En sentido contrario a la realidad

Vamos a una fuente oficial, la encuesta de seguridad del Inegi, dada a conocer en julio y que analiza el segundo trimestre del año, de abril a junio pasado. Resulta que, al contrario de la popularidad presidencial, cuando hablamos de la seguridad, el 67.4% de las personas se siente inseguro, ese índice crece hasta un alarmante 72.9% cuando se trata de mujeres, o sea que siete de cada diez mujeres no se sienten seguras en el país. Cuando esa pregunta se lleva a ciertas ciudades, los índices alcanzan porcentajes inmanejables: el 97.2% de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas, se siente inseguro; el 83% en Tijuana; el 78% en Mexicali; el 85% en Guadalajara; el 86% en Uruapan; el 80.5% en León; el 66.5% en Ciudad Juárez, y estamos hablando de ciudades importantes, imaginemos cómo se vive la inseguridad en las áreas marginales o las rurales que están bajo control criminal.

Cuando se le pregunta a la gente sobre qué pasará con la seguridad, 34.6% dice que seguirá “igual de mal” y otro 28.5% sostiene que “empeorará”. O sea que más del 63% piensa que no habrá mejora alguna en esos índices. Es como una foto en negativo de la popularidad presidencial. Todas son percepciones, la diferencia es que una parte de una apreciación personal, del afecto por una persona, y la otra una percepción creada por las realidades cotidianas.

Hay un punto adicional muy preocupante: el de la confianza en las instituciones. Poner a militares, marinos y guardias nacionales a desmentir y minimizar los hechos ocurridos la semana pasada terminará afectando los altos índices de confianza que aún tienen esas instituciones, que están por encima de la propia popularidad presidencial: según la encuesta del Inegi, la Marina tiene un índice de confianza del 86%; el Ejército del 83%, y la Guardia Nacional del 74.5 por ciento. ¿Qué sentido tiene erosionar esos altos índices de confianza con una versión a todas luces alejada de la realidad, calificando de propaganda criminal hechos que trascienden ese calificativo, y que no se atiene siquiera a sus propias investigaciones sobre lo sucedido?

Hace ya algún tiempo dijimos aquí que en los altos niveles del Ejército mexicano se creía que habría una suerte de explosión de violencia en la medida en que se avanzara en los golpes al Cártel Jalisco Nueva Generación. Algo similar adelantamos también en el libro La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo (Grijalbo, 2021). Con el CJNG, decíamos, pasará algo similar a lo sucedido con Los Zetas: por su propia integración, por lo centralizado de su estructura de mando al mismo tiempo que su crecimiento se da como una suerte de franquicia, esa organización criminal ante los golpes recibidos, la enfermedad de su líder El Mencho y la detención de muchos de sus familiares cercanos, terminará implosionando. Eso sucedió con Los Zetas (y con los Beltrán Leyva) al final del gobierno de Calderón, con la caída de sus líderes, de sus familiares y operadores cercanos: implosionaron en medio de una explosión de violencia. Esa es una explicación verosímil y realista de lo que está sucediendo ahora con el CJNG y sus organizaciones aliadas, asociadas, con base en un enemigo común: el Cártel de Sinaloa. Los hombres que están en control de las Fuerzas Armadas lo saben perfectamente, no tiene sentido exponer como verdad rencores políticos ajenos en lugar de exhibir una narrativa que, además, generaría mayor confianza en esas mismas instituciones.

Pero ya hemos visto que la realidad parece ir en sentido contrario de las percepciones, por lo menos las de Palacio Nacional.