Si bien la Guardia Nacional seguirá bajo el mando del Ejército mexicano hasta enero del próximo año, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras determinar la inconstitucionalidad de su pase a la Sedena, la corporación sigue sin tener un rumbo definido. 

La situación se agrava cuando el presidente López Obrador, fiel a su estilo, no se resigna a la decisión de los ministros y advierte que antes de terminar su mandato presentará una nueva iniciativa al Congreso, en septiembre de 2024, cuando éste se renueve y del que asegura, su partido obtendrá la mayoría calificada, para que entonces sí, hacer legal la incorporación de la GN al Ejército. 

Pero nada asegura que Morena repetirá en el poder y el empecinamiento presidencial meterá innecesariamente a la GN y al Ejército a una polémica que podría resultar costosa, sobre todo, cuando las dos instituciones serán utilizadas como bandera electoral de los candidatos oficialistas y carne de cañón por parte de los opositores.

Hoy, tanto el Ejército como la GN gozan de un alto porcentaje de confianza de la ciudadanía, y eso de meterlas al proceso electoral de 2024 no parece ser buena idea. 

Y por si eso no bastara, entre los más de 120 mil elementos hay preocupación e incertidumbre. Ante un futuro incierto surgen decenas de especulaciones y desinformación en ellos: ¿Quiénes serán dados de baja, los que provienen de las Fuerzas Armadas o los civiles? ¿Quién impartirá el adiestramiento? ¿Quién pagará las nóminas y las compensaciones? ¿Qué institución se hará responsable de los ascensos?

Entre la tropa la única verdad es que, desde su creación, la GN no ha podido consolidarse y aún se desconoce su verdadero objetivo, si fue creada para enfrentar a la creciente delincuencia organizada o para contener los flujos migratorios en ambas fronteras del país, incluso sólo para vigilar las instalaciones del Metro.  

Y, aunque el Presidente ha tratado de calmar las aguas y ha girado la orden para mantener al frente al general en retiro, David Córdova, y no afectar las tareas de la corporación, ésta tiene un serio problema en puerta. 

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sabe de ese gran problema. Recorrerá una a una las instalaciones y cuarteles para informar a los más de 120 mil elementos que se mantendrán salarios, prestaciones y ascensos, tanto para los civiles como para los integrantes de las Fuerzas Armadas, además de que continuarán recibiendo orientación, formación profesional y respaldo del Ejército hasta en tanto no cumpla el plazo o se defina su futuro. 

Bien harían Rosa Icela y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hablar con la verdad y desvelar el futuro real de la corporación. De no hacerlo, la que pagará los platos rotos será de nueva cuenta la población, la misma que enfrenta situaciones de violencia como nunca antes. Ningún estado de la República se salva de ella, la cifra de homicidios dolosos, registrados en todo el país, rebasa los 150 mil 700. 

* La cooperación México-EU en materia de combate al narcotráfico está más que firme, o al menos eso se quiere dar a entender. No obstante que el presidente López Obrador reclamó duramente al gobierno de Biden por su “intromisión” y “espionaje”, al infiltrar la DEA al Cártel del Pacífico, el embajador Ken Salazar aseguró que no hay ningún tipo de desacuerdos.

DE IMAGINARIA

* Como lo señalé, la Sedena realiza trabajos de inteligencia en contra del crimen organizado, lo cual está legalmente permitido por la ley, sin embargo, la SCJN limitó esta tarea al prohibir el uso del software Pegasus. El Ejército mexicano atiende áreas de seguridad nacional y no contar con estos servicios es un mal mensaje.

* El hackeo al Ejército por el autodenominado grupo Guacamaya fue consecuencia de lo obsoleto de sus equipos. No es exagerado que la Defensa solicite recursos para reforzar la protección de información sensible y modernizar sus sistemas de seguridad.