El narco y la elección
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Fernando Belaunzarán
Ya no se puede ignorar al elefante en la sala, hacerlo sería confirmación de complicidad. El crimen se ha convertido en innegable factor electoral y debiera ser prioridad del Estado mexicano reducir al máximo su incidencia y evitar que su operación en los comicios defina triunfos en los tres niveles de gobierno. El empoderamiento político, económico y territorial de los cárteles es la mayor amenaza que corre la nación, y sería fatídico que eso definiera la elección presidencial.
En 2021 los criminales no “se portaron bien”, como se dijo en la mañanera. Asesinaron a más de 100 políticos, entre ellos tres decenas de candidatos, además de que fue notoria su participación en la jornada electoral, sobre todo en los estados del Pacífico, llegando al extremo en Sinaloa de secuestrar a decenas de operadores y representantes. En 2022 sucedieron cosas similares en Tamaulipas. Se han llegado a anular por esa razón casillas y municipios, pero, como lo ha señalado el magistrado Felipe de la Mata, resulta complicado documentar jurídicamente el conjunto de hechos delictivos y acreditar su determinancia en los resultados.
Menos mal que el TEPJF puso el tema sobre la mesa, lo que podría ayudar a tomar medidas con anticipación para encuadrar adecuadamente tales delitos si se vuelven a presentar. Pero eso no basta, pues el objetivo debe ser inhibir y eso sólo será posible si hay un gran acuerdo nacional para blindar la elección y proteger a candidatos, funcionarios y votantes, dejando en claro que se actuará con oportunidad para que no haya impunidad.
No puede haber nada más importante para la gobernabilidad del país y la salud de la República que sacar de la ecuación electoral al crimen organizado. Dejen ustedes la visión de un estadista, con poquita responsabilidad institucional se entiende que eso debe estar al frente de las preocupaciones en la agenda pública.
Si de por sí es pernicioso el debilitamiento de las instituciones y su uso faccioso, que además sean penetradas por organizaciones criminales compromete la naturaleza del régimen y lastima la viabilidad de cualquier proyecto nacional. El dilema no es sólo entre democracia o autoritarismo, también entre Estado de derecho o narcoestado. Ésa es la gravedad de lo que hoy está en juego y más nos vale tener conciencia de ello.
Con independencia de ideologías y simpatías partidistas, todos deberíamos coincidir en la necesidad de revertir la tendencia y devolverle la tranquilidad a la población. Cada vez más actividades productivas y comerciales en zonas cada vez más extensas del país deben pagar un impuesto de facto al cártel que domina en la zona y, en ocasiones, a más de uno cuando se disputan la plaza. Lo que se requiere de manera apremiante es romper las cadenas de complicidad que tienen con el poder político y quitarles el manto de impunidad. Por desgracia, ni para eso se ha podido superar la polarización promovida desde Palacio Nacional. Primero los votos… y después también.
La tentación oficialista de beneficiarse de la operación electoral, tal como sucedió en los comicios intermedios, puede obnubilar el entendimiento, al grado de no darse cuenta de que están recibiendo el beso del diablo, no sólo porque esos acuerdos acaban saliendo a la luz y se alientan las versiones de financiamiento ilegal de las campañas, sino también porque alimentan una criatura a la que no van a poder controlar y que acabará imponiéndoles condiciones. A eso se refería Porfirio Muñoz Ledo cuando alertó respecto a que los acuerdos con el narco no son heredables.
De igual manera, sería un despropósito que se quiera apostar al miedo para alentar la abstención. Permitirle al crimen conculcar derechos cívicos es concederle un poder que después sería difícil de revertir, derrota cultural y civilizatoria que presagiaría el advenimiento de un Estado fallido por mafioso. Las experiencias exitosas de seguridad caminan en sentido contrario, recuperando el espacio público de la delincuencia y eso incluye, en primerísimo lugar, las urnas.
No hay voto libre bajo el yugo criminal. Por eso, para exigirle al Estado garantizar elecciones seguras, también servirá la manifestación ciudadana del domingo 18 de febrero.
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