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Aspira México al fortalecimiento de la Celac

Con el deseo de revitalizar las funciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), México presentó a los embajadores de los países acreditados en el organismo multilateral una agenda a desarrollar a partir del año 2020, en que asumirá la presidencia pro témpore.

Así lo dio a conocer el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, a través de su cuenta en Twitter, quien escribió: «Compartimos esta mañana (jueves) con nuestros embajadores acreditados en México las propuestas para la presidencia pro témpore de nuestro país en la Celac 2020».

El Gobierno de México, durante su presidencia pretende fortalecer el espacio para que los 33 países miembros de la organización puedan fomentar el diálogo común, el respeto, la solución pacífica de los conflictos y la defensa de los verdaderos intereses de la región.

La integración regional y la defensa de la paz en América Latina y el Caribe fueron los principales mandamientos con los cuales fue constituida la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La idea inicial para la concreción de este mecanismo intergubernamental surgió en febrero de 2010, durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en Playa del Carmen, México. Un año más tarde, durante la Cumbre de Caracas, quedó constituida definitivamente la Celac, que celebró su primer certamen oficial en Chile, en enero de 2013.

Cuba funge como miembro fundador de la organización, asumió la presidencia en 2014 y ha sido promotora de una Zona de paz para la región, proclama que fue acordada durante la ii Cumbre de la Celac efectuada en La Habana.

No toques a los niños ni siquiera con el pétalo de una rosa.

Los senadores le ponen fin a la temida chancla

Por unanimidad de 114 legisladores, el pleno del Senado prohibió por ley el uso de manazos, nalgadas, cachetadas y todo tipo de violencia física en la crianza de los menores de edad

27/11/2019 05:00  LETICIA ROBLES DE LA ROSA
 
 
  
Los senadores le ponen fin a la temida chancla
 

Según el Inegi, en México 25.7% de la población son jóvenes; 66.8% no asiste a la escuela y 59.5% trabaja en el sector informal. Foto: Daniel Betanzos/Archivo

 

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CIUDAD DE MÉXICO.

Por unanimidad de 114 legisladores, el pleno del Senado prohibió por ley el uso de manazos, nalgadas, cachetadas y todo tipo de violencia física en la crianza de los menores de edad y con 113 votos en favor avaló una reforma constitucional para garantizar el derecho al desarrollo integral de la juventud.

En el dictamen de la reforma a la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Senado establece que el castigo corporal y otras formas humillantes de castigo son todavía usadas como medios de disciplina. En México, refiere, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes, de entre uno y 14 años, han experimentado algún método de disciplina violenta.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, informó que Unicef afirma que la incidencia de niñas que son asesinadas en sus casas es cuatro veces mayor que el de varones; según cifras del Inegi, entre 2012 y 2017 fueron asesinados casi dos mil 600 menores de 15 años, 42% de ellos a manos de algún familiar en sus hogares o por maltrato.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera, expresó que el objetivo de esta reforma es contribuir al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano sobre los derechos de la niñez.

En tanto, al presentar la reforma en materia de juventud, Lilia Margarita Valdez afirmó que el objetivo del dictamen es reconocer el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral y contar con una normatividad que les otorgue protección efectiva.

Ambas reformas fueron turnadas a los diputados.

¿Es sostenible este asistencialismo?

¿Es sostenible este asistencialismo?

Bitácora del director

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

¿Es sostenible este asistencialismo?

 

 

28 de Noviembre de 2019

Los programas sociales manejados por la Secretaría del Bienestar están en la cima de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia, a cargo de María Luisa Albores, obtuvo un incremento de 4.8% de su partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, un total de 181 mil 457 millones de pesos.

De ese monto, 126 mil millones se destinarán al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que paga dos mil 550 pesos bimestrales a 8.5 millones de personas. El programa, antes denominado “70 (años) y más”, estaba destinado originalmente a atender a los ancianos pobres de comunidades rurales que no tuviesen ningún tipo de pensión.

Durante el sexenio pasado, se amplió el número de beneficiarios, de tres a cinco millones: todas las personas de 65 años de edad en adelante, mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que no recibiesen pensión mayor a 1,092 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. Cada una de ellas cobraba un apoyo económico bimensual de mil 160 pesos.

En su campaña electoral, el hoy Presidente –quien creó este tipo de beneficio durante su periodo como jefe de Gobierno capitalino– se comprometió a elevar al doble el monto de la pensión, así como a universalizar la entrega.

Eso llevó a aumentar de cinco a 8.5 millones el número de beneficiarios, y de mil 160 a dos mil 550 pesos la cantidad entregada cada dos meses a toda persona de 68 años de edad y más, salvo el caso de quienes viven en comunidades indígenas y de afrodescendientes, donde el beneficio comienza a partir de los 65 años.

La Secretaría del Bienestar informó que de enero a octubre de este año, el monto erogado por este programa sumó 96 mil 300 millones de pesos. Como digo arriba, para 2020 se tienen presupuestados 126 mil millones de pesos.

Sin poner a discusión la justicia de este apoyo –que se entrega de forma universal–, sí conviene preguntar qué tan sostenible es el mediano plazo.

El 4 de noviembre, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que la pensión para adultos mayores aumentará cada año de acuerdo con la inflación.

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, se espera que el número de personas de la tercera edad prácticamente se doble entre 2015 y 2030, cuando alcance los 20 millones.

Si aplicamos una tasa de inflación de 3% anual al actual monto de dos mil 550 pesos bimestrales, la pensión llegaría a los tres mil 427 pesos. Y si duplicamos el número actual de beneficiarios del programa, la cantidad que se le tendría que destinar en 2030 sería de casi 350 mil millones de pesos, o 177% más.

En un contexto en el que aumentan anualmente el servicio de la deuda y el pago de pensiones del sistema de reparto, el espacio fiscal se reduce. ¿Puede México financiar programas sociales sin una reforma hacendaria que aumente los recursos presupuestales y sin sacrificar la necesaria inversión en infraestructura? No parece posible.

Más allá de si el propósito de programas como éste es procurar la justicia social o construir clientelas electorales, ahí hay un debate ineludible, si no se quiere meter en aprietos al país.

No poner esto a discusión, y apostar al “ya se verá de dónde sale” a la hora de generar derechos que legalmente no se pueden conculcar, resulta una gran irresponsabilidad.

 

 

 BUSCAPIÉS

“Cuando se invoca el término ‘crimen de Estado’, muchas veces hay confusión considerable sobre exactamente a qué se refiere”, escribe el experto David O. Friedrichs, de la Universidad de Scranton, en su ensayo Rethinking the Criminology of Crimes of States (2015). “Se requiere claridad en los términos, de quién actúa específicamente y quién se beneficia especialmente de los crímenes en cuestión”.

¡A sus órdenes jefe!

 

¡A sus órdenes jefe!

El Presupuesto 2020 se aprobó, casi sin cambios. Pemex recibe recursos para aumentar su producción

 

23 de Noviembre de 2019

 

Quedó claro ayer que los legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia se mantienen alineados al presidente Andrés Manuel López Obrador, aun si están en desacuerdo con la línea de Palacio Nacional.

El Presupuesto 2020 se aprobó, casi sin cambios, con trescientos dos votos a favor, de los diputados de la Coalición, sesenta y cinco en contra, del PRI, MC, PRD y una abstención. Los panistas  no asistieron a la maratónica sesión (nueve horas).

No es un secreto que diputados de Morena, Encuentro Social y PT sostuvieron, hace dos semanas, un tenso encuentro con el Presidente en Palacio Nacional. 

Los más atrevidos le manifestaron al primer mandatario su descontento por la distribución de recursos y hasta le chiflaron, según asistentes que pidieron el anonimato.

El Presidente acusó a los inconformes de “conservadores” y “corruptos”. Abandonó el cónclave molesto. Ni siquiera se despidió, según los testimonios.

Después vino el episodio de la “carta de apoyo a López Obrador” para aprobar, sin cambios, el PEF. Mario Delgado pidió a sus diputados que la firmaran. Una forma de coaccionar a los inconformes.  Funcionó el apretón.

Lo ocurrido en la Expo Santa Fe  puede ser ilustrado con la cantinflesca frase: ¡A sus órdenes jefe!

 

  •  A lo largo del proceso, los legisladores intentaron hacer cambios a la propuesta de la SHCP. Querían llevar recursos a sus distritos. En poco más de año y medio habrá comicios intermedios y ya es legal la reelección. Fue inútil. 

Las pequeñas reasignaciones se utilizaron mayormente para reforzar los programas clientelares de Andrés Manuel.

Las presiones de los alcaldes y las universidades públicas apenas alcanzaron para que se les igualara el Presupuesto al de 2019.

A las organizaciones campesinas ni caso les hizo, a pesar del bloqueo que impidió sesionar en San Lázaro.

En total sólo fueron reasignados 17 mil millones de pesos, según Mario Delgado. Una bicoca si tomamos en cuenta que el Presupuesto 2020 asciende a 6 billones de pesos.

No hay duda que López Obrador es poderoso. Hasta ahora ha sido capaz de controlar las presiones. Su popularidad es alta, pero los números muestran que ya no es teflón. Ha perdido alrededor de diez puntos de aprobación desde los acontecimientos en Culiacán, según Mitofsky y El Universal.

 

  •  En el extranjero surgieron los primeros análisis del paquete económico aprobado en México. El Grupo Eurasia, experto en detectar riesgos para los inversionistas, destaca:

-Las perspectivas de estabilidad fiscal siguen siendo desafiantes. Primero, porque los supuestos de ingresos (que plantea el paquete) no son realistas y los objetivos serán difíciles de cumplir, dada la insistencia de López Obrador en asegurarse de que su agenda de gastos se cumpla.

-Pemex recibe suficientes recursos para aumentar la producción. Quizá pueda administrar el proceso, si el deterioro es gradual.

-López Obrador probablemente se mantendrá en sus planes de no aumentar los impuestos antes de las elecciones del 2021.

  -No se descarta que se  produzcan reducciones de las reservas fiscales (como los fondos de estabilización del gobierno)  para hacer frente a las demandas de gasto.
-Las perspectivas fiscales serán cada vez más difíciles. Será complicado contener las crecientes demandas de gasto, vaticina Eurasia.

 

  • A mediados de noviembre, organizaciones que promueven el uso de energías renovables, entre ellas GreenPeace y México Evalúa, publicaron un desplegado dirigido al Presidente.

En esa publicación ponen en entredicho a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad. Las acusan de rechazar energías renovables (sol, viento.) Pero también de cancelar subastas, hacer cambios en las reglas de la industria para que los privados no les  compitan.  “Con políticas que privilegian a las energías fósiles, la CFE y la SENER acentúan aún más nuestra ya elevada dependencia de gas natural importado de Estados Unidos”, dice el desplegado.

Diez días después de la publicación no ha habido respuesta. El tema no es prioridad en la 4T. Se preparan amparos en el sector privado y ya hay demandas, nos aseguran.

La embajada de EE.UU. es la máxima responsable de la desestabilización en Bolivia

Pueblo boliviano en pie de lucha pide renuncia del autoproclamado gobierno de Jeanine Añez.
Pueblo boliviano en pie de lucha pide renuncia del autoproclamado gobierno de Jeanine Añez. Foto: El Nacional

La embajada de Estados Unidos en La Paz ha sido la máxima responsable y promotora de la desestabilización del Estado Plurinacional de Bolivia, según dio a conocer el presidente Evo Morales en un tuit publicado el pasado 13 de noviembre.

Su mensaje dice: «Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a (Juan) Guaidó, ahora proclama a (Jeanine) Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde EE.UU.».
En otro mensaje en la misma red social, publicado este fin de semana, saludó y agradeció al Secretario General de la ONU, António Guterres, por nombrar al diplomático Jean Arnault como su enviado especial para dialogar con todas las partes y encontrar soluciones a los conflictos causados por el rompimiento del orden constitucional en Bolivia.

Al llegar Jean Arnault, enviado del Secretario General de la onu, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Añez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país.

En la nación sudamericana diputados del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo de la presidenta autoproclamada Jeanine Añez, que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal para asesinar y masacrar a la población que protesta en las calles.

«Este decreto es una licencia para matar. Es anticonstitucional», puntualizó la diputada Sonia Brito, según recoge la agencia de noticias boliviana Fides. Ella convocó a la policía y al ejército a no infringir el Estado, de Derecho, ni la Constitución Política del Estado, porque ya se ha provocado la muerte de más de 25 personas.
Además, piden la libertad inmediata de los detenidos injustamente, entre ellos dirigentes y autoridades electas democráticamente, y la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días.

Mientras, las fuerzas progresistas, integradas por los indígenas, campesinos, mineros y cocaleros emplazaron a la autoproclamada presidente Jeanine Añez para dimitir en un plazo de 48 horas, entretanto mantienen las movilizaciones con bloqueo total en las carreteras interdepartamentales e interprovinciales a nivel nacional.
Además, los dirigentes cocaleros han rechazado el Decreto Supremo que autoriza a militares a responder con ataques armados y les garantiza inmunidad judicial, y han pedido respeto para la bandera indígena, la wiphala.
Como parte del desmonte de lo alcanzado por Bolivia, la canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, informó la retirada del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), además de cesar a un 80 % de los embajadores designados durante el mandato de Evo Morales. Todo ello presume la desarticulación de la integración alcanzada en el continente.

Los países del ALBA denunciaron con anterioridad la injerencia de EE.UU. y sus aliados en los hechos ocurridos en la nación andina y llamaron a condenar el golpe de Estado.

Hoy la situación en Bolivia sigue siendo caótica, a raíz de los cortes de rutas en varias regiones se siente el desabastecimiento de comestibles en los mercados y existe una especulación en los precios con el combustible por su escasez. Esto provoca una disminución en la transportación vehicular.

Por su parte, el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en un artículo de opinión publicado por el diario mexicano La Jornada, denunció el trato que han recibido los grupos indígenas desde la salida de Evo Morales del país y sentenció: «El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional».

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