16 de Noviembre de 2019

Ya estamos en el “limbo”. Venció ayer el plazo constitucional que tienen los diputados para aprobar el Presupuesto 2020. Tuvieron que aplicar el viejo truco de detener el “calendario legislativo”.

Mala señal para los mercados, los inversionistas y los mexicanos en general.

Los legisladores no pudieron sesionar para ejercer la facultad exclusiva —no subordinada a otro poder— de aprobar el gasto público para el año que entra. No hay condiciones.

Las organizaciones campesinas que tienen sitiado el Palacio Legislativo en demanda de más recursos amenazan con no moverse hasta que le adicionen al presupuesto 24 mil millones de pesos, mínimo, al campo.  

El impasse (callejón sin salida) se concretó con la línea clara, contundente, que salió de Palacio Nacional de no moverle a la propuesta enviada por la SHCP al Congreso.

La aprobación del presupuesto es la decisión más importante que tiene la Cámara de Diputados. Están obligados a aprobarlo en tiempo y forma.

Los diputados fueron convocados a sesionar el próximo 20 de noviembre. Hay que poner el ojo en el dictamen. Puede ser aprobado antes en comisiones. No se descarta buscar una sede alterna.

Las autoridades federales y locales se comprometieron a garantizar que haya condiciones para que la Cámara de Diputados pueda sesionar. Eso va implicar la contención de las alborotadas organizaciones campesinas. Las reuniones que se tenían programadas con sus representantes fueron suspendidas.

Sabemos que las declaraciones del Presidente no ayudan a la construcción de acuerdos. Dice que las organizaciones que se manifiestan en San Lázaro sólo quieren moches.

“Estamos en el Congreso Penélope. Lo que se construye por la noche se desteje en la mañana. No se pueden sostener posiciones a rajatabla. Tiene que haber apertura”, nos dijo el panista Marco Adame, vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Las autoridades federales y locales, por lo demás, se comprometieron a garantizar que haya condiciones para que la Cámara de Diputados pueda sesionar. Eso implica la contención de organizaciones campesinas.

 * Pese a que el 2019 se perfila como el año más violento en la historia de México, desde que se llevan estadísticas, el gasto en seguridad es sólo de 0.96% del PIB.

Colombia, por ejemplo, gasta 5% del PIB en este rubro, según un artículo que aparece en The Washington Post bajo la firma de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Este “dramático recorte” —así lo califica— ha empeorado la situación de crisis que el actual Presidente recibió.

Nosotros agregamos que ni la Guardia Nacional ni los programas clientelares —los dos pilares de la estrategia de seguridad de la 4T—, han revertido la situación de inseguridad que vivimos los mexicanos.

Allí están los casos de Minatitlán, Coatzacoalcos, Aguililla, Celaya, Iguala, Culiacán, los LeBarón…

Volvemos a lo publicado en WP:

“Los datos oficiales de enero a septiembre de 2019, comparados con el 2018, señalan que casi la totalidad de los delitos han crecido: desde homicidio doloso y feminicidio, hasta robo con violencia y narcomenudeo”.

Rivas subraya que el Presidente confunde reacción y aplicación de la ley, con represión.

* La 4T ya secuestró la autonomía de la CNDH. Le toca al Consejo de la Judicatura. Por el método de “cuotas y cuates”, que tanto denunció Morena, dos incondicionales de López Obrador se perfilan al Consejo de la Judicatura: Loretta Ortiz y Verónica de Gyvés. Ambas formaron parte de las ternas que envió el Presidente para la SCJN.

Hay decenas de aspirantes registrados. Algunos con excelentes trayectorias, pero sin las conexiones adecuadas. “Es un show. No son los mejores los que son nombrados”, escribió en WatsApp una senadora que participa en el proceso de elección.

El tema no es menor. El Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial