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Despertar

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No duró más de diez segundos. Ocho palabras que cambiarían el futuro de México. La calle y los informados lo pedían. Al final, privó la sensatez. Nunca tan pocas palabras habían beneficiado tanto a decenas de millones de mexicanos.

 

11 de Diciembre de 2018

El panorama era catastrófico. En el muy eficaz e irresponsable manejo de símbolos del nuevo gobierno, como abrir Los Pinos o vender el avión presidencial, hubo un grave error. Texcoco no era un símbolo de oprobio, todo lo contrario. La obra representaba superar un atasco en infraestructura, crecer más, representaba la posibilidad de competir, de no rezagarse frente al mundo atendiendo la necesidad de decenas de millones de usuarios anuales, representaba sentido común: ni un peso fiscal en la obra y —por ende— la decisión, a todas luces popular y correcta, de emplear esos dineros en obra pública y servicios que no encuentran financiamiento privado. Representaba, además, la seriedad del gobierno mexicano frente a la comunidad financiera internacional. México cumple sus compromisos.

Lograr ese prestigio, seriedad, nos había llevado más de tres décadas y estuvo a punto de perderse en días. Durante semanas caminamos al borde del abismo, al no corregir la insostenible decisión de Santa Lucía, las demandas anunciadas eran ya múltiples y multimillonarias, las calificadoras lo habían advertido, el premio de los bonos mexicanos tendría que subir, con ello, el costo para el gobierno sería motivo suficiente para reconsiderar las calificaciones. En los días previos se habían vivido presiones contra el peso, los bancos registraban ya la solicitud de sus inversionistas de protegerlos en otras denominaciones, el banco central tendría que aumentar su tasa de referencia de nueva cuenta para tratar de compensar el efecto negativo de la desconfianza, eso repercutiría en la baja inversión y crecimiento. El alud se anunciaba con claridad.

Además, la decisión, implícitamente, enmendaba la pésima imagen de ser un incipiente gobierno demagogo y, peor aún, fraudulento, al invocar consultas a modo, engañosas, amañadas, ofensivas por falsas, que contradecían las mediciones serias de la opinión pública y mostraban un carácter mafioso y antidemocrático, autoritario, para algunos era anuncio dictatorial. Los beneficios de corregir le darían al flamante presidente y a su equipo una nueva oportunidad de bautizarse con un halo democrático y disipar dudas.

Era uno de esos momentos determinantes, como los habíamos vivido en sentido negativo con los manotazos de “ya nos saquearon, no nos volverá a saquear”. La escena sería historia viva, pura, que cosecharían las futuras generaciones, pero que también se sentiría de inmediato en el bolsillo de los mexicanos. ¡Qué magnifica forma de comenzar el día, de terminar el año! Allí estaba él, solo, parado en el templete, mostrando aplomo digno de un hombre de Estado, reconociendo, en los hechos, el muy grave error. Qué mejor manera de confirmar que la decisión popular —su triunfo— había sido correcta, que estaba dispuesto a sacrificar el ego personal por una visión de largo plazo. Dijo querer ser un buen presidente. Corregir le traería una andanada de apoyos, porque dos de cada tres mexicanos quieren Texcoco. Todo cambiaría: NAIM, de tumba a monumento.

Sin inmutarse, con una tarjeta blanca en las manos, fue pasando de tema en tema y, cuando nadie lo esperaba, salió de sus labios: “Hemos decidido continuar con el aeropuerto de Texcoco”. Por supuesto, la responsabilidad era del acoso de la mafia, ésa fue su escapatoria. Allí me desperté complacido y tranquilo. Pero, en minutos, estaba inmerso en el horror.

La pesadilla continuaba ahogando a la República. Nos amanecimos con ofensas al Poder Judicial, al que calificó de deshonesto, haciendo un uso mentiroso de sus salarios. Por fortuna, el ministro Pérez Dayán le plantó cara en el asunto de la Ley de Remuneraciones, para bien de la República. De pasada, también había ofendido al INAI, tildando a la institución de inútil, vilipendiando así un logro democrático de largo aliento. En la lista de ofensas institucionales habría que agregar al INEE, al cual amenaza con su desaparición, deformando, en sus dichos, su costo, y olvidando sus relevantes funciones. Es claro que no quiere evaluaciones independientes, que no comprende —ni quiere— la función de los órganos autónomos y reguladores. La andanada destructora no cesa, se lanzó, irresponsablemente, contra el TEPJF por la decisión en Puebla. ¿Rectificar jamás? Al contrario, no para en su marcha destructora y su desmesura no tiene límites. AMLO le ha costado ya a México alrededor de 45 mil millones de dólares. Los presupuestos del INAI y del INEE juntos no llegan a 300. ¿Austeridad republicana o estrategia de aniquilamiento de los contrapesos, de concentración de poder?

Triste despertar. Las dudas se confirman.

Legado peñista: amparos de militares en retiro

 

Legado peñista: amparos de militares en retiro

 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Andrés Manuel López Obrador hereda del gobierno peñanietista un cúmulo de juicios de amparo de militares en retiro a quienes se les ha negado el derecho de ascenso por haber dejado las Fuerzas Armadas.

De 2013 a la fecha se han presentado ante tribunales en diversas partes del país numerosos juicios de amparo contra el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Soberón, a quienes se acusa de violar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas al negarle al personal militar en retiro el derecho de obtener ascensos.

El tema llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió el pasado 11 de mayo, al analizar una controversia constitucional, que la Secretaría de la Defensa (Sedena) violó los derechos de sus integrantes en retiro. 

Sin embargo, la resolución no ha sido acatada pues, según algunos mandos afectados, los exconsejeros jurídicos de la Presidencia, Humberto Castillejos, y de la Sedena, Alejandro Ramos, cabildearon con jueces y magistrados para que se detuvieran los amparos.Según fuentes militares consultadas por este semanario, no hay una versión oficial de las razones por las cuales el general Cienfuegos decidió no acatar los artículos 27 y 16 de la ley castrense, que le otorga el derecho a un efectivo militar de ascender en automático al puesto superior a la hora del retiro y de esa manera recibir mejores prestaciones.

La decisión del general Cienfuegos, sin embargo, sorprendió en todos los niveles de mando de las Fuerzas Armadas, pues se aplicó sin previo aviso.

A partir de entonces comenzaron a presentarse las demandas de amparo contra Peña Nieto; según los militares consultados son cientos los casos, aunque algunos de ellos no han seguido el litigio por los gastos económicos que ello implica. 

Pero luego de que la SCJN resolvió a su favor, aumentaron los juicios contra Peña Nieto –quien fue el jefe supremo de las Fuerzas Armadas– y también contra el almirante Soberón, por ser parte de las mismas, y contra Cienfuegos, quien decidió no acatar la ley militar.

Tretas legales

Los afectados por la decisión de Cienfuegos explican al reportero que una vez que se presentaron los primeros juicios de amparo, en 2013, los altos mandos del Ejército modificaron el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para impedir que los militares que pasaran a retiro pudieran portar las insignias del grado inmediato superior.o dicho cambio va en sentido contrario al artículo 27 de la misma ley, que señala que “los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicio en relación con el tiempo en el grado…”, precisa uno de los afectados.

En el amparo en revisión RA-370/2014-6362, tramitado ante el juez decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se señala la inconstitucionalidad del artículo 16 del Reglamento de la Ley Militar modificado por el general Cienfuegos el 10 de mayo de 2013: “Viola el principio de subordinación jerárquica al ir más allá de lo dispuesto por el diverso 27 de dicha ley, en específico, porque el mencionado reglamento acota el beneficio de ascender al grado inmediato cuando se pase a situación de retiro únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, siendo que la ley no lo limita al beneficio económico, sino que abarca todos los aspectos relacionados con la situación de retiro, entre los que se encuentra la obtención de la patente de grado correspondiente”.

Varios militares de alto rango consultados por Proceso señalan que se han acumulado las demandas de juicio de amparo por los afectados y aunque algunos, por cuestiones económicas, desistieron en el pasado de mantener sus reclamos en tribunales, otros decidieron continuar, con la esperanza de obtener los beneficios que marca la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“De esta forma muchos mandos comenzaron a combatir la injusta orden del general Cienfuegos a través de sus abogados en tribunales en toda la República, obteniendo resultados disímbolos, producto de distintos criterios jurídico-administrativos de jueces y tribunales”, indica uno de los mandos consultados, quien pidió el anonimato ante eventuales represalias.

Señala que fue evidente el cabildeo que hicieron ante tribunales Castillejos y Ramos para detener las demandas de amparo.

Alejandro Ramos Flores es señalado como el autor de la estrategia de contención mediante una labor de zapa con funcionarios de la SCJN y otros servidores públicos, para que las demandas de amparo prosperaran.

“Sin embargo, el resultado fue ambivalente y muchos magistrados y jueces mantuvieron una postura íntegra y decidieron a favor de los afectados y de la justicia. Ante esta situación, tanto a Castillejos como al (ex)asesor jurídico de la Secretaría de la Defensa no les quedó más remedio que acudir a textos plagados de tecnicismos para no acatar las determinaciones de los ministros, jueces y magistrados”, explica el mando militar.

No obstante, ante la diversidad de criterios y la existencia de la contradicción de tesis 37/2016, destaca que la SCJN ordenó la integración de un pleno en materia administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, integrado por 20 magistrados, para resolver sobre el tema.

Dicho pleno tuvo lugar en septiembre de 2016 con la ponencia del magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla y la presencia de 19 magistrados , registrándose una votación de 15 a 4 a favor de los militares amparados, emitiéndose en el Semanario Judicial de la Federación el resultado en el cual se declara que el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas viola el principio de subordinación jerárquica al alterar y/o modificar el contenido de la ley, dejando en claro que en lo subsecuente no se debería de aplicar en casos análogos”, dice la fuente castrense.

Pese a esta resolución de la Suprema Corte, los abogados militares intentaron dar una salida al diferendo con acuerdos que se contradecían entre sí, pues en algunos se precisaba el grado al que ascendía el mando en retiro y en otros no.

“Los abogados militares le propusieron al general Cienfuegos un texto amañado que evade el cabal cumplimiento de lo resuelto por el pleno de los magistrados y que coloca a los demandantes en estado de indefensión y falta de certeza jurídica”, agrega.

El mando militar señaló que al no ser claros en su contenido y emitir criterios ambivalentes, la segunda sala de la SCJN emitió el pasado 11 de mayo una jurisprudencia ordenando que en dichos acuerdos, emitidos y firmados por el secretario de la Defensa Nacional, debería precisarse el grado al que el militar pase en situación de retiro.

“Si el acuerdo administrativo de que se trata constituye un acto de autoridad que define unilateralmente la situación de retiro de los militares, resulta necesario que en él se fije con claridad el grado que servirá de base para otorgar y calcular los derechos propios de esa situación de retiro, a efecto de cumplir con el principio de legalidad reconocido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y evitar que exista incertidumbre en el goce y ejercicio de los derechos a que se accede con el retiro”, refiere la resolución 28813 publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

Pese a esta resolución de la SCJN, en la Sedena no han dado marcha atrás a la decisión de no reconocer los derechos de los efectivos militares en retiro.

“Esta actitud representa una forma grotesca de abuso de poder de la Secretaría de la Defensa. Ojalá que el nuevo Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión enfoquen su atención a este desbalance de poderes y ajusten conductas autocráticas, caprichosas y excesivas de todos y cada uno de los funcionarios”, señala un alto mando que tiene un amparo a su favor.

Insiste: “Los hechos y los documentos están a la vista, son públicos; sólo hace falta la voluntad sensata y desinteresada para corregir el mal causado a tantos por caprichos de pocos”.

Este texto se publicó el 9 de diciembre de 2018 en la edición 2197 de la revista Proceso.

México y Venezuela, el cinismo judicial frente al caso Odebrecht

 

 

 

 

 

 

México y Venezuela, el cinismo judicial frente al caso Odebrecht

BOGOTÁ (apro).- No es casualidad que México y Venezuela sean los países latinoamericanos donde menos consecuencias han tenido las denuncias sobre los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de millonarios contratos gubernamentales.

La actuación de los aparatos judiciales frente al caso Odebrecht en esos dos países ha sido tan sospechosamente lenta, que es imposible desvincularla de un contexto más general: México y Venezuela figuran entre los 30 países más corruptos del mundo

Venezuela, que según el índice de Transparencia Internacional es el país más corrupto de América Latina, no existe ninguna investigación oficial sobre los sobornos de Odebrecht, a pesar de que ejecutivos de la constructora confesaron haber hecho pagos por 98 millones de dólares a altos funcionarios del régimen.

Y en México, el quinto país más corrupto de la región en la lista de Transparencia Internacional, sólo un exfuncionario, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, está siendo investigado.

Lozoya, quien fue coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, habría recibido 10.5 millones de dólares entre ese año y 2016 para ayudar a Odebrecht a obtener contratos, según declaraciones juradas de tres exejecutivos de esa empresa.

El año pasado, diputados de Morena denunciaron a Lozoya ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuando esa dependencia estaba a cargo de Raúl Cervantes Andrade, el llamado “fiscal carnal”.

Una denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la otra en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), pero el caso se ha movido en cámara lenta, en contraste con lo que ha ocurrido con las denuncias en otros países latinoamericanos.

México y Venezuela han sido dos lunares en la región desde que hace dos años, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, según testimonios de altos ejecutivos de Odebrecht, esa constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos por más de 100 proyectos de obra pública en 11 países de América Latina.

Transparencia Internacional destacó en su informe de este año que el caso Odebrecht se ha traducido en sanciones judiciales “contra empresarios y figuras políticas en los más altos niveles en Brasil, Ecuador y Perú”.

En Brasil, donde la constructora habría pagado sobornos por 349 millones de dólares, está en la cárcel el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la destituida expresidenta Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer están investigados y decenas de políticos, empresarios y exdirectivos de empresas estatales ya fueron sentenciados por peculado o están bajo proceso penal.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas, el político más cercano al expresidente Rafael Correa, fue condenado a seis años de cárcel bajo cargos de aceptar sobornos, y el propio exgobernante, que reside en Bélgica, fue requerido por la justicia de su país para responder por “delincuencia organizada” por su presunta participación en el caso.

En Perú, están procesados penalmente por la trama de Odebrecht los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y la líder opositora Keiko Fujimori está en prisión bajo cargos de recibir fondos de la constructora brasileña para financiar su campaña en 2011.

Además, Pedro Pablo Kuczynski se vio orillado a renunciar como presidente de Perú en marzo pasado tras ser acusado de recibir pagos de Odebrecht a cambio de una consultoría.

En Panamá, hay 36 personas procesadas, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli y tres de sus exministros.

También en Argentina, República Dominicana y Guatemala hay varios funcionarios de alto nivel sometidos a investigación.

Y hasta en Colombia, donde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es señalado por la oposición política de bloquear una investigación contra el mayor conglomerado empresarial del país, el Grupo Aval, por su eventual participación en los sobornos de Odebrecht –que fue su socio en ese país–, hay 91 procesados, 18 de ellos privados de su libertad.

México y Venezuela: la inacción

La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, ha señalado que en su país nada va ocurrir con el caso Odebrecht mientras se mantenga en el poder el presidente Nicolás Maduro, a quien ella acusa de recibir de la constructora 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013.

Ortega, quien está exiliada en Colombia, ha dicho que, a cambio de ese financiamiento ilegal, Odebrecht recibió en Venezuela “jugosos contratos de obras que no se terminaron y que hoy son monumentos a la corrupción”.

Maduro no está investigado en su país, pero el llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, integrado por magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, lo sentenció en agosto pasado a 18 años de cárcel por recibir fondos de la constructora brasileña.

En México, una nota de Proceso del reportero Mathieu Tourliere daba cuanta la semana pasada que Emilio Lozoya, el único investigado por el caso Odebrecht en ese país, obtuvo un amparo con el que la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberá decidir si ordena o no su captura.

La Fepade tiene 40 días naturales para practicar las diligencias que estime necesarias en el caso y tomar una decisión.

El juzgado de distrito que otorgó el amparo consideró que la Fepade ha tenido el tiempo suficiente para hacer una investigación exhaustiva e imparcial y determinar si se ejerce o no la acción penal contra Lozoya

No caer en provocaciones pide a jueces el ministro Pardo Rebolledo

 

“No caer en provocaciones”, pide a jueces el ministro Pardo Rebolledo 

POR  , Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el máximo tribunal del país, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pidió a los jueces “no entrar en la arena de la batalla política” para defender sus resoluciones, ni “caer en provocaciones” aunque sean objeto de “agresiones y críticas injustificadas”.

En plena confrontación con los poderes Ejecutivo y Legislativo por la Ley Federal de Remuneraciones, que prevé la reducción de sueldos en todo el aparato público, el ministro demandó al mismo tiempo el respeto al equilibrio de poderes.

Pardo Rebolledo fijó esa postura en una reunión del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –que representan la máxima representación del Poder Judicial Federal–, durante la toma de protesta de 30 nuevos jueces y magistrados de distrito.

Aspirante a presidir ambas instancias a partir de enero próximo, Pardo hizo el llamado un día después de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal se expresó públicamente en diferentes estados de la República en contra de la reducción de sus ingresos prevista en la Ley de Remuneraciones. “La mejor defensa de los jueces es su prudencia y la dignificación de su tarea, y en la reserva y discreción que imperan en sus actos; es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica por más injustificada que ésta sea”, expresó el ministro.

En una larga intervención aderezada de experiencias y acuerdos internacionales, así como de la historia nacional de defensa de la independencia y autonomía de los jueces, Pardo señaló que los jueces mexicanos “en todo momento debemos hacer honor (al) juramento y bajo ninguna circunstancia entrar a la arena de la batalla política en defensa de sus fallos”.

Nuestro deber es no esperar otra protección que la otorgada por la Constitución, “lo que no impide que puedan expresarse en defensa de sus propios derechos”.

Añadió: “Debemos confiar en que existe una conciencia social que entiende que una democracia no puede existir sin un Poder Judicial sólido, autónomo y apto para defender a las personas de la arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia”.

Los jueces deben actuar “sin esperar defensa externa alguna”, dijo Pardo en su discurso, marcado por la confrontación política y judicial con la mayoría de Morena en el Congreso, a raíz de la Ley de Remuneraciones aprobada por esa mayoría oficial legislativa para que ningún funcionario público gane más que el titular el Ejecutivo, como lo estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se fijó un sueldo de 108 mil pesos mensuales.

“La mejor manera de defender nuestra autonomía e independencia no es otra que hacer de la mejor forma lo que nos compete, y esto es impartir adecuadamente justicia pronta, completa e imparcial”, recalcó el ministro.

Y aunque reconoció que se deben hacer modificaciones en el Poder Judicial para transparentar sus actuaciones y sancionar las irregularidades, defendió el sistema de designación de los jueces y magistrados.

El senador oficialista, Ricardo Monreal, quien ha dicho que el Poder Judicial necesita “una sacudida”, propuso una iniciativa para rotar a los jueces y magistrados para que permanezcan entre tres y seis años en un tribunal. Según el senador, la medida evitaría el nepotismo.

Pardo agregó: “Ningún poder se encuentra por encima ni por debajo de otro, y el equilibrio entre los tres poderes descansa en el absoluto respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades”.

 

 

Monreal y Delgado truenan contra la SCJN y advierten: sí se ajustarán salarios

 

Monreal y Delgado truenan contra la SCJN y advierten: sí se ajustarán salarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocerse la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta que revise su constitucionalidad, legisladores morenistas levantaron la voz y aseguraron que habrá reducciones en los salarios.

El más enfático fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien afirmó que en el decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.No obstante, la suspensión, admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán, implica que los diputados están impedidos de elaborar el presupuesto con los recortes salariales que quería el gobierno de López Obrador.Con esa determinación, el Congreso tendrá que elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación como lo hizo para el ejercicio fiscal de 2018. Lo que sí podrán hacer es incrementar los salarios a los burócratas que ganan menos, como lo prometió el presidente.

En una cascada de mensajes, Delgado defendió la llamada “Austeridad Republicana” y lanzó incluso críticas contra la oposición: “Ojalá y como defienden los excesos y privilegios de la burocracia dorada, los senadores del PAN, PRI, PRD y MC defendieran al pueblo. No entienden que México ya cambió. ¡La #AusteridadRepublicana va!”.

El legislador morenista insistía en su cuenta de Twitter, ante un carrusel de entrevistas en medios: “Las y los diputados vamos a establecer los topes a los salarios en el #Presupuesto2019”.

De la misma manera reaccionó su par en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, quien calificó de una farsa la suspensión de la Corte.

“Inverosímil, la fuerza jurisdiccional y política que se resiste a la austeridad. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa”.

En otro mensaje, plasmó: Confirmado: la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones (que establece que ningún servidor público gane más que el #PresidenteDeMéxico ) fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la @SCJN. Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?

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