TAMPICO.– Hace una década, esta zona metropolitana del sur de Tamaulipas vivía en un estado de guerra.

En abril y mayo de 2014, un combate violento por el control de la plaza, entre distintas facciones de la delincuencia organizada, se desató a raíz de la detención, en Taxco, Guerrero, de Javier Garza Medrano, alias El Porrón, uno de los fundadores del Cártel del Golfo (CDG) y jefe criminal de la región.

Tan sólo el fin de semana del 5 y 6 de abril de ese año fueron asesinadas 28 personas. La situación aterrorizó a los tampiqueños, quienes no mandaron a sus hijos a la escuela por varios días. En la percepción de inseguridad, medida por el Inegi, la ciudad se convirtió en una de las cinco más peligrosas del país.

No sólo eran los homicidios. La ciudad y los municipios conurbados de Madero y Altamira estaban plagados de delitos, como secuestro, extorsión, asalto a transporte público y de carga, y robo a negocio y casa habitación. Consciente de que algo se tenía que hacer, la sociedad civil se movilizó. El 13 de abril y el 11 de mayo, la ciudadanía de Tampico realizó dos marchas por la paz.

A la cabeza de ese esfuerzo se colocaron empresarios y asociaciones civiles, los cuales convocaron a las autoridades para hablar sobre cómo resolver el problema, tomando como modelo la Mesa de Seguridad que se había formado en Ciudad Juárez, Chihuahua, misma que había logrado hacer descender la violencia, cuyo pico se alcanzó en 2010, cuando criminales detonaron un coche bomba, una acción claramente terrorista.

Una década después, Tampico tiene una cara muy distinta. De ser una de las cinco ciudades más violentas del país, hoy es la quinta más segura, de acuerdo con la más reciente medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En marzo de 2016, 79.2% de la población decía sentirse insegura, diez puntos por encima del promedio nacional; en marzo pasado sólo fue 23.6%, muy por debajo de 61% que se manifiesta en general en el país.

¿Cómo se logró? Primordial fue la participación del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), para acordar una ruta de acción a fin de recuperar las condiciones de seguridad y justicia.

 

 

 

 

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De forma periódica, los empresarios y líderes sociales se sentaron con autoridades para revisar indicadores y atender juntos las necesidades de las corporaciones de seguridad. Se formaron grupos de trabajo para examinar aspectos concretos, como la formación, capacitación, certificación y equipamiento de policías. Asimismo, se crearon espacios de trabajo compartido para propiciar la coordinación y la realización de acciones que fortalecieran tanto las instituciones como las estrategias para prevenir y contener el delito.

A esas tareas se fueron sumando representantes de otros sectores de la sociedad, como el educativo y el religioso.

Como resultado de las tareas continuas de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero y Altamira, el número de homicidios ha bajado drásticamente. Mientras que Tamaulipas tuvo un promedio de un asesinato al día en 2023, la zona urbana del sur de la entidad —que concentra la cuarta parte de la población estatal— registró 21 en total, es decir, uno cada 17 días.

Aunque se ha logrado mucho, los tampiqueños involucrados en los trabajos de la Mesa están seguros de dos cosas: primero, que tienen que seguir avanzando; segundo, que, si se interrumpe el esfuerzo, los resultados pueden revertirse, como sucedió en Ciudad Juárez.

Lo cierto es que Tampico —junto con otras ciudades, como Piedras Negras y Torreón— ha mostrado que sí hay un camino para superar la inseguridad, y pasa por el involucramiento de la sociedad organizada. De nada sirve, dicen aquí, quedarse en el simple reproche hacia la autoridad. Lo que se necesita es crear soluciones junto con ella.

Los mexicanos no tendríamos que resignarnos a tener un país inseguro hasta para salir a caminar. El grave problema que padecemos tiene remedio, pero hay que construirlo. Si el gobierno no puede solo, hay que empujarlo.