El acuerdo presidencial para entregar la Guardia Nacional al Ejército envía una señal política clara sobre la revisión del papel de las Fuerzas Armadas en la democracia. La iniciativa debilita la perspectiva civilista que las marginó de las decisiones políticas y acotó a la seguridad nacional. Esta es la discusión de fondo que plantea la solución de López Obrador ante el debilitamiento de la gobernabilidad y su pretensión de asegurar la continuidad de su proyecto más allá del sexenio. 

La polémica es trascendental porque rompe el paradigma civilista sobre el rol de los militares del último medio siglo, que se asentó en su marginación política ante las historias de golpes militares y represión en América Latina en contra de la democracia. Bajo esta perspectiva, la militarización de la seguridad pública es un retroceso por la capitulación de las instituciones civiles en una función central del Estado. Y que, sobre todo, les abre el juego en la deliberación de los asuntos políticos desde la seguridad y la protección de la ciudadanía hasta en decisiones como la sucesión presidencial. 

De prosperar, la iniciativa convertiría al Ejército en un nuevo actor en el relevo de gobierno, sobre todo si, como pretende el Presidente, lograra su permanencia en las calles más allá de 2024, como limita la ley de la Guardia Nacional. 

Su viabilidad es más que dudosa porque requeriría el aval de la Corte a un acuerdo inconstitucional o una reforma que, difícilmente, transitaría por la “moratoria” legislativa de la oposición el resto del sexenio; pero, por lo pronto, la polémica está abierta. 

 Ante ella, los militares guardan silencio por su verticalidad y disciplina con el poder presidencial, pero, también, por parecerles que no es para tanto o, cuando menos, que se trata de funciones que los últimos gobiernos ya les han transferido. A pesar del discurso civilista, la expansión militar ha sido la constante desde los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y en todos los casos, a través de la violación del marco constitucional. Paradójicamente ha sido su fracaso lo que apuntala la revisión del rol de los militares, aunque tampoco han dado resultados. 

Al respecto, López Obrador lo justifica, al igual que sus antecesores, como única salida a la crisis de seguridad y pérdida de gobernabilidad, aunque ha dado un paso más hasta ubicarlos en un lugar estelar de su gobierno también en obras de desarrollo y servicios públicos. Pero no ha podido pacificar al país con ellos, aunque ahora trata de explotar una nueva “ola” de violencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California para avivar la discusión y persuadir de la necesidad de los militares ante policías municipales y estatales incapaces de proteger a la población sin la intervención del Ejército. 

 El terror por los ataques entre bandas criminales y el daño a la población civil además sirven para elevar la discusión al terreno de la seguridad nacional como parte de un proyecto transexenal. En Chihuahua, dijo el Presidente, se agredió a la población civil, “algo que no se había presentado”, en un esfuerzo por perfilar los nuevos términos del debate y retomar la iniciativa frente al mayor pendiente de su administración. 

El avance de un esfuerzo político, así les aseguraría un lugar preponderante en el próximo sexenio. 

La crítica al acuerdo ha llegado a señalarlo como un golpe militar a la Constitución, con una retórica anclada en la historia antidemocrática de las Fuerzas Armadas de la Guerra Fría. 

 Pero sin detenerse en que han evolucionado y hoy no responden a la política de sabotaje que alentó EU en esa época. 

 Por ejemplo, confesaba Juan González, asesor de Biden para América Latina, hace 40 años EU habría intentado impedir eltriunfo de Petro en Colombia o saboteado su gobierno, y no hay que olvidar que las recientes protestas en el continente no han dado lugar a golpes de Estado o a la represión abierta como entonces. 

 Por eso, lo más relevante del acuerdo es el nuevo arreglo político, no sólo el problema constitucional, y el costo que supone abandonar las instituciones civiles para la justicia. Y ello sin que el nuevo rol de los militares ofrezca hasta ahora ninguna prueba de eficacia contra el crimen y de ser incorruptibles, como trata de persuadir el Presidente como la única solución a un problema que no ha podido resolver.

Vamos a una fuente oficial, la encuesta de seguridad del Inegi, dada a conocer en julio y que analiza el segundo trimestre del año, de abril a junio pasado. Resulta que, al contrario de la popularidad presidencial, cuando hablamos de la seguridad, el 67.4% de las personas se siente inseguro, ese índice crece hasta un alarmante 72.9% cuando se trata de mujeres, o sea que siete de cada diez mujeres no se sienten seguras en el país. Cuando esa pregunta se lleva a ciertas ciudades, los índices alcanzan porcentajes inmanejables: el 97.2% de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas, se siente inseguro; el 83% en Tijuana; el 78% en Mexicali; el 85% en Guadalajara; el 86% en Uruapan; el 80.5% en León; el 66.5% en Ciudad Juárez, y estamos hablando de ciudades importantes, imaginemos cómo se vive la inseguridad en las áreas marginales o las rurales que están bajo control criminal.

Cuando se le pregunta a la gente sobre qué pasará con la seguridad, 34.6% dice que seguirá “igual de mal” y otro 28.5% sostiene que “empeorará”. O sea que más del 63% piensa que no habrá mejora alguna en esos índices. Es como una foto en negativo de la popularidad presidencial. Todas son percepciones, la diferencia es que una parte de una apreciación personal, del afecto por una persona, y la otra una percepción creada por las realidades cotidianas.

Hay un punto adicional muy preocupante: el de la confianza en las instituciones. Poner a militares, marinos y guardias nacionales a desmentir y minimizar los hechos ocurridos la semana pasada terminará afectando los altos índices de confianza que aún tienen esas instituciones, que están por encima de la propia popularidad presidencial: según la encuesta del Inegi, la Marina tiene un índice de confianza del 86%; el Ejército del 83%, y la Guardia Nacional del 74.5 por ciento. ¿Qué sentido tiene erosionar esos altos índices de confianza con una versión a todas luces alejada de la realidad, calificando de propaganda criminal hechos que trascienden ese calificativo, y que no se atiene siquiera a sus propias investigaciones sobre lo sucedido?

Hace ya algún tiempo dijimos aquí que en los altos niveles del Ejército mexicano se creía que habría una suerte de explosión de violencia en la medida en que se avanzara en los golpes al Cártel Jalisco Nueva Generación. Algo similar adelantamos también en el libro La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo (Grijalbo, 2021). Con el CJNG, decíamos, pasará algo similar a lo sucedido con Los Zetas: por su propia integración, por lo centralizado de su estructura de mando al mismo tiempo que su crecimiento se da como una suerte de franquicia, esa organización criminal ante los golpes recibidos, la enfermedad de su líder El Mencho y la detención de muchos de sus familiares cercanos, terminará implosionando. Eso sucedió con Los Zetas (y con los Beltrán Leyva) al final del gobierno de Calderón, con la caída de sus líderes, de sus familiares y operadores cercanos: implosionaron en medio de una explosión de violencia. Esa es una explicación verosímil y realista de lo que está sucediendo ahora con el CJNG y sus organizaciones aliadas, asociadas, con base en un enemigo común: el Cártel de Sinaloa. Los hombres que están en control de las Fuerzas Armadas lo saben perfectamente, no tiene sentido exponer como verdad rencores políticos ajenos en lugar de exhibir una narrativa que, además, generaría mayor confianza en esas mismas instituciones.

Pero ya hemos visto que la realidad parece ir en sentido contrario de las percepciones, por lo menos las de Palacio Nacional.