Los CENDIS vinculados al Partido del Trabajo (PT) tendrán nuevamente recursos millonarios para el 2022, aun cuando este programa ha sido sujeto de investigaciones por parte de la entonces PGR y del INE, por presunto desvío de recursos públicos, así como de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Auditorías estatales.

Cada año se ha autorizado presupuesto para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en el país y al menos cuatro ubicados en Nuevo León que impulsó el PT llevan más de 12 años abandonados en colonias marginadas, en obra gris, y para los cuales se pagaron 78.8 millones de pesos para arrancar su construcción.

Etiquetado en el programa Expansión de la Educación Inicial, el próximo año los CENDIS, los CAI (Centro de Atención Infantil) federalizados y agentes educativos federalizados tendrán un presupuesto de 759 millones de pesos; además se incluyeron 200 millones, sin precisar si son adicionales para “el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la Expansión de la Educación Inicial”. Esto representa un incremento de 21.5% respecto de los 625 millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para el 2021.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los propios diputados federales reconocen la opacidad en la que ha operado este programa y por ello aprobaron cambiarlo a aquellos que deben estar sujetos a reglas de operación, para así abonar “al fortalecimiento, transparencia y certeza en la ejecución de los mismos”, expusieron los diputados.

Los diputados consideraron que se requiere cambiar de modalidad el programa Expansión de la Educación Inicial, pasando del concepto de otros subsidios a la de sujetos a reglas de operación; “con la clave actual se favorece una mayor discrecionalidad en el gasto”, se lee en el PEF del próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó al inicio de su sexenio, que programas con funciones de gobierno no tendrían más recursos públicos, como los CENDIS del PT. Sin embargo, el dinero no dejó de fluir y del 2019 al 2022 este programa habrá acumulado ininterrumpidamente 2,984 millones de pesos para operar.

Una historia turbia

Nuevo León es el centro de operaciones del Frente Popular Tierra y Libertad, aquel que dio vida al PT en diciembre de 1990 como partido, y que ha adquirido un coto de poder que actores políticos no dudan en identificar: el manejo de diversos Centros de Desarrollo Infantil, y cuya administración ha estado bajo la sombra de señalamientos en auditorías, la más reciente por parte del INE, organismo que lo multó en septiembre pasado con 119.8 millones de pesos por desvío de recursos públicos de los CENDIS con fines electorales.

A un par de meses de haber asumido la Presidencia de la República, el 14 de febrero del 2019, López Obrador anunció que ya no se entregaría dinero a ninguna organización que hiciera funciones de gobierno, tras reconocer que en el pasado se les transferían recursos a diversas ONG’s con este objetivo.

El mandatario López Obrador aseveró que en ese recorte no habría diferencia, porque entonces no tendrían autoridad para aplicarlo.

“Cómo le vamos a dar dinero a los CENDIS del PT si no le vamos a dar dinero a las estancias (infantiles), porque se le va a dar (directo) a los padres. Y los CENDIS del PT, muy cercanos a nosotros… pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad. Entonces es general, o sea, no se va entregar dinero a estas organizaciones, va directo a la gente, al beneficiario”, dijo el presidente en febrero del 2019. 

Sin embargo, de una revisión hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se pudo constatar que en el 2019 hubo un presupuesto aprobado de 800 millones de pesos, misma cantidad que se obtuvo en el 2020; mientras que para este 2021, finalmente quedó en 625 millones de pesos. 

Cabe destacar que tanto en el 2019 como en el 2020 el presupuesto fue modificado, y quedó en 730.6 millones y 662.5 millones de pesos, respectivamente. 

El 17 de mayo del 2019, a través de un comunicado, el PT se defendió al asegurar que los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones que pertenecen a la SEP y que este instituto político no administra los recursos públicos de los CENDIS, que para entonces operaban en 14 estados del país. Tan sólo en Nuevo León, Tierra y Libertad cuenta hoy en día con 13 centros en funciones.

“(Alberto) Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, detalló que los últimos 28 años, este instituto político se ha encargado de gestionar recursos para apoyar e impulsar la educación inicial y lamentó profundamente que el tema sea utilizado de manera facciosa con ataques a este instituto político”, se expuso en el comunicado del 2019, año en que ya habían librado una acusación del gobierno peñista. 

Y es que una nueva indagatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) resuelta en este 2021 reveló cómo un proceso abierto en el sexenio de Enrique Peña Nieto contra la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez, concluyó en el no ejercicio de la acción penal unas semanas antes de que asumiera el gobierno López Obrador, que llegó de la alianza electoral Morena, Encuentro Social y PT. 

La esposa de Alberto Anaya ha fungido como directora general de los CENDIS del Frente Popular Tierra y Libertad, y había sido acusada de presunto lavado de dinero en la operación de los centros por 100 millones de pesos.

La trama de los desvíos exhibida por el INE

El 3 de septiembre del 2021, a casi cuatro años de que el PRI presentó una queja ante la Unidad de Fiscalización del órgano electoral, el Consejo General del INE aprobó una multa contra el PT por 119 millones 870 mil pesos al acreditar esquemas de financiamiento irregular. 

Se trata de la presunta transferencia de recursos públicos provenientes del gobierno de Nuevo León para la construcción y operación de los Centros de Desarrollo Infantil hacia militantes del Partido del Trabajo. 

Como parte de su indagatoria en materia de fiscalización, el INE solicitó información a diversas instancias como la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

En marzo del 2020, la ahora FGR le confirmó al INE que, como parte de su indagatoria, cuentas bancarias a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez fueron aseguradas del 23 de agosto del 2017 al 10 de septiembre del 2018, y que el 31 de octubre del 2018 (a un mes de que Peña Nieto dejara la Presidencia de la República), se determinó el no ejercicio de la acción penal. 

La investigación del INE del 2021 revela por ejemplo que entre los años 2015, 2016 y 2017 María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder histórico del PT, recibió 260 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y ésta emitió 123 cheques que fueron depositados en una cuenta a nombre del comisionado político nacional del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, por un monto de 59 millones 935 mil pesos. 

En su denuncia, el PRI señala que fue precisamente en Aguascalientes donde se llevó a cabo en el 2015 una elección extraordinaria —del Distrito con sede en Jesús María—, en la cual el PT luchó para obtener los votos que le permitieron finalmente obtener su registro como partido político nacional, ya que se encontraba al borde de la extinción.

Pero el PRI fue más allá, al acusar una votación atípica en esos comicios extraordinarios. “En esa elección, el Partido del Trabajo obtuvo la votación suficiente para mantener su registro, con una votación muy superior a la de la elección ordinaria. Esto es, en la elección ordinaria obtuvo 3 mil 246 votos; en cambio, en la extraordinaria llevada a cabo apenas unos meses después, obtuvo cuatro veces más: 14 mil 046 votos”, se extrañó el PRI.

Por los señalamientos de la otrora PGR —del gobierno de Peña Nieto—, Héctor Quiroz García fue detenido en octubre del 2017 por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Aunque tras la audiencia, un juez determinó que llevaría el proceso en libertad mediante el pago de una fianza. Actualmente Quiroz García aparece en el directorio del PT como su comisionado político en Aguascalientes, el mismo cargo que tenía durante la acusación. 

En un comunicado emitido el 4 de septiembre del 2018, el PT “celebró” que el Ministerio Público se desistiera de las acusaciones contra Quiroz García y dos colaboradoras en los CENDIS, y que habían sido vinculadas a proceso por la PGR, así como en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya y directora general de los centros operados por el Frente Popular Tierra y Libertad. 

“Así se confirma lo que desde un inicio este instituto político aseveró: el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, divulgó el partido en dicho comunicado de finales del 2018, cuando su candidato ya había ganado la Presidencia de la República. 

En septiembre del 2021 el INE  reveló que el PT no recibió dinero de manera directa de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de otras personas vinculadas al PT que obtuvieron recursos de la esposa de Anaya, ya que no hay registros de transferencias o aportaciones hacia el partido en sí. “Sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDIS, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública”, precisó el Instituto Nacional Electoral en su resolución del 2021. 

El INE, por estos hechos, dio vista a la FGR, Fepade, Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría del estado y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Cendis son administrados por militantes del PT

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado desde 2014 las irregularidades en el manejo de recursos públicos de los CENDIS.

En el 2014, la ASF puntualizó que el sistema CADI (Centros de Atención y Desarrollo Infantil) en Durango era un proyecto educativo “administrado por militantes de un partido político que gestionó los recursos para el ejercicio de 2014, el cual es operado por sus afiliados, pues de una muestra de 612 trabajadores de la plantilla de personal contratado por honorarios asimilados a sueldos, 338 aparecen como afiliados a dicho partido”. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2019 sobre el Programa Expansión de la Educación Inicial, que contempla la operación de los CENDIS la ASF realizó observaciones por 85.4 millones de pesos, de los cuales 41.4 millones correspondieron solamente al estado de Nuevo León. 

Una acción que causó daño a la hacienda pública fue por recursos que no se ejercieron y que no fueron regresados a la Federación por un monto de 69.6 millones de pesos y de los cuales nuevamente a Nuevo León le correspondió el 59.5 por ciento del total del importe. 

De manera general, la ASF alertó en ese año que existían diferencias entre los montos aprobados, las ministraciones, sí como entre los recursos reportados como ejercidos y los efectivamente erogados por los estados y revisados en la auditoría. 

En la Cuenta Pública 2020, presentada a inicios de noviembre al Congreso, la ASF realizó observaciones al gobierno de Nuevo León sobre el programa Expansión de la Educación Inicial. Tan sólo el año pasado, la entidad recibió 130 millones 725 mil pesos para su operación.

Por ejemplo, la ASF detectó que la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León no contaba con los recibos de pago de asesores externos especializados por un monto que llegaba a los 14 millones 168,600 pesos, y pagó 78,200 pesos con recursos del programa a un asesor externo que tenía una plaza en la nómina educativa del estado y que es pagada por la SEP.

“El gobierno del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de los lineamientos de operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020, por la falta de documentación soporte de los recibos de pago realizados a asesores externos especializados, lo que generó un probable daño a la Hacienda pública federal por 14 millones 246 mil pesos”, reportó la ASF en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2020.

Asimismo, la Unidad de Integración Educativa no acreditó ante la ASF que en la papelería y documentación oficial del programa se incluyera la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

En el 2019, el gobierno de Nuevo León recibió 137 millones 149 mil pesos al mismo programa que incluye la operación de los CENDIS. Ese mismo año, la ASF reportó que el gobierno de Nuevo León acreditó la justificación por 76 millones 662 mil pesos para contratación de asesores externos especializados, pero quedó por solventar 41 millones 408 mil pesos.