Jorge Fernández Menéndez
Razones
La enfermedad que se detonó el domingo pasado, con un diagnóstico de covid-19 y sin muchos más datos, salvo que el Presidente se está recuperando en Palacio Nacional, fue el corolario a la semana más compleja y con mayor cantidad de enfrentamientos y contratiempos que ha tenido la actual administración.
Las mañaneras de las dos semanas pasadas fueron las más virulentas de un Presidente evidentemente molesto, enojado, en ocasiones haciendo afirmaciones muy difíciles de sustentar. Desde tiempo atrás el presidente López Obrador decidió que la polarización era el camino hacia 2024, y eso lo ha aplicado estrictamente en el ámbito nacional. Lo singular es que ahora lo haya extendido también en lo externo.
En este sentido, llama la atención, particularmente, la confrontación con Estados Unidos. En los días previos a la enfermedad, el Presidente se peleó con el departamento de Estado, al que calificó de un “departamentito injerencista”, descalificó a la DEA y a otras agencias de seguridad porque infiltraron al cártel de Los Chapitos y lanzaron una ofensiva contra ellos, habló de una “injerencia grosera” y de que “no se podía tener confianza” en la agencia antidrogas por su tratos con el narcotráfico. Y luego acusó, sin prueba alguna, que el Pentágono, o sea el departamento de la Defensa de los Estados Unidos, hace espionaje en México contra el Ejército y la Marina. En el camino entre mezcló el robo de documentación por el grupo denominado Guacamayas (que en sentido estricto no sabemos quiénes son), con el robo de documentación de las agencias estadunidenses detectado en esos mismos días.
Pero el viernes pasado, en Veracruz, dos días antes de caer enfermo, fue incluso más allá: en un largo discurso con motivo de la defensa del puerto de Veracruz en 1914, el Presidente invocó la posibilidad de una intervención extranjera y dijo que “México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México, sólo los marinos y los soldados vamos a defender a México todos los mexicanos”. Está bien, pero, en realidad, nadie se está planteando seriamente la posibilidad de una invasión militar de México. Incluso los republicanos más lunáticos, como Trump, hablan de atacar a los cárteles, no de invadir México. La declaración lo que demostró es una escalada en el discurso anti Estados Unidos que exhibe lo dañadas que están las relaciones, por lo menos en lo que respecta a Palacio Nacional.
Algo poco sensato cuando hablamos de la primera potencia mundial, de nuestro principalísimo socio comercial con un intercambio de unos 700 mil millones de dólares al año, donde residen millones de paisanos que envían unos 60 mil millones en remesas y con quienes somos, debemos ser, socios estratégicos, lo que se dificulta evidentemente cuando en unos pocos días descalificamos al departamento de Estado, a las agencias de seguridad y a sus Fuerzas Armadas y las acusamos de querer intervenir y espiar a México. Sobre todo cuando el tema estalla por la infiltración en un cártel criminal transnacional.
Una señal de que las cosas no han mejorado es que la nueva caravana migrante, llamada viacrucis migrante, a diferencia de otras está teniendo todas las facilidades para transitar por territorio mexicano rumbo a la frontera. Se podrá argumentar, con razón, que luego de lo sucedido en Ciudad Juárez, con la muerte de 40 migrantes ello es una exigencia política, pero también podría ser una forma de presionar a la Casa Blanca con la llegada de más migrantes en las caravanas que tanto le gusta exhibir a los medios más conservadores de la Unión Americana. Sobre todo, en los días previos a la desaparición del llamado Título 42 que permitía, desde que fue aprobado por Trump, expulsar de forma expedita a migrantes e impedirles el acceso en la frontera. La Casa Blanca acabará con esa norma, pero no podrá tener una política radicalmente diferente a la seguida desde que entró en vigor. Y la llegada de más migrantes aumenta la presión de los sectores más conservadores.
El otro gran enemigo de la semana pasada, además de los medios, objeto presidencial todos los días en la mañanera, ha sido la Suprema Corte. En realidad es un objetivo constante desde que en enero fue elegida la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte. Pero la decisión del pleno de declarar inconstitucional la ley que incorporaba a la Guardia Nacional a la Sedena llevó esa confrontación al límite.
Si la semana pasada el presidente López Obrador les había ordenado a los miembros de su gabinete que ni les contestaran el teléfono a los ministros de la Corte, esta semana un grupo de Morena inició un plantón frente a la sede de la Corte y quiere juntar firmas para destituir a Norma Piña. Paradójicamente, lo único que han logrado es unificar fuerzas en torno a la ministra dentro y fuera de la Corte, y que se estableciera una sólida mayoría en el pleno como se demostró con la decisión de declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa.
Y el domingo llegó el covid-19.