El Insabi como paradigma
Rafael Álvarez Cordero
Viejo, mi querido viejo
Historia y Cultura
La semana previa al covid-19
Jorge Fernández Menéndez
Razones
La enfermedad que se detonó el domingo pasado, con un diagnóstico de covid-19 y sin muchos más datos, salvo que el Presidente se está recuperando en Palacio Nacional, fue el corolario a la semana más compleja y con mayor cantidad de enfrentamientos y contratiempos que ha tenido la actual administración.
Las mañaneras de las dos semanas pasadas fueron las más virulentas de un Presidente evidentemente molesto, enojado, en ocasiones haciendo afirmaciones muy difíciles de sustentar. Desde tiempo atrás el presidente López Obrador decidió que la polarización era el camino hacia 2024, y eso lo ha aplicado estrictamente en el ámbito nacional. Lo singular es que ahora lo haya extendido también en lo externo.
En este sentido, llama la atención, particularmente, la confrontación con Estados Unidos. En los días previos a la enfermedad, el Presidente se peleó con el departamento de Estado, al que calificó de un “departamentito injerencista”, descalificó a la DEA y a otras agencias de seguridad porque infiltraron al cártel de Los Chapitos y lanzaron una ofensiva contra ellos, habló de una “injerencia grosera” y de que “no se podía tener confianza” en la agencia antidrogas por su tratos con el narcotráfico. Y luego acusó, sin prueba alguna, que el Pentágono, o sea el departamento de la Defensa de los Estados Unidos, hace espionaje en México contra el Ejército y la Marina. En el camino entre mezcló el robo de documentación por el grupo denominado Guacamayas (que en sentido estricto no sabemos quiénes son), con el robo de documentación de las agencias estadunidenses detectado en esos mismos días.
Pero el viernes pasado, en Veracruz, dos días antes de caer enfermo, fue incluso más allá: en un largo discurso con motivo de la defensa del puerto de Veracruz en 1914, el Presidente invocó la posibilidad de una intervención extranjera y dijo que “México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México, sólo los marinos y los soldados vamos a defender a México todos los mexicanos”. Está bien, pero, en realidad, nadie se está planteando seriamente la posibilidad de una invasión militar de México. Incluso los republicanos más lunáticos, como Trump, hablan de atacar a los cárteles, no de invadir México. La declaración lo que demostró es una escalada en el discurso anti Estados Unidos que exhibe lo dañadas que están las relaciones, por lo menos en lo que respecta a Palacio Nacional.
Algo poco sensato cuando hablamos de la primera potencia mundial, de nuestro principalísimo socio comercial con un intercambio de unos 700 mil millones de dólares al año, donde residen millones de paisanos que envían unos 60 mil millones en remesas y con quienes somos, debemos ser, socios estratégicos, lo que se dificulta evidentemente cuando en unos pocos días descalificamos al departamento de Estado, a las agencias de seguridad y a sus Fuerzas Armadas y las acusamos de querer intervenir y espiar a México. Sobre todo cuando el tema estalla por la infiltración en un cártel criminal transnacional.
Una señal de que las cosas no han mejorado es que la nueva caravana migrante, llamada viacrucis migrante, a diferencia de otras está teniendo todas las facilidades para transitar por territorio mexicano rumbo a la frontera. Se podrá argumentar, con razón, que luego de lo sucedido en Ciudad Juárez, con la muerte de 40 migrantes ello es una exigencia política, pero también podría ser una forma de presionar a la Casa Blanca con la llegada de más migrantes en las caravanas que tanto le gusta exhibir a los medios más conservadores de la Unión Americana. Sobre todo, en los días previos a la desaparición del llamado Título 42 que permitía, desde que fue aprobado por Trump, expulsar de forma expedita a migrantes e impedirles el acceso en la frontera. La Casa Blanca acabará con esa norma, pero no podrá tener una política radicalmente diferente a la seguida desde que entró en vigor. Y la llegada de más migrantes aumenta la presión de los sectores más conservadores.
El otro gran enemigo de la semana pasada, además de los medios, objeto presidencial todos los días en la mañanera, ha sido la Suprema Corte. En realidad es un objetivo constante desde que en enero fue elegida la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte. Pero la decisión del pleno de declarar inconstitucional la ley que incorporaba a la Guardia Nacional a la Sedena llevó esa confrontación al límite.
Si la semana pasada el presidente López Obrador les había ordenado a los miembros de su gabinete que ni les contestaran el teléfono a los ministros de la Corte, esta semana un grupo de Morena inició un plantón frente a la sede de la Corte y quiere juntar firmas para destituir a Norma Piña. Paradójicamente, lo único que han logrado es unificar fuerzas en torno a la ministra dentro y fuera de la Corte, y que se estableciera una sólida mayoría en el pleno como se demostró con la decisión de declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa.
Y el domingo llegó el covid-19.
La salud del Presidente
Leo Zuckermann Juegos de poder
Ante todo, al Presidente le deseo una pronta y completa recuperación en su tercer contagio de covid-19. Yo tengo serias diferencias ideológicas con López Obrador. A lo largo de su carrera, creo que ha cometido errores significativos que he criticado en su momento. Él, por su parte, en lugar de responderme con argumentos, me ha ofendido en algunas de sus conferencias mañaneras. No obstante los insultos y las diferencias, lo respeto como ser humano y Presidente de México. Por tanto, siempre le desearé la mejor de las condiciones físicas y mentales a su persona. Ojalá se reintegre pronto a la vida pública del país.
La salud de un individuo común y corriente pertenece no al ámbito de lo privado, sino de lo íntimo. Las condiciones físicas y mentales de una persona es de la información más reservadas que puede haber. Cuando alguien se enferma, tiene todo el derecho de no decirle nada a nadie. Incluso puede mantenerlo en secreto de sus familiares más cercanos, si así lo desea. Cada quien, de acuerdo a sus convicciones, que decida hasta qué punto hace públicas sus enfermedades.
Pero los presidentes o primeros ministros de un país no son gente común y corriente. Tienen una función muy importante que cumplir. Ergo, la ciudadanía tiene el derecho de saber si están impedidos de realizar ciertas labores físicas o tomar decisiones racionales a causa de algún tipo de enfermedad.
En los países autoritarios esto no suele ser un problema. Los gobiernos son opacos y los problemas de salud del jefe del Estado o del gobierno se mantienen en secreto.
Así sucedía en el México del autoritarismo priista.
Hoy sabemos, por ejemplo, que el presidente López Mateos sufría migrañas paralizantes que le impedían ejercer su cargo a cabalidad. Un par de subordinados se encargaban de despachar los asuntos urgentes cuando el Presidente se encontraba incapacitado por los dolores de cabeza. Pero eso se supo después de terminar su periodo presidencial.
El asunto de la salud de los jefes de Estado o de gobierno es más delicado en las democracias liberales. En estos regímenes existen leyes de transparencia y siempre se está litigando hasta dónde deben revelarse o no las enfermedades del gobernante.
Por un lado, como dije antes, la ciudadanía tiene el derecho de conocer si un presidente o primer ministro está impedido física o mentalmente de ejercer sus funciones. Pero, por otro lado, debe mantenerse la calma y prudencia con el fin de evitar afectaciones serias a la política y economía del país.
Se dice fácil. No lo es.
Hasta hace muy poco tiempo, los presidentes en Estados Unidos escondían todo lo relacionado con su salud. Fue hasta 1967 que en este país se enmendó la Constitución para inhabilitar temporalmente al presidente por enfermedad y el vicepresidente se encargara del Poder Ejecutivo en ese periodo.
Por ejemplo, en caso de una cirugía. Sin embargo, cuando a Ronald Reagan lo trataron de asesinar en 1981 y estuvo inconsciente varias horas en la sala de operación, su gabinete no quiso invocar esta provisión constitucional. Reagan, en cambio, sí pidió él mismo que se le transfiriera el poder a su vicepresidente cuando tuvo otra cirugía de cáncer de colon en 1985. Lo mismo ocurrió con Bush hijo por un par de colonoscopias y más reciente con Biden por la misma razón.
Hablando de Reagan, por cierto, nunca se hizo público el Alzheimer que ya tenía al final de su Presidencia.
Aquí en México, con la llegada de la democracia en 2000, el tema de la salud de los presidentes se ha hecho más público. En su momento se informó sobre la operación que le hicieron a Fox por un disco herniado en la columna vertebral. De Calderón supimos que se fracturó el hombro izquierdo andando en bicicleta y de Peña que le retiraron un nódulo tiroideo, que resultó benigno, y la extracción de su vesícula biliar.
Sobre AMLO sabemos que padece de gota, hipotiroidismo, hipertensión y problemas cardiacos. Esa información nos las ha compartido el mandatario. Gracias al hackeo de Guacamaya Leaks, también nos enteramos de que el año pasado tuvo un riesgo de infarto por lo que fue al hospital y le realizaron un cateterismo. El Presidente admitió que, efectivamente, sucedió este incidente que se mantuvo secreto.
AMLO también ha informado sobre los tres contagios que ha tenido de covid-19, incluyendo este último que, como en ocasiones anteriores, ha desatado todo tipo de rumores.
Yo espero que el Presidente se reponga rápido y por completo. Y se cuide porque su salud no es sólo un tema que a él le compete, sino a toda la República por la importancia política de su cargo.
Twitter: @leozuckermann
Doble golpe a la transparencia
Francisco Garfias Arsenal
Bastaría que el Presidente apareciera en un video para acabar con las especulaciones sobre su estado de salud. Por algún poderoso motivo no hay una imagen que corrobore que López Obrador goza de cabal salud, como aseveran en su círculo más cercano.
El anuncio de que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Alimentaria de América Latina se recorrió del 6 y 7 de mayo al mes de junio no hizo más que abrir la puerta a más rumores. La postura oficial es que en “dos o tres días” volverá a sus labores.
Ya salió su esposa, Beatriz Gutiérrez, a dar fe de que el Presidente está bien. “Todo lo demás que se haya dicho sobre el covid que tiene, ya queda en la inventiva de muchos, que a lo mejor no tienen mucho que hacer”, criticó.
De acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el cuadro clínico de las afecciones es leve y su corazón late con normalidad.
Pero la duda sigue y la especulación crece.
* Los senadores acordaron cerrar el periodo ordinario de sesiones el jueves 27 de abril. Quizá sesionen hasta la madrugada del viernes.
Salvo un milagro de última hora, los senadores se van sin elegir a los tres comisionados que le faltan al Inai. Lo dejan sin quórum para sesionar y tomar decisiones por tiempo indefinido. Otro golpe a la transparencia.
La 4T tiene manos libres para hacer con los recursos públicos lo que se le dé la gana, sin rendir cuentas. El ciudadano se queda sin la herramienta maestra para saber en qué utilizan sus impuestos.
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, literalmente disculpó la falta de acuerdos en los senadores, que él mismo propició. “Nadie está obligado a lo imposible”, afirmó en la mañanera de ayer. ¿Se le olvidó que hace dos semanas planteó a la bancada de Morena un impasse (callejón sin salida en francés) al tema de la elección de los comisionados que faltan? Es pregunta.
Sobre el Inai hablamos con la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Nos dijo: “Lamentablemente las decisiones del Ejecutivo federal impactan y lastiman a los mexicanos. En este momento el mayor impacto que se vive es la falta de transparencia”.
La 4T tiene sus cómplices en la Suprema Corte de Justicia. La ministra Loretta Ortiz negó al instituto la posibilidad de sesionar con los cuatro comisionados que siguen en funciones. Otro senador del PAN, Damián Zepeda, en una intervención en la tribuna de la Cámara alta, calificó de “vergonzosa” la decisión de la ministra Ortiz. “Le hace el trabajo sucio al gobierno e impide que el Inai sesione y garantice transparencia a los mexicanos… Sólo a quienes cometen corruptelas les conviene que no haya transparencia”, puntualizó.
* El senador naranja Juan Zepeda es claro: ni se une a la campaña de Alejandra del Moral en el Estado de México, ni deja el MC para regresar al PRD. “He escuchado esas versiones. Son falsas. Yo me quedo en Movimiento Ciudadano y me sostengo en la decisión de hacernos a un lado. Eso significa que no vamos a apoyar, ni a una ni a la otra. Sólo a desearles suerte a ambas”, nos dijo.
Añadió: “estamos construyendo los nuevos proyectos para el 2024 en lo federal, en lo estatal, en lo municipal. El Estado de México es muy grande y venimos consolidando este trabajo de manera constante. Estamos concentrados en los tiempos por venir”.
* El senador Miguel Osorio, cabeza de la disidencia en el PRI, lamentó que el proyecto sobre la permanencia de Alito Moreno en la presidencia del PRI hasta 2024 haya recaído en el magistrado José Luis Vargas. Nos dijo: “es un magistrado muy cuestionado. Y si me preguntas si tiene algo que ver al respecto de que las dirigencias (de Morena y el PRI) se queden, yo creo que son cosas diferentes. Lo que planteó Morena es una cosa y lo que sucede con el PRI es otra. Lo del PRI es permitir a una dirigencia que modifique los estatutos para sí, y con ello se pueda prolongar su mandato.
“Es traicionar a la militancia y, por supuesto, a un hombre como él no le interesa absolutamente en nada esa militancia. A él le interesan otras cuestiones”, subrayó.
–¿Hubo mano negra? —preguntamos.
–De entrada, el saque, es la mano de él, muy cuestionada política y socialmente por los grupos que conformamos los partidos políticos. Yo espero que los otros magistrados no lo sigan en esta propuesta —respondió.
Para Osorio, hay dos puntos fundamentales en el tema de Alito: irregularidad para convocar a la sesión y decir que van a armonizar la ley cuando no hay esa ley. “Hacen la asamblea en diciembre, y en febrero es cuando se aprueba la ley. Y, lo más importante: que sea una modificación hecha para sí. No se pueden hacer modificaciones a favor de uno mismo”, remató.
Presidente sustituto
Pascal Beltrán del Río Bitácora del director
Hace más de 90 años que México no ha tenido un Ejecutivo que no haya obtenido el cargo en las urnas. La última vez que sucedió eso fue en septiembre de 1932, cuando Pascual Ortiz Rubio renunció a la Presidencia y fue sustituido por Abelardo L. Rodríguez, designado por el Congreso de la Unión.
Eso convierte a México en una excepción entre los países del continente con sistema presidencialista, pues, en ese mismo lapso, varios han vivido situaciones en las que —por muerte, renuncia o destitución de su mandatario en turno— han tenido la experiencia de un interinato en el Ejecutivo.
El caso extremo de esa excepcionalidad es Perú, que ha tenido seis presidentes en los últimos seis años, pero también la han experimentado otras naciones latinoamericanas como Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. En el caso de México, los interinatos no son recordados, en general, como periodos venturosos. Baste decir que México sólo pudo mantener ocasionalmente la estabilidad en el mando durante sus primeros 50 años de vida republicana, periodo durante el cual se sucedieron mandatarios que arribaron al poder sin elección de por medio, producto de vacancias, asonadas o guerras civiles.
No había cumplido un quinquenio de existir esta República cuando una disputa entre dos facciones masónicas produjo un rosario de interinatos. Años más tarde, el santanismo dio lugar al uso abusivo de la vicepresidencia. Después de la invasión estadunidense, el cargo quedó tan desprestigiado que hubo que convencer a más de uno para que lo ocupara y, luego, a falta de valientes, traer del exilio al innombrable Santa Anna para que se hiciera cargo de él. La Guerra de Reforma generó una Presidencia paralela, cosa que se resolvió con la derrota de las fuerzas de intervención que sostenían al emperador Maximiliano. La muerte de Juárez trajo un nuevo interinato y la revuelta de Díaz en su contra inauguró una larga dictadura, que sucumbiría en 1911.
La Revolución Mexicana puso a Madero en la Presidencia, pero el golpe de Estado de Huerta volvió a romper con la institucionalidad. La Constitución de 1917 quiso recuperarla mediante la no reelección, pero eso no redujo la lucha violenta entre bandos políticos. El presidente Carranza y el presidente electo Obregón fueron asesinados —reemplazados ambos por mandatarios interinos— y Calles puso un yugo a sus sucesores hasta que Cárdenas envió al exilio al Jefe Máximo.
Allí comenzó una etapa en la que los mexicanos han elegido a sus presidentes, en procesos cuestionables desde el punto de vista democrático, es verdad —hasta que eso cambió en el año 2000—, pero en el marco de un sistema que ha tenido dos virtudes: la primera, que esos mandatarios han durado en el poder el tiempo que marca estrictamente la Constitución, y, la segunda, el aplacamiento de las ansias de ejercer el poder, de forma directa o indirecta, por un lapso mayor. Ese arreglo ha permitido que México viva el periodo más largo de estabilidad política de su historia.
Como los creadores del modelo no consideraron siquiera la posibilidad de que el mandatario en turno fuera sustituido, la Constitución careció durante largos años de reglas precisas sobre qué hacer en caso de que faltara o renunciara el Ejecutivo, cosa que se enmendó apenas en 2014. Hoy existen instrucciones exactas sobre qué hacer en una situación así: asume el poder provisionalmente el secretario de Gobernación —por un lapso no mayor a 60 días— y, dependiendo del momento en que se dé la ausencia, el Congreso nombra a un presidente interino, que convoque a elecciones extraordinarias, o uno sustituto, que termine el periodo de encargo.
Pese a que es bienvenida dicha clarificación, la falta del Presidente no es un escenario deseable —ni siquiera, digo yo, mediante la revocación de mandato, figura creada durante este gobierno— por las luchas internas que se crearían en torno de la sustitución. Que el Presidente dure en el cargo lo que legalmente debe durar, ni un minuto menos, ése es el escenario ideal. Y que como expresidente no quiera controlar lo que venga después de su tiempo en el poder, para que sea la ciudadanía la que libremente elija a quien ha de sucederlo y que, luego, él o ella gobierne el país como crea que lo debe hacer y no como diga su predecesor.
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