Pascal Beltrán del Río Bitácora del director
Un análisis en poder del Departamento de Defensa de Estados Unidos, sobre una presunta inconformidad de la Secretaría de Marina de México respecto de las mayores responsabilidades que el gobierno federal ha conferido a la Sedena, se convirtió ayer en una justificación invocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para negar datos que se soliciten a esas dos dependencias.
“Tenemos que cuidar nuestra información, por seguridad nacional”, dijo el mandatario en su conferencia de ayer. “Ya tomé esa decisión (…) porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, agregó.
A decir del análisis que fue reseñado por el diario estadunidense The Washington Post, hay tensiones en el seno de las Fuerzas Armadas mexicanas, mismas que podrían incrementarse a raíz de que se decidió que el Ejército asuma la supervisión y el control del espacio aéreo y la aviación civil.
La orden presidencial anunciada ayer es curiosa por varios motivos.
1) El día anterior, López Obrador no tenía claro que ese documento, publicado por el Post, provenía del Pentágono. Creyó que había sido elaborado por el Departamento de Estado… hasta que alguien presente en su conferencia lo sacó del error. Si desconocía ese dato tan básico, seguramente no había leído nada o muy poco de lo publicado, que se reprodujo en medios mexicanos.
2) El relato sobre un enfrentamiento Marina-Defensa no parece haber sido producto de infiltraciones o escuchas telefónicas, sino de información pública o comentarios de fuentes enteradas. Por tanto, es dudoso que haya existido un espionaje por parte del Pentágono, como alega el tabasqueño, al menos sobre esa cuestión específica. Y el análisis no fue filtrado directamente al Post, sino que éste lo obtuvo luego del robo de documentos militares que realizó el joven oficial Jack Teixeira, mismos que éste compartió en un chat.
3) Si López Obrador cree que el Pentágono ha espiado al Ejército mexicano y/o a la Armada de México, lo que corresponde no es cerrar la información de esas dependencias, sino presentar una queja formal ante el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué culpa tienen los ciudadanos mexicanos que quieren hacer uso de su derecho de conocer la verdad pública, que, por cierto, está garantizado por la Constitución?
4) Este gobierno ha adolecido de dos cosas relacionadas con el tema a discusión: primero, ha sido muy malo cuidando la información sensible, como prueban los hackeos que, desde 2019, han sufrido Pemex, la CFE y la propia Sedena, entre otras dependencias; y segundo, ha mostrado una gran reticencia para dar a conocer datos que le solicitan los ciudadanos mediante la Ley de Transparencia, a pesar de que alega que es el gobierno menos opaco de la historia.
5) El anuncio del Presidente se da en medio de su resistencia a que funcione el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al que la bancada oficialista en el Senado ha negado —por orden de López Obrador, según confesó en privado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López— el nombramiento de los tres comisionados que tiene pendiente, situación que incluso ha impedido que sesione el pleno del organismo. Ayer mismo volvió a decir que el Inai “no sirve para nada” y más valdría que fuera reemplazado en sus responsabilidades.
En resumen, bajo el pretexto de un supuesto espionaje por parte del Pentágono, el Presidente dice que va a negar la entrega de información relacionada con las instituciones castrenses, algo que venía ocurriendo desde antes, ante el creciente interés de los ciudadanos en las mayores responsabilidades que han adquirido las Fuerzas Armadas en este sexenio, particularmente la Sedena.
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