Primero fueron los de sotana, luego los ‘verdes’ y ahora los de toga y birrete.
En el principio fue el verbo, dice la Biblia, pero lo cierto es que los primeros uniformados en rebelarse a gritos y periodicazos fueron los señores de la sotana. Poder fáctico como otros.
Indignados porque el Presidente Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa de matrimonios igualitarios, mientras ellos solapan pederastia y homosexualidad propia, irrumpieron en política electoral con mayor descaro que cuando el Papa Juan Pablo II santificaba a cuanto mártir cristero encontraba la Iglesia Católica de la última guerra civil sufrida por México auspiciada por la jerarquía eclesiástica.
No está claro si fueron las raterías de gobernadores como Javier Duarte o el semanario ‘Desde la Fe’ del Arzobispado de la Ciudad de México o las cartas pastorales y el activismo de algunos obispos lo que influyó en los resultados electorales del pasado 5 de junio, pero fue evidente que los ensotanados dejaron de buscar hombres para convertirlos en cristianos, santos y apóstoles, y se dedicaron a la promoción del voto.
Lo único detectable atrás de la oposición curécuara a los matrimonios igualitarios es su deseo de que el Congreso meta mano una vez más al Artículo 130 Constitucional para remediar la injusticia de que los ministros de culto no puedan ser votados; es decir, aunque el Cánon se los prohíbe, quieren tener la oportunidad de ser presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores y, en un descuido, presidentes de la República.
Siguieron los “verdes”.
Sin decir agua va, el Ejército exigió a Gobernación apresurar al Congreso la aprobación de la legislación secundaria regularizadora de su función en las calles para garantizar la seguridad interior; de lo contrario, los soldados, fue la amenaza, nada velada, regresarán a la comodidad de sus cuarteles a esperar que “masiosare” enemigo se atreva a profanar el territorio nacional.
En el improbable caso que esto llegara a ocurrir, los batallones estarían prestos para entrar en acción y hacer sentir el peso de su adiestramiento en desfiles y la efectividad de su equipo inadecuado.
Siguieron jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación exigiendo también nueva legislación so pretexto de tener exceso de trabajo.
CADA QUIÉN AGARRA SU CHAMBELÁN
Pero la rebelión de los uniformados tuvo blancos diversos.
Los curas se fueron al cuello del Presidente y el Ejército al del secretario de Gobernación. La Corte se conformó con que Peña Nieto escuchara el reclamo cuyo destinatario puede ser el Poder Ejecutivo o el Legislativo, depende quien recoja el guante.
Por lo menos, a diferencia del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, no culpó a Miguel Osorio Chong de no meterle prisa a los legisladores para adecuar a los tiempos actuales las competencias de la Suprema Corte de la Nación que, 20 años atrás, eran justificables, pero que de plano hoy están desfasadas, según dice.
Los curas, sin duda obedeciendo línea vaticana, lograron su cometido. Los legisladores priístas reaccionaron enviando al congelador la iniciativa presidencial; nadie duda de dónde vino la consigna de dar marcha atrás ni la identidad del operador, pero de una nueva revisión al 130 Constitucional nada.
Por lo que toca a los “verdes”, en cualquier momento sabremos si el general Cienfuegos se fue por la libre al abrir fuego sobre la Secretaría de Gobernación o contó con la anuencia del Presidente Peña Nieto, lo cierto es que éste se apresuró a salir al paso a la inevitable “descontextualización” del reclamo del jefe castrense.
Y es que descontextualizar era de rutina: Cienfuegos versus Osorio Chong, quizá los dos personajes, con el secretario de Marina, Vidal Soberón, los más importantes miembros del Gabinete de Seguridad Nacional.
El capotazo de Peña Nieto no anuló del todo el efecto descontextualizador del reclamo del general de 4 estrellas. Ya se habla, cierto o no (lo más seguro es quién sabe, diría Manuel Bernardo Aguirre) de desencuentros con su colega el responsable de la política y seguridad interior.
Lo curioso fue que, como por milagro, al igual que en el congelamiento de la iniciativa de matrimonios igualitarios, el Congreso de inmediato reaccionó, pero al contrario. Ya anunció que en un periodo extraordinario dará gusto al Ejército, aunque por ahora, debido a las fiestas de fin de año, el general Cienfuegos tendrá que esperar sendos foros para que los expertos en seguridad interior y Fuerzas Armadas opinen hasta el hartazgo.
Desde luego él y su gente ya están metiendo mano a los fierros como queriendo pelear. Se entiende que, por fierros, me refiero a computadoras no a fusiles. Se trata de aligerar la chamba de Humberto Castillejos, no vaya a ser que el consejero jurídico salga con otro domingo 7, como la oportunísima iniciativa de matrimonios igualitarios y en lugar de provocar una rebelión de curas se supere a sí mismo y consiga una histórica de soldados.
Por su condición de presidente de un Poder autónomo de la Federación, el ministro Aguilar se fue por la libre, pues en teoría, sólo en teoría, nada lo sujeta al Ejecutivo.
A diferencia del general Cienfuegos que con todo y sus 4 estrellas estaba obligado a consultar con el Presidente Peña Nieto, el de la Suprema Corte de Justicia sólo repitió con abundancia de palabras la ya famosa frase del ex procurador Jesús Murillo Karam: estamos cansados. Supongo que el cansancio les viene de cargar con la chamba que no hacen los policías de Osorio Chong, ni de los gobernadores y presidentes municipales. Supongo también que además de hablar por el Ejército y la Fuerza Aérea lo hizo también por la Marina Armada de México.
DURA LEX, SED LEX
De las tres rebeliones la que parece menos riesgosa es la del Poder Judicial, pues los jueces pueden esperar otro poco con su sobrecarga de trabajo, en tanto que la de los curas sólo pudo ser medida en Aguascalientes y se estima que en las elecciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit no tendrán mayor incidencia.
Sin embargo, la exigida por el general Cienfuegos ha metido ruido al interior del gobierno, en medios académicos y en los grupos sociales que tienen que ver con libertades y derechos humanos.
Nadie escatima elogios a la sacrificada labor de soldados, marinos y fuerza aérea en la lucha contra el crimen, ni menosprecia las cuantiosas bajas humanas sufridas ejerciendo labores policíacas, pero como las voces castrenses sólo hablan de la necesidad de normatizar su presencia fuera de los cuarteles y no dicen en qué sentido les gustaría que actuaran los legisladores, no hay quién se atreva a dar el primer paso. No vaya a ser que les demos de más o de menos.
¿Hasta dónde quieren que llegue la reglamentación de la Fracción VI del Artículo 89 Constitucional?
A los curas les abrieron las puertas con la reforma al 130 Constitucional y ya no hay forma de regresarlos a las sacristías, que sería lo deseable; al contrario, quieren más espacio, como cualquiera sabe.
Pero en el caso de los militares, no sabemos qué quieren a cambio de no regresar a los cuarteles.
Lo único que sabemos los civiles es que nadie está dispuesto a perder libertades en nombre de una legislación, llamémosle ley patriótica, como ocurrió en Estados Unidos a pretexto del combate al terrorismo.
Si la legislación secundaria llegara a estos extremos, lo aconsejable es que Osorio Chong siga sin apurar a los solícitos legisladores que aprueban o congelan, conforme sea la consigna, y dejemos al texto constitucional como está.
Lo que ya dice faculta al Presidente de la República para utilizar a la totalidad de las Fuerzas Armadas en garantizar la seguridad interior.
Y en esto, que no lo dude Osorio Chong que soporta el fuego graneado en reuniones privadas y en los medios de comunicación, los civiles preferimos que la ley permanezca en los términos redactados por el Constituyente de 1917.
Es preferible esperar la capacitación policíaca, por más que avance con lentitud desesperante, a renunciar a las libertades que tanto nos han costado.
Es correcto afirmar que la ley no dice que los militares hagan labor policíaca, pero si el Comandante Supremo lo ordena deberán hacerlo, en auxilio siempre del Ministerio Público, so pena de incurrir en insubordinación.
El texto constitucional no da opción a la interpretación; su claridad es palmaria.
Y como el Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, es apenas lógico que sus órdenes sean acordes al texto y espíritu de la ley.
Para decirlo de otra manera, si no existe legislación secundaria, es suficiente con ajustarse a lo básico: garantizar la seguridad interior cumpliendo la ley.
No hay de otra; no puede haber de otra. ¿Es injusto? Puede ser. ¿Es esforzado? Sí. ¿Peligroso? Desde luego, pero es la ley.
Dura lex, sed lex.