Me uno al razonamiento de mi respetado colega y amigo Federico Reyes Heroles en el artículo publicado ayer en este mismo —nuestro— periódico. No estamos viviendo tiempos de normalidad democrática. Estamos en una emergencia. No hay escrúpulos de parte de las autoridades. Agrego. En particular, del titular del que se ha convertido en el poder de los Poderes.

Tiene razón Reyes Heroles cuando dice que no podemos dormir tranquilos porque nuestras libertades —de todos los sectores y de todos los estratos socioeconómicos— están en riesgo. No están garantizadas.

Abundo en la lista.

Porque llevamos 177 mil homicidios dolosos y mañana puede ser cualquiera de nosotros el siguiente.

Porque si somos dueños de un pequeño negocio tenemos por no juntar lo que cuesta el derecho de piso para operar.

Porque si transportamos mercancía por las carreteras no estamos ciertos de que nuestros productos llegarán a buen puerto sin que sean robados o el conductor sea asesinado.

Porque las empresas no pueden competir en igualdad de circunstancias, sabiendo que ocho de cada 10 contratos serán asignados de manera directa como en Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, la CFE o Pemex.

 

 

 

Porque si te inconformas o denuncias este tipo maniobras te sujetarán a una auditoría fiscal a modo.

Porque “fallas técnicas” en el sistema de aduanas paralizan o retrasan por varios días la importación y exportación de mercancías.

Porque ni los hogares ni los agricultores ni las empresas tienen garantizado el derecho al agua.

Porque las madres trabajadoras fueron privadas de las Escuelas de Tiempo Completo y tienen que abandonar sus empleos, aun cuando muchas veces son el único sustento de la familia.

Porque si tienes que acudir a un hospital público no hay ni el personal ni los insumos necesarios para ser atendido y si tienes que surtirte una receta no puedes hacerlo por desabasto. A pesar de ello, el nuevo paquete de reformas vuelve a instaurar el derecho a la salud, pero aumentado, ya que ahora incluirá “estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar a todas las personas su derecho humano a la salud”.

Porque la coalición gobernante quiere acabar con todos los obstáculos —los politólogos los llamamos contrapesos— a la voluntad presidencial eliminando o debilitando no sólo a los órganos autónomos, sino también al Poder Judicial.

Porque si les alcanza el poder para pasar la propuesta de reforma política, volveríamos a la época del partido casi único o hegemónico, con 75% o más de la representación en las cámaras de Diputados y Senadores. Lo repito. Con 45% de la votación de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PES) en 2018, se hubiesen quedado con 73% de la Cámara. O sea, casi 30 puntos de sobrerrepresentación.

Porque el próximo domingo 2 de junio muchos mexicanos no podrán elegir en libertad. Unos por miedo a dejar de recibir el dinero que, de manera personalizada distribuye el Presidente desde hace más de cinco años. Otros, amenazados por el crimen organizado. Otros más porque desde sus puestos en la burocracia temen perder su empleo.

Porque si tienes aspiraciones políticas para servir a tu país te arriesgas a ser asesinado o a que asesinen a algún familiar. Al momento, las de 2024 se perfilan como las más violentas de la historia. Aún no terminan los registros ni comienzan las campañas y al corte de la semana pasada, Integralia había contabilizado 11 homicidios de funcionarios y aspirantes, tres atentados y cuatro secuestros. Según Data Cívica, las cifras son mucho mayores en lo que va del proceso electoral: 81 asesinatos, 13 atentados y ocho secuestros relacionados con violencia político-electoral. 

Porque en las elecciones corre más dinero que nunca bajo la mesa. Y también, como apuntó Héctor Aguilar Camín, sobre la mesa.

Porque la cancha no puede estar medianamente pareja con un Presidente que, además de haberse posicionado como el gran benefactor, hace propaganda por su candidata y su partido todas las mañanas sin que nadie lo haya podido o querido evitar.

Estamos ante una emergencia porque el Estado no cumple con sus dos funciones básicas de garantizar la seguridad y los derechos —económico, sociales y políticos— de los ciudadanos. No podemos dormir tranquilos porque no elegiremos a nuestra próxima presidenta ni a nuestros representantes en el Congreso.