El enviado de Naciones Unidas para Bolivia, Jean Arnault, comienza hoy en Bolivia una serie de reuniones con el objetivo de impulsar la pacificación del país, frenar la violencia y preservar la vida, según confirmó.

«A partir mañana vamos a empezar a encontrarnos con una multiplicidad de actores políticos y sociales para conversar sobre estos dos lineamientos: el lineamiento de la no violencia, el lineamiento de la protección de la vida», afirmó la víspera el diplomático.

Tras reunirse con la presidenta transitoria del país suramericano, Jeanine Áñez, Arnault insistió en la necesidad urgente de contribuir de la mejor forma posible al objetivo de celebrar elecciones libres, transparentes e inclusivas.

Subrayó el representante de la ONU que al llegar a La Paz conoció de varios esfuerzos que calificó de 'alentadores' en la dirección de buscar una salida política.

Al respecto expresó la esperanza de que la ONU pueda hacer una contribución a ese proceso de pacificación en el camino de la convocatoria a unos comicios en que todos los actores se sientan comprometidos.

Emisario del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de acuerdo con un comunicado publicado el 14 de noviembre, Arnault tiene la misión de contactar con «todos los actores políticos» y ofrecer el apoyo del organismo internacional en la búsqueda de una solución pacífica a la situación de crisis surgida tras el derrocamiento del exmandatario Evo Morales.

Las autoridades provisionales de Bolivia insisten en que sus objetivos fundamentales son la pacificación del país y convocar a elecciones en el menor tiempo posible.

Arnault arribó a Bolivia en un contexto caracterizado por las contradicciones entre el Ejecutivo en funciones en Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó de «grave» el decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre.

Esta normativa deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan en los operativos contra los manifestantes partidarios del expresidente Morales.

Según la CIDH, el decreto «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta».

Al salir al paso a este punto de vista, que calificó de sesgado, el recién nombrado ministro de Defensa, Fernando López, argumentó que la CIDH no toma en cuenta el contexto y situación que se vive en Bolivia, donde según expresó actúan «grupos armados».