De todas las iniciativas de reforma que presentará este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que tiene mayor potencial de crear efectos perniciosos es la de las pensiones. Y aquí no se trata –hay que decirlo de entrada– de oponerse a la idea de que los mexicanos que alcancen la edad de jubilación se retiren recibiendo la misma cantidad mensual que perciben.
La palabra jubilación proviene del latín tardío iubilaeus, y éste del hebreo senat hayyobel –literalmente, el año del ciervo–, una celebración que realizaban los antiguos israelitas cada medio siglo.
Es cierto, no hay nada jubiloso en pasar la vejez con carencias. Pero cualquier derecho que adquiere una sociedad, si implica el uso de recursos públicos, tiene que tener viabilidad financiera. De otro modo corre el riesgo de comerse el dinero destinado a otros propósitos, como la salud y la educación, e incluso de posponerse o cancelarse, creando enojo social.
La propuesta lopezobradorista de modificar el actual régimen de fondos para el retiro es la única del paquete anunciado que cuenta, de entrada, con la simpatía de la oposición. Otras, como la transformación del Poder Judicial o la eliminación de organismos autónomos seguramente naufragarán en el Congreso porque el oficialismo no tendrá la mayoría calificada para llevarlas a buen puerto.
Seguramente la oposición no se atreve a rechazar la primera iniciativa –aun sin conocerla en detalle– porque sería muy impopular decir que se está en contra de que los trabajadores se retiren con cien por ciento de su salario. ¿A quién no le gustaría, en su propio caso, tener semejante derecho?
La cosa es preguntarnos si semejante propuesta es viable en el contexto de un país que está envejeciendo –en cosa de una década, tendrá más habitantes con una edad de medio siglo o más que con 15 años o menos– y en el que las finanzas públicas han sido tensionadas por un gobierno que ha gastado el doble de lo que ha ingresado en el último lustro (900 mmdp contra 450 mmdp) y que generará en 2024 el mayor déficit en seis sexenios y un aumento a tasa anual del año del servicio de la deuda de más del doble del incremento en el gasto de salud (12.8% contra 5.8%), de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
En una conferencia mañanera reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador fui criticado por haber preguntado, en mi cuenta de X, de dónde saldrá el dinero para hacer realidad la propuesta presidencial de aumentar los fondos para el retiro.
Hoy lo vuelvo a preguntar. El viernes pasado, el centro de estudios económicos de Citibanamex calculó que los costos fiscales adicionales de dicha iniciativa “podrían representar 430 mil millones de pesos en 2025 (1.3% del PIB) y aumentarían rápidamente hacia 2% del PIB en menos de diez años”.
Así que, otra vez, ¿de dónde saldrá el dinero adicional, incluso si se busca apoyar a una parte de quienes se retiren y no a todos? En el estado en que este gobierno dejará las finanzas públicas al próximo, sin espacio para aumentar el gasto, no se antoja que la solución sea sencilla.
Recordemos que México aún carga con una tasa de informalidad laboral de más de 53%, lo que representa un doble reto en materia de pensiones. Por un lado, habrá decenas de millones de mexicanos a los que no beneficiaría un eventual aumento en el monto del retiro porque ellos no tendrán pensión alguna –algo que urge cambiar– y, por otro, de entre esos mexicanos no podrán recaudarse, por ahora, los recursos necesarios para pagar el incremento que se está proponiendo.
En México, la formalidad sigue financiando los derechos de la informalidad. Ése es el verdadero problema que no se quiere atender.
Veremos hoy en qué términos se presenta la iniciativa de pensiones. En cualquier escenario, resulta difícil no pensarla como una píldora envenenada que se dejará a la próxima administración, y sobre la que no se están pronunciando, con la claridad debida, las aspirantes Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. A alguna de ellas le tocará enfrentar el problema.
:quality(75)/media/opinion/2019/03/24/2119812.jpg)
