Opinión del experto nacional
Por Jack Goldsmith
CAMBRIDGE.– La acusación del gran jurado de Nueva York contra el expresidente norteamericano Donald Trump, por delitos vinculados al pago de dinero a la actriz de cine porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, se produce después de la orden de arresto emitida, hace dos semanas, por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de deportar niños desde Ucrania. Estos casos resaltan la creciente, y potencialmente peligrosa, injerencia del derecho en la política doméstica e internacional.
Ambos acontecimientos son revolucionarios. La acusación de Trump es la primera que se emite contra un presidente en funciones, o un expresidente, en la historia de Estados Unidos. De la misma manera, las cortes internacionales sólo han emitido un puñado de órdenes de arresto contra jefes de Estado, y nunca contra el líder de una potencia importante. Estas acciones legales fijarán precedentes de relevancia y podrían tener enormes consecuencias, aun si ninguna de ellas resulta en una condena penal. La pregunta es si los precedentes serán afortunados, y si las consecuencias serán positivas en conjunto.
Desde los Juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo del derecho penal internacional ha sido institucionalizar la responsabilidad legal por actividades cometidas en tiempos de guerra. La mayoría de los tribunales penales internacionales han estado bajo el pulgar del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que implicaba que no se les podía usar contra los cinco miembros permanentes con derecho a voto del organismo. Pero la CPI, por designio, no está sujeta a las Naciones Unidas. Y, si bien, Rusia nunca aceptó la jurisdicción de la CPI, Ucrania sí lo ha hecho. Aun si Putin nunca termina en el banquillo de los acusados en La Haya, la orden de arresto, observa la CPI, “podría contribuir a prevenir que se cometan crímenes en el futuro” en Ucrania. Sin embargo, como sostiene Stephen Pomper, la medida puede hacer que Putin resulte aún más peligroso y destructivo, que entorpezca cualquier proceso de paz en el futuro y que impida la cooperación multilateral con Rusia en relación con cuestiones colaterales, como la asistencia humanitaria en Siria y Afganistán. También podría perjudicar la legitimidad de la propia CPI, especialmente si la orden divide el respaldo internacional a la Corte, o si los países se niegan a cumplir con su obligación legal de arrestar y transferir a Putin a La Haya.
El procesamiento de Trump conlleva ventajas y desventajas análogas. Trump merece ir a la cárcel si violó el derecho penal de NY. La acusación, como arguye Alexander Burns, también podría perjudicar políticamente a Trump al sensibilizar al votante marginal sobre la inmoralidad e incapacidad del expresidente para el cargo. Pero también podría tener el efecto opuesto. En términos generales, se considera que el caso del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Alvin L. Bragg, es débil. Pero parece probable que el episodio tenga un impacto negativo en las investigaciones más serias y creíbles sobre Trump que está llevando a cabo Jack Smith, fiscal especial federal, quien tiene un caso potente, especialmente en lo que concierne a la posesión por parte de Trump de documentos del gobierno de Estados Unidos en su casa de Mar-a-Lago.
Aunque la esperada acusación en el caso federal inevitablemente será polémica, porque vendrá del Departamento de Justicia de la administración de Biden después de que Trump ya haya anunciado su candidatura presidencial para 2024. Luego de la acusación de Nueva York, los esfuerzos de Smith enfrentarán el desafío adicional de parecer una acumulación procesal. Uno podría pensar que los temores sobre las consecuencias prácticas de procesar a Putin y a Trump son irrelevantes. Después de todo, ambos han cometido actos muy malos, y el Estado de derecho exige que sean castigados. Fiat iustitia, ruat caelum –que se haga justicia, aunque se desplomen los cielos–. Pero es una visión poco realista de cómo funciona el derecho penal en la política doméstica e internacional de gran relevancia. Si la orden de arresto de la CPI conduce a más muerte y sufrimiento de los que habrían existido sin ella, la corte y el proyecto más amplio del derecho penal internacional terminarán desacreditados. De la misma manera, si la acusación de Nueva York envalentona a Trump, muchos norteamericanos la verán como un error trágico. No podemos saber hoy si estas cosas sucederán, o si se las verá de esta manera. Pero, de ser así, obviamente, no se habrá hecho justicia.
