nombre de 84 organizaciones de la sociedad civil, Ricardo Becerra hizo una brillante y detallada exposición ante el senador Monreal y un grupo de legisladores de los peligros que entraña la reforma. A los representantes de las organizaciones les dijo que se quedaba con “una preocupación”, pero que ya “no hay nada que hacer” y que tendrá que ser la Corte la que decida. 

Si está agotado, es por falta de responsabilidad de los legisladores morenistas que, sin escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de muchos juristas, de los consejeros del INE y de las organizaciones sociales, decidió no mover ni una coma a una reforma que por su naturaleza debió ser negociada y consensuada.

La regresión democrática que de ella se deriva será responsabilidad del Presidente, quien ideó la iniciativa, y de su mayoría morenista y aliados que la aprobaron. También serán responsables de unas elecciones que otorgan ventaja indebida a quien hoy está en el poder y de una posible crisis política en 2024.

Por el empecinamiento de quien está hoy en el poder y su afán de destruir instituciones que funcionan y que han probado de sobra su valía y eficacia para la estabilidad política del país, ahora estamos en manos de la Corte. Dependemos que ocho ministros decidan la inconstitucionalidad, total o parcial, de las leyes aprobadas. Ya fueron promulgadas dos de las seis leyes que se propusieron —Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas— y ya han sido objeto de seis recursos jurídicos. Se está a la espera de su resolución.

De publicarse el resto de las reformas electorales, recibirán más controversias y acciones de inconstitucionalidad, a las que se sumarán juicios electorales y cientos de amparos por afectación de nuestros derechos políticos. ¿Cuáles? El derecho a que se atiendan los principios constitucionales de certeza, imparcialidad e independencia en el proceso electoral y el derecho a que nuestro voto cuente y se cuente bien.

 

 

 

 

 

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No hay certidumbre de cuándo serán aprobadas y promulgadas las reformas. Se pensó que esto ocurriría la primera semana del periodo de sesiones y no fue así. 

Tengo derecho a pensar mal. Mientras más se tarden en aprobar y promulgarlas, menos tiempo tendrán minorías legislativas, partidos, INE, OPLES y ciudadanos para interponer demandas por la vía jurídica y menos tiempos tendrá la Corte para resolver el destino de las reformas.

Con malicia, el Senado podría posponer su aprobación hasta el último día de abril que cierra el periodo de sesiones. Enviada la aprobación al Ejecutivo, éste tendrá 10 días naturales para promulgarla. Si se los toma, esto nos llevaría a alrededor del 10 de mayo. Si para ese día no estuviese publicada en el Diario Oficial, el presidente de la Cámara de origen podrá promulgarla. No considero el escenario del veto presidencial primero, porque es su iniciativa y, segundo, porque, aunque originalmente López Obrador dijo que de incluirse la llamada “cláusula de la vida eterna” para la sobrevivencia de sus aliados, la semana pasada corrigió y dijo que se lo guardaría para cosas mas relevantes (¿?).

Promulgadas las reformas, sobrevendrán los litigios ante la Corte y el Tribunal Electoral. Aun cuando exista la voluntad de la Corte por estudiar y definir de manera pronta y expedita la constitucionalidad de las reformas, no será tarea fácil. La extensión y complejidad de las reformas son mayores. Para darse una idea, según un magnífico estudio del Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, estamos hablando de la modificación de 262 e inclusión de 59 nuevos artículos y de la derogación de otros 66 de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto, además de la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación. Una tarea titánica.

De aprobarse los cambios, el proceso electoral comenzará el 1º de septiembre (en lugar del 1º de noviembre) en medio de la incertidumbre. Los tiempos se estrechan porque la ley electoral no puede cambiarse, sino hasta 90 días antes del inicio del periodo electoral.

Nos queda otra rendija: resulta debatible, pero dado que la Corte no estaría legislando, ésta podría declarar su inconstitucionalidad aún comenzado el periodo electoral. Quizá lo mejor sea una suspensión mientras los ministros puedan entrar al fondo de tan trascendente asunto para las y los ciudadanos.