Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Después de reconocer y celebrar –como debe ser– el rescate, ayer, de dos de los cuatro estadunidenses levantados en Matamoros el viernes pasado, y condenar –como es obligado– que los otros dos miembros del grupo hayan sido asesinados, debemos abordar dos gravísimos problemas de seguridad pública que tenemos en casa:
El primero, los grupos criminales siguen actuando con absoluta impunidad, indiferentes a las acciones de las autoridades, dueños y señores de ciudades y hasta de regiones completas.
El segundo, los ciudadanos están indefensos contra esos grupos, pues no hay corporación de seguridad que prevenga que sean víctimas de delitos como robo, extorsión, secuestro y homicidio, o que investigue exhaustivamente cuando sucede.
De cara a esta durísima realidad, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente reconoció ayer que él ya no se le ocurre nada. “Porque nosotros no deseamos eso, ¿no?, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad y vamos a continuar trabajando”, dijo. Es decir, no podemos esperar sino más de lo mismo: reuniones madrugadoras del gabinete de seguridad.
¿Qué sentirán los familiares de los desaparecidos que el caso de los estadunidenses se haya resuelto tan rápido? Especialmente aquellos que llevan meses o años buscando a sus seres queridos, sin ayuda de la autoridad y sometidos a acciones de intimidación y venganza por parte de los criminales.
¿Qué pensarán quienes tienen que esperar varios días para que la policía se digne a tomar nota de una desaparición, después de sugerir que la víctima se ausentó de casa de forma voluntaria y que mejor esperen a que se le antoje regresar?
El mensaje que se envía es que sí pueden investigarse crímenes tan graves como el ocurrido en Matamoros y arrojar resultados de manera rápida, pero que el problema –tratándose de ciudadanos mexicanos– es que no quiere hacerse.
Ahí, en la misma ciudad fronteriza, hay un predio que sirvió para que los cárteles realizaran sus carnicerías y desaparecieran los restos de sus víctimas. Se llama La Bartolina y no está lejos del lugar donde, según las autoridades, los criminales se llevaron a los estadunidenses para ocultarlos.
En ese predio –dicen integrantes de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, quienes han recibido muchas amenazas– podrían estar los restos de hasta dos mil personas. Pese a que en junio de 2021 la titular de Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, reconoció la existencia de ese centro de exterminio y la presencia de gran cantidad de restos, solamente se han identificado los cuerpos de dos migrantes deportados.
Ayer, en un comunicado dirigido al presidente López Obrador, el Colectivo celebró que se hubiese resuelto el caso de los estadunidenses secuestrados, al tiempo que transmitió su “total indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza”, por “la inacción de las autoridades cuando las familias mexicanas sufren la desaparición de un familiar”.
Los estadunidenses, agrega el comunicado, “fueron encontrados gracias a que Estados Unidos sí protege y busca incansablemente” a sus ciudadanos. “Esperamos que esto sea un ejemplo para usted y los tres ámbitos de gobierno, de cómo se debe buscar a personas secuestradas y/o desaparecidas”.
La organización recordó que la Red Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a la fecha el registro de más de 112 mil personas ausentes, y que, pese a ello, la titular de la CNB rara vez está en su oficina, donde “sólo trabajan presencialmente tres personas”.
Ayer, autoridades tamaulipecas dijeron que la principal línea de investigación sobre el secuestro de los estadunidenses fue la confusión, pero después de ver el video en el que los sicarios cargan tranquilamente los cuerpos de sus víctimas para lanzarlos a la batea de una camioneta, a plena luz del día, en uno de los sitios más concurridos de Matamoros, queda claro que la mejor explicación de lo sucedido es la terrible impunidad que nos asuela.
