Pascal Beltrán del Río
“Cuando apenas estábamos procesando el hecho de que están dejando al Inai inoperante, ahora salen con que quieren desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”, me dijo ayer Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, organización que el sexenio pasado jugó un papel fundamental en la construcción de los controles para la gestión de los servidores públicos, los mismos que hoy están en riesgo de desmoronarse.
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para integrar, fusionar o extinguir 18 órganos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas. Entre los entes que están tocados de muerte está la mencionada Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
Esta última fue creada como parte del paquete de reformas constitucionales y legales impulsadas por organizaciones de la sociedad civil a partir de 2014 —en buena medida a contrapelo de los partidos políticos—, luego de los escándalos de corrupción que se destaparon en el entorno del presidente Enrique Peña Nieto, como el de la llamada Casa Blanca.
Uno de los momentos más importantes de dicho proceso legislativo fue la aprobación del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción, el 26 de febrero de 2015, y que pasó por 409 votos a favor y 24 en contra.
Entre quienes dieron su aprobación al mencionado decreto estuvieron 68 diputados del Partido de la Revolución Democrática. De ellos, 19 son hoy militantes de Morena. Los actuales diputados federales Aleida Alavez, Julio César Moreno, Rosendo Medina y Carol Antonio, así como la senadora Malú Mícher, forman parte de ese grupo y, en función de la iniciativa de López Obrador, ahora tendrán que decidir si deshacen lo que hicieron en 2015 o son congruentes con su voto de entonces.
En el caso de la SESNA, la iniciativa presidencial prevé que el presupuesto y personal del organismo se transfieran a la Secretaría de la Función Pública (SFP). En la exposición de motivos, se alega que existe una duplicidad de funciones y que la SFP cuenta con personal, infraestructura e información que puede servir al cumplimiento de los objetivos de la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, Eduardo Bohóquez me dijo en entrevista para Imagen Radio que la SESNA, a diferencia de la SFP, no forma parte del Poder Ejecutivo y que no habrá manera de obligar a los órganos internos de control de instituciones autónomas, ayuntamientos y gobiernos estatales —cuyos servidores públicos entregan sus declaraciones patrimoniales y de intereses al SESNA— a enviar ahora la información a la SFP, especialmente si se corre el riesgo de que ésta sea usada de manera facciosa para alimentar la guerra política entre partidos.
“La SESNA es una plataforma neutral, no así la Secretaría de la Función Pública”, me dijo.
—¿Qué va a pasar con la información que actualmente tiene en su poder la SESNA?
—Eso es algo que hay que ver. La iniciativa no explica qué va a pasar con 1.2 millones de declaraciones patrimoniales y de intereses que obran actualmente en poder del SESNA, que es un organismo que le cuesta muy poco al erario, porque incluso trabaja en oficinas prestadas, y le da un servicio muy importante a la ciudadanía en materia de transparencia.
Pues sí, no parece casual que en cosa de una semana se den tres hechos: la paralización del Inai, la propuesta de desaparecer el SESNA y el anuncio de que se dejará de difundir información sobre las Fuerzas Armadas. La música de fondo es un réquiem por los avances que había logrado la ciudadanía en la lucha anticorrupción.
BUSCAPIÉS
“¿Cuál es el problema?”, expresó López Obrador cuando se le preguntó ayer por los viajes turísticos con cargo al erario que, de acuerdo con documentos hackeados a la Sedena, ha efectuado el general secretario, acompañado de su familia.
