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Historia y Cultura

Norma Piña defiende la independencia judicial ante López Obrador

 

En el 106 aniversario de la Constitución, la presidenta de la Suprema Corte señala que “ante las injusticias que generan inconformidad, descontento, enojo y violencia, la única solución es el fortalecimiento institucional”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México encabezó ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México encabezó ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.PRESIDENCIA
Pablo Ferri

El acto de conmemoración de la Constitución mexicana, que cumple ahora 106 años, ha servido para juntar este domingo a los poderes del Estado, pendientes unos de otros, siempre al amparo de las palabras del presidente del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Celebrado en Querétaro, a hora y media de Ciudad de México, representantes del Senado y la Cámara de Diputados, secretarios de Estado y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, han acompañado al mandatario. Piña ha aprovechado la ocasión para defender la independencia del poder judicial.

Los jueces son objetivo habitual de las críticas de López Obrador durante sus conferencias de prensa matutinas. El mandatario no ha tenido problemas en repetir estos años que no confía en los jueces, culpables parciales, a su entender, de las redes de corrupción que atenazan al país. Hace solo unos días, insistió en sus críticas, a raíz de las impugnaciones que ha hecho la oposición a la reforma electoral que ha empujado su Gobierno. López Obrador criticó que la mayoría de los jueces sirven al “viejo régimen” y que “los conservadores” influyen en las decisiones de la Suprema Corte.

Ante ese panorama, Piña ha dedicado su discurso de este domingo para defender el poder judicial, su trabajo e independencia. “La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectiva las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad”, ha dicho.

Piña ha añadido que “es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces” y que “nuestro actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función”. López Obrador, que ha hablado después de la ministra presidenta, ha evitado polemizar en esta ocasión.

El coordinador de comunicación de presidencia, Jesús Ramírez, ha criticado en su cuenta de Twitter que Piña no se haya levantado ante el presidente: “En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”. 

No es ningún secreto que el mandatario y Piña mantienen posiciones algo alejadas, comparadas al menos con la cercanía que el mandatario tenía con el antecesor de la presidenta en la SCJN, Arturo Zaldívar. Preguntado por ella hace unos días, dijo: “Hay comunicación porque, independiente de las diferencias que podemos tener sobre el comportamiento de los jueces, que vamos a seguir señalando, hay trabajo conjunto, porque está de por medio el interés general, el interés del pueblo”.

Humberto Moreira rechaza declaraciones de testigo en juicio a García Luna

Humberto Moreira Valdez, rechazó las declaraciones que realizó Héctor Javier Villarreal, durante el juicio de García Luna en EU

DAVID VICENTEÑO | CIUDAD DE MÉXICO | 06-02-2023T
 
 
Humberto Moreira

Humberto Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila /Cuartoscuro

 

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, rechazó las declaraciones que realizó Héctor Javier Villarreal, quien fue secretario de Finanzas en su administración, durante la audiencia de este lunes, en el juicio en contra de Genaro García Luna, en una Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

A través de una nota aclaratoria, quien fuera gobernador coahuilense entre 2005 y 2011, aseguró que tuvo diferencias con el expresidente Felipe Calderón y, por ende, con su principal colaborador, el titular de Seguridad Pública. 

“Por todos es conocida las discrepancias (sic) que mantuve con Felipe Calderón mientras ejercí como gobernador; junto al fallecido gobernador de Colima (Silverio Cavazos), fuimos los únicos responsables políticos que no firmamos el desplegado de gobernadores que reconocía su triunfo en la Presidencia de la República, por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el Sr. García Luna”, indicó en su texto, Moreira Valdez.

El exgobernador aseguró que únicamente en tres ocasiones tuvo contacto con el exsecretario de Seguridad federal, la primera al declinar una invitación para conocer el llamado “bunker” que se había construido en la sede de la dependencia.

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En la segunda, Moreira afirmó en su aclaración que, por una intervención de policías federales en una sede del PRI, a través de una llamada se insultó con García Luna.

 
 
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“La segunda, a través de Nextel, le recriminé una invasión por parte de funcionarios policiales, portando armas largas a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en actitud intimidante a los militantes que ahí se encontraban. En esa llamada se originó una álgida discusión, profiriéndonos graves insultos verbales. ¿Cómo sería posible, llegado este punto, que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole?”, detalló el funcionario.

La explicación se debe a que, durante la audiencia en contra del ex funcionario mexicano, en Nueva York, Villarreal aseguró que Moreira Valdez fue el intermediario y pagó a un periódico, para evitar el manejo de información en su contra.

Además, de que en un encuentro, García Luna le ofreció al entonces gobernador el sistema Pegasus, para labores de espionaje.

“Con base a lo anterior, jamás existió una relación con el Sr. García Luna, ni mantuvimos conversaciones alguna en relación a (sic) un sistema PEGASUS. Es del todo falso que intercediera entre él y el periódico, ni con algún otro medio informativo.

“Además resulta absurdo que un secretario del Gabinete, con la fuerza que gozaba García Luna, recurra a un gobernador para que sea intermediario ante un medio de comunicación, teniendo este mismo, por su alta jerarquía la posibilidad de dirigirse a todos los medios y además, la secretaría a su cargo contaba con su propio presupuesto para gastos en comunicación”, indicó Moreira.

El exgobernador de Coahuila basa las declaraciones de su ex colaborador, en un intento por obtener algún tipo de beneficio por parte de las autoridades de Estados Unidos.

“La declaración prestada por el Sr. Héctor Javier Villarreal tiene una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno y está motivada para obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta de privación de libertad de 20 años, una responsabilidad civil de 66 millones (de pesos) y eludir la acción de la justicia mexicana con la concesión de un asilo en los Estados Unidos de América en el proceso judicial que se lleva en su contra en San Antonio, Texas”, indicó.

De acuerdo con el texto, Villarreal enfrenta en México acusaciones por el cobro de comisiones por valor de 2.5 millones (de pesos), sustracción de servidor, falsificación de facturas, entre otros. 

“El Sr. Javier Villarreal ha cometido perjurio en una Corte. Lleva años burlándose de la (sic) autoridades estadounidenses.

“No he cometido acto ilícito alguno, ni se ha soportado, en diferentes jurisdicciones, investigación alguna sobre mí actuación mientras mantenía puesto de responsabilidad política”, concluyó en su nota Moreira Valdez.

En Edomex y Coahuila, focos rojos para Morena

 

Pascal Beltrán del RíoPascal Beltrán del Río                     
Bitácora del director
 
 En los comicios para gobernador de este año se pondrán a prueba dos premisas del oficialismo en materia electoral:

1) que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se puede transferir a quien resulte aspirante de Morena y 2) que las encuestas son el mejor método para definir a quien lo represente en la boleta.

Hace tres semanas que arrancaron las precampañas en suelo mexiquense y coahuilense, y los candidatos del morenismo —Delfina Gómez y Armando Guadiana, respectivamente— no terminan de carburar. “Esto es apenas la precampaña, imagínense lo que será la campaña”, dijo, la semana pasada, Gómez a modo de justificación por la pobre asistencia a uno de sus actos de proselitismo. Es cierto, las encuestas publicadas la tienen en ventaja sobre su contrincante, la priista Alejandra del Moral, pero la distancia se ha ido cerrando. De 13 puntos de diferencia que tenía inicialmente, ahora le quedan ocho, según una de ellas. Y aún faltan cuatro meses para que se lleve a cabo la elección.

Más allá de los problemas internos que se reflejan en el desarrollo de la precampaña, Gómez sigue batallando con el recuerdo del diezmo que se rasuró a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal. De acuerdo con el Tribunal Electoral, al menos 2.26 millones de pesos —de 10.8 millones retenidos en total—fueron a parar a una organización política afiliada a Morena. Por si fuera poco, ahora su gestión de año y medio en la Secretaría de Educación Pública, que no dejó nada digno de recordar, ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por inconsistencias en el manejo de subsidios federales por un monto de 830 millones de pesos, que si bien no constituye por el momento un desfalco, sí obligarán a la SEP y a su extitular a justificar el faltante.

 

El presidente López Obrador debió salir en su defensa, alegando que la honestidad de Delfina Gómez no está en duda y que ella sigue viviendo en la misma casa de siempre, como si ese dato pudiera terminar con la discusión. Pero lo que está por verse en el Edomex es si Gómez puede salir adelante sola o requerirá todo el tiempo que su jefe político la apuntale con sus declaraciones. Y si esto sucede, se tendrá que ver si ambos logran salir adelante en la elección.

El peligro para López Obrador es que su propia popularidad no alcance para hacer triunfar a su candidata. Si no fuera suficiente, una derrota podría interpretarse como un rechazo del electorado mexiquense al mandatario, un dato ominoso para el oficialismo ante la elección presidencial de 2024, y que obligaría al Presidente a reconsiderar que lo único que necesitan los ciudadanos es que él les indique por quién votar. En Coahuila tampoco camina la precampaña de Armando Guadiana y es alto el riesgo de una derrota —como ya ha admitido el propio presidente de Morena, Mario Delgado— a causa de la división del oficialismo respecto de la encuesta que se aplicó para definir a su candidato a gobernador, un método de designación que ha sido defendido a capa y espada por López Obrador. Inconforme con el resultado, Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad federal, aceptó la candidatura del Partido del Trabajo y se ha lanzado contra Guadiana, lo que parece casi asegurar el triunfo del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez.

Tal vez entre las llamadas corcholatas se esté tomando nota de que no vale la pena romper con el partido en caso de no ganar la encuesta, pero la posibilidad de que a la hora buena no impere la disciplina interna y que López Obrador nada pueda hacer al respecto, es real. Ya entre los cuatro aspirantes presidenciales del oficialismo están surgiendo diferencias respecto de quién debe aplicar la encuesta y el tipo de preguntas que deben realizarse, cuando sólo faltan cinco meses para que se publique la convocatoria.

Las elecciones en Estado de México y Coahuila quizá no sean claves en sí mismas para vislumbrar el resultado de los comicios presidenciales, pero sí pueden obligar al oficialismo a revisar sus estrategias para enfrentar el 2024.

Industria aérea, entre decretazos y amenazas

6 FEB, 2023

La nueva aerolíneas de Sedena competirá en condiciones preferenciales; será una asignación

Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates

 

MARICARMEN CORTÉS

 

 

El panorama para la industria aérea nacional es en verdad complicado, tanto para las comerciales como para las cargueras que tienen un plazo de 108 días para salirse del AICM; y para las charteras, que seguramente correrán la misma suerte.

Enfrentan los decretazos sin ser escuchadas, como las cargueras, que pedían un plazo de 6 meses para cambiarse al AIFA; las presiones para que usen más al AIFA, a pesar de que sólo rutas como Cancún son rentables, y pérdida de mercado en vuelos a Estados Unidos desde mayo de 2021, cuando la FAA nos puso en categoría aérea 2.

Está, además, la iniciativa de cambios a las Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, que pretende autorizar el cabotaje a las aerolíneas extranjeras y la autorización de la nueva aerolíneas de Sedena, que competirá en condiciones preferenciales porque al parecer no será una concesión, sino una asignación, operará con opacidad y seguramente estará subsidiada. Por si fuera poco, el Presidente se quejó de los elevados precios de los boletos y amenazó a las aerolíneas con aprobar el cabotaje para presionarlas a bajar sus tarifas.

El absurdo es que se pretenda que bajen sus tarifas e inviertan en nuevas rutas regionales en medio de decretazos, amenazas y sin piso parejo para competir frente a las extranjeras y a Sedena Airlines.

 

  • AEROMAR RECIBIÓ YA ULTIMÁTUM

En la reunión con directivos de la AFAC, Seneam, ASA, AICM, SICT y STPS, se acordó enviar el viernes al representante legal de Aeromar un ultimátum para que pague sus adeudos por más de 200 mdd a más tardar el 15 de febrero y notificándole que, con base en el artículo 55 de la Ley de Aeropuertos se cancelarán los servicios relativos al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas y ayudas visuales a partir del primer minuto del 16 de febrero. 

En el caso del AICM se procederá, además, con denuncias penales, porque gran parte del adeudo de 522 millones de pesos corresponde a la Tarifa de Uso de Aeropuerto, TUA, que Aeromar cobró a sus pasajeros y no entregó al AICM.

 

  • BURÓ, PREOCUPA ROBO DE DATOS

El Premio Limón Agrio es para el director general del Buró de Crédito, Mauricio Gamboa, por su actitud de avestruz después que la empresa informó un robo de su base de datos de 2016, que detectó hasta que comenzaron a venderse datos en redes sociales.

Negó un hackeo y aseguró que “gran parte de esta información” de hace 7 años ya había sido eliminada, pero no ha explicado ni cómo sucedió el robo, ni que debemos entender por “gran parte de la información” que sí contiene datos personales y crediticios de usuarios que muy probablemente sigan viviendo en la misma dirección y cuyos datos no han sido eliminados.

 

  • FINAMEX, VALUE Y PUNTO: PREMIADAS

El Premio Naranja Dulce es para las tres casas de bolsa que recibieron el premio a Lo mejor de la Operación 2022 de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez.

Finamex obtuvo el primer lugar por el mayor importe operado con 1 billón 143 mdp; Value obtuvo el premio por el mayor crecimiento en importe operado, con 890,476 mdp, que representó un crecimiento de 435,623 mdp, y Casa de Bolsa Punto, el primer lugar en crecimiento porcentual en importe operado de 95.78% aunque con un importe muy bajo de 51,214 mdp.

 

 

 

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En riesgo pago por seguro del Metro

Adrián RuedaAdrián Rueda                       

Capital político

 
Un reciente texto del periodista Raymundo Riva Palacio pone en la palestra del tema del Metro un asunto extra: si los últimos incidentes atípicos fueron por “sabotaje”, ¿quién pagará los millonarios daños al STC?

Y es que la jefa de Gobierno ha venido diciendo que estos incidentes son parte de una campaña en la que participan trabajadores sindicalizados y partidos políticos para desprestigiarla rumbo a las elecciones de 2024.

Después de acusar, primero al Sindicato, en la última semana cambió su discurso y aseguró que se trata de acciones del crimen organizado, que se dedica a robar el cableado de cobre del sistema, de alto valor en el mercado negro. 

La cosa es que si fue por “sabotaje” la tragedia de la Línea 3 del Metro, donde una joven de 18 años falleció y decenas de usuarios resultaron heridos, ¿entonces por qué corrieron al subdirector de Operaciones y por qué están culpando al conductor del tren siniestrado?

El intento de crear una narrativa de que el principal sistema de transporte de la CDMX está siendo atacado por manos terroristas deja preocupados a todos los usuarios, pues quiere decir que no hay garantía de que lleguen bien a sus respectivos destinos.

Y, en este contexto, el apunte de Riva Palacio alerta que las cláusulas del millonario seguro contra accidentes contratado por el Metro cubre muchísimas cosas, menos dos fundamentales: no incluye sabotaje ni terrorismo como causales de demanda.

Si el gobierno capitalino ya interpuso denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos actos de sabotaje y robo de cableado por parte de bandas criminales, como probables causantes de los “incidentes atípicos”, ¿cómo exigirá la cobertura de daños?

 

 
 
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Con su discurso, el gobierno busca librar su responsabilidad política, pero, al mismo tiempo, le da la salida a la aseguradora —que, según el periodista, recibió una prima de 504 millones de pesos— para que no pague nada.

O sea, si la propia autoridad denuncia que el alcance entre trenes ocurrido entre las estaciones Potrero-La Raza el 7 de enero pasado se debió a sabotaje, no tiene derecho a reclamar los 800 millones de pesos que el seguro cubre por colisión y descarrilamiento, por ejemplo.

Tampoco a reclamar los dos millones de pesos por la joven fallecida ni el millón de pesos por persona en gastos médicos. Si no fue falla del Metro, la aseguradora no está obligada a pagar un solo centavo… Lo harán los contribuyentes.

Y lo dicho, si no fue culpa del Metro, entonces porque al día siguiente de la tragedia cesaron a Alberto García Lucio como subdirector de Operaciones y, posteriormente, demandaron por homicidio culposo al conductor del tren.

 

CENTAVITOS

Y en más temas judiciales, no se entiende que al desaparecido Rafael Gómez Cruz lo separaran de la Seduvi apenas fue demandado por abuso sexual. Que a Renato Molina lo corrieran de la Dirección de Regularización Territorial por una demanda similar, pero que el consejero jurídico de la CDMX, Néstor Vargas Solano, siga tan campante tras la denuncia penal CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01880/11-2022, interpuesta en su contra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Ernestina Godoy, “la mejor fiscal de México”, tendrá que explicar a las mujeres que constantemente se manifiestan por las agresiones de que son objeto y, en este caso, por parte de altos funcionarios de un gobierno de la 4T, que no puede tratar a todos por igual, pues hasta entre los morenos hay razas.

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