El tráfico de fentanilo en Norteamérica coloca a México en el centro de atención de una amenaza global, de la que nadie quiere la marca registrada para evitar que le endosen la factura de la crisis de opiáceos en EU, con más de 100 mil muertos al año. El “hecho en…” es como una bomba entre las manos, susceptible de explosionar por el choque de la potencia contra el que produzca o lleve a su país esta droga sintética.

La epidemia de sobredosis ya ha dado lugar a los mayores reclamos del gobierno de Biden a la maltrecha cooperación antinarcóticos con México y enfila contra los cárteles mexicanos (Sinaloa y CJNG) como principales responsables del trasiego de fentanilo. Incluso con iniciativas legislativas para declararlos grupos terroristas, cortarles el dinero y el amago de algunos republicanos de intervenir militarmente si el gobierno mexicano no hace lo suficiente para frenarlo.

El tráfico de fentanilo es explosivo y misterioso. López Obrador ha negado que se produzca en México, dado que los precursores llegan de China e India, como se sabe por aseguramientos de la FGR. Pero el gobierno chino de Xi Jinping dice que desconoce el tráfico ilegal entre ambos países, a propósito de una carta en la que el mandatario mexicano le pide ayuda para controlarlo, a solicitud de legisladores estadunidenses.

EU ha declarado la guerra al fentanilo y exige corresponsabilidad como un problema global, que requiere de cooperación antinarcóticos para evitar que se extienda por el mundo. Alerta, pero lo hace mientras el Departamento de Justicia llega a acuerdos conciliatorios con empresas farmacéuticas y laboratorios, en demandas civiles, acusados de delitos por su responsabilidad en la crisis de opioides.

La polémica sobre su origen lleva una carga explosiva por la implicación de esa industria en la producción legal de analgésicos con fentanilo. Y sigue por rutas ilegales del contrabando de armas, personas y drogas, y formas innovadoras de traficar con un narcótico fácil de esconder y transportar. El mayor problema es que el comercio lícito en EU y México es tan grande que es difícil identificar a sus destinatarios y determinar la importación legal de la que no lo es.

Ante lo intrincado del asunto, los países implicados prefieren ver la viga en el ojo ajeno para no ser estigmatizados por la crisis de salud de EU. Los chinos se deslindan diciendo que es un problema “fabricado” totalmente “Made in USA” para evitar un choque en el que se sienten vulnerables, aunque sin quitarse la acusación de ser los principales productores. A la vez que México rebate ser el problema y, por el contrario, se dice parte principal de la solución. La crisis del fentanilo “no se genera en México, ni es causante de ella, es injusto y falso”, replicó el canciller Ebrard a las acusaciones del senador Graham, que reclama al país negarse a ver su responsabilidad en el tráfico en la frontera y el control territorial de los cárteles.

Miles de muertes por sobredosis de una droga mucho más peligrosa que la cocaína y la heroína, que arruinan la vida de las familias estadunidenses. Por ello, necesita atajarlo rápido y pedir cuentas lejos de las causas en su sistema de salud, ya sea acusando falta de cooperación antinarcóticos o a la migración, a pesar de que casi 90% de traficantes detenidos son estadunidenses. No obstante, la crisis del fentanilo calienta la “guerra fría” con China y lleva a EU a tratar a México como enemigo y no como socio.  

Esta crisis sanitaria ha desenterrado el peor discurso de la Guerra contra las drogas en EU, aunque se cuida de abordarla como emergencia de salud pública. Eso sí, reclama a México responsabilidad compartida porque el problema está en ambos lados de la frontera: en uno, la epidemia de sobredosis, y en otro, la violencia de la droga y el dinero de las ganancias para los cárteles.

Su argumento es similar al de México sobre la epidemia de muertes violentas por el comercio ilegal de armas, que ahora la crisis de opioides podría ayudar a reconocer si el entendimiento no se extravía en amenazas y acusaciones falsas para endilgar la culpa fuera de sus fronteras. No son los migrantes quienes deban pagar esta factura con el estigma del tráfico y tampoco la población, con una mayor violencia por el combate contra las drogas.

Por Jack Goldsmith

CAMBRIDGE.– La acusación del gran jurado de Nueva York contra el expresidente norteamericano Donald Trump, por delitos vinculados al pago de dinero a la actriz de cine porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, se produce después de la orden de arresto emitida, hace dos semanas, por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de deportar niños desde Ucrania. Estos casos resaltan la creciente, y potencialmente peligrosa, injerencia del derecho en la política doméstica e internacional.

Ambos acontecimientos son revolucionarios. La acusación de Trump es la primera que se emite contra un presidente en funciones, o un expresidente, en la historia de Estados Unidos. De la misma manera, las cortes internacionales sólo han emitido un puñado de órdenes de arresto contra jefes de Estado, y nunca contra el líder de una potencia importante. Estas acciones legales fijarán precedentes de relevancia y podrían tener enormes consecuencias, aun si ninguna de ellas resulta en una condena penal. La pregunta es si los precedentes serán afortunados, y si las consecuencias serán positivas en conjunto.

Desde los Juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo del derecho penal internacional ha sido institucionalizar la responsabilidad legal por actividades cometidas en tiempos de guerra. La mayoría de los tribunales penales internacionales han estado bajo el pulgar del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que implicaba que no se les podía usar contra los cinco miembros permanentes con derecho a voto del organismo. Pero la CPI, por designio, no está sujeta a las Naciones Unidas. Y, si bien, Rusia nunca aceptó la jurisdicción de la CPI, Ucrania sí lo ha hecho. Aun si Putin nunca termina en el banquillo de los acusados en La Haya, la orden de arresto, observa la CPI, “podría contribuir a prevenir que se cometan crímenes en el futuro” en Ucrania. Sin embargo, como sostiene Stephen Pomper, la medida puede hacer que Putin resulte aún más peligroso y destructivo, que entorpezca cualquier proceso de paz en el futuro y que impida la cooperación multilateral con Rusia en relación con cuestiones colaterales, como la asistencia humanitaria en Siria y Afganistán. También podría perjudicar la legitimidad de la propia CPI, especialmente si la orden divide el respaldo internacional a la Corte, o si los países se niegan a cumplir con su obligación legal de arrestar y transferir a Putin a La Haya.

El procesamiento de Trump conlleva ventajas y desventajas análogas. Trump merece ir a la cárcel si violó el derecho penal de NY. La acusación, como arguye Alexander Burns, también podría perjudicar políticamente a Trump al sensibilizar al votante marginal sobre la inmoralidad e incapacidad del expresidente para el cargo. Pero también podría tener el efecto opuesto. En términos generales, se considera que el caso del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Alvin L. Bragg, es débil. Pero parece probable que el episodio tenga un impacto negativo en las investigaciones más serias y creíbles sobre Trump que está llevando a cabo Jack Smith, fiscal especial federal, quien tiene un caso potente, especialmente en lo que concierne a la posesión por parte de Trump de documentos del gobierno de Estados Unidos en su casa de Mar-a-Lago.

Aunque la esperada acusación en el caso federal inevitablemente será polémica, porque vendrá del Departamento de Justicia de la administración de Biden después de que Trump ya haya anunciado su candidatura presidencial para 2024. Luego de la acusación de Nueva York, los esfuerzos de Smith enfrentarán el desafío adicional de parecer una acumulación procesal. Uno podría pensar que los temores sobre las consecuencias prácticas de procesar a Putin y a Trump son irrelevantes. Después de todo, ambos han cometido actos muy malos, y el Estado de derecho exige que sean castigados. Fiat iustitia, ruat caelum –que se haga justicia, aunque se desplomen los cielos–. Pero es una visión poco realista de cómo funciona el derecho penal en la política doméstica e internacional de gran relevancia. Si la orden de arresto de la CPI conduce a más muerte y sufrimiento de los que habrían existido sin ella, la corte y el proyecto más amplio del derecho penal internacional terminarán desacreditados. De la misma manera, si la acusación de Nueva York envalentona a Trump, muchos norteamericanos la verán como un error trágico. No podemos saber hoy si estas cosas sucederán, o si se las verá de esta manera. Pero, de ser así, obviamente, no se habrá hecho justicia.