Historia y Cultura

La politización de la venta de Banamex

Leo Zuckermann

Juegos de poder

Triste, muy triste, la deriva de uno de los bancos históricos de México. Con malas decisiones, el grupo estadunidense Citi lo llevó de ser el primer/segundo lugar del sistema financiero mexicano, al cuarto.

Fue ahí cuando los neoyorquinos decidieron tirar la toalla y venderlo. Pero esta transacción también ha resultado en un fracaso.

Ayer, Citi anunció que suspende el proceso de subasta del banco, donde quedaba un solo posible comprador, el grupo liderado por Germán Larrea. Ahora venderá sus negocios de consumo y banca empresarial por medio de una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores en 2025, es decir, el próximo sexenio.

Termina, así, lo que desde un principio fue un proceso muy accidentado. En lugar de acercarse a posibles compradores interesados y llegar a un acuerdo privado, Citi anunció públicamente la venta de Banamex convocando a una subasta de los interesados. Al hacerlo de esta forma, le dio un gran poder de veto a la administración de López Obrador.

Yo entiendo que la venta de un banco como Banamex implica conseguir el consentimiento del gobierno por la gran cantidad de permisos y regulaciones que están en juego. Se requiere, por tanto, una operación política muy fina. Sin embargo, al hacer tan público el proceso, el gobierno federal se metió hasta la cocina. Era previsible, sobre todo cuando estamos hablando de alguien como López Obrador, que no desperdicia oportunidad alguna de destacar.

Para reafirmar su convicción nacionalista, AMLO vetó que cualquier banco extranjero pudiera participar en la compra de Banamex. La condición era que mexicanos se quedaran con él.

Con eso dejó afuera a varias instituciones que, potencialmente, eran buenas opciones para Banamex (Santander, Scotiabank, HSBC, por ejemplo). El universo de posibles compradores se redujo. ¿A quiénes? Fundamentalmente a los “sospechosos usuales” del capitalismo de cuates mexicano. Ellos eran los que tenían el capital y las palancas para pujar por Banamex.

Al final, quedó uno solo: nada menos que el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea.

La operación, sin embargo, no terminaba por cerrarse. Y, entonces, la venta de Banamex se politizó aún más.

El Presidente ordenó que la Marina ocupara “temporalmente” las instalaciones de una de las empresas ferroviarias de Larrea. Esto con la intención de presionarlo para que aceptara la expropiación, y una indemnización mínima, de 120 kilómetros de vías férreas en el Istmo de Tehuantepec.

¿Tendría Larrea el apetito de seguir comprando Banamex cuando le estaban expropiando una de sus empresas tomada por militares?

El rumor comenzó a esparcirse: Larrea se echaría para atrás, dándole un golpe a la imagen del gobierno de AMLO que, por un lado, expropia una de sus empresas usando las Fuerzas Armadas y, por el otro, pretende que el afectado desembolse siete mil millones de dólares por un banco como si no estuviera pasando nada.

El Presidente desmintió el rumor, pero se le ocurrió decir que, si Larrea reculaba, el gobierno de México entraría a comprar Banamex en una asociación pública privada.

Supongo que esa fue la gota que derramó el vaso para los banqueros neoyorquinos de Citi. Claramente se encontraba en medio de la lucha de fuercitas entre Larrea y AMLO. Y a ningún financiero del mundo le gusta estar metido en conflictos políticos que pueden afectar el valor de sus empresas y su reputación. Por el tamaño de la operación que representa México para Citi, resultaba mejor suspender la venta del banco y esperar la llegada de un nuevo gobierno.

Todavía ayer, después de que le avisaron al Presidente que se posponía la venta de Banamex hasta el 2025, AMLO salió con la ocurrencia de que el gobierno podría comprarlo. Como si el banco fuera un tendejón y todavía estuviera en la mesa la opción de vendérselo al Estado mexicano. Citi ya había tomado la decisión (una OPI) y anunciado a los mercados internacionales. Aquí estamos hablando de un asunto serio, no de una payasada más de las mañaneras.

Es una pena: Banamex seguirá a la deriva. Ante la irresolución, algunos clientes abandonarán el barco para irse a otras opciones menos inciertas. Lo peor es la posible salida de directivos y gerentes que ya no le ven futuro a esta corporación. Se perderá capital humano, factor fundamental en el éxito de una institución bancaria. Los ganadores serán, desde luego, los competidores de Banamex, institución que probablemente quedará como un banco de media tabla después de todo este sainete. Triste historia. Eso pasa cuando decisiones económicas acaban politizándose de más.

¿Habrá justicia para los empleados de la UAS?

Allá por 1963 ingresé a la preparatoria en Los Mochis, dependía de la UNIVERSIDAD DE SINALOA, el director era el DR. CARLOS SAENZ DE LA CALZADA, quien después fue reconocido como uno de los SABIOS MEXICANOS, ya para entonces trabajaba para la UNAM en la ciudad de México, y puedo decir que durante mi estancia en esa preparatoria tuve excelentes profesores, y no los mencionó porque tal vez deje a alguien por fuera, porque mi memoria me puede fallar, pero todos ellos eran muy cumplidos y casi todos tenían una fuente de ingresos segura por trabajar en alguna empresa, en sus despachos, consultorios y laboraban como maestros tal vez sólo porque querían dejar su huella bondadosa entre los estudiantes; no había grillos sindicales como después los hubo o tal vez los hay.

Tampoco se hablaba de disposición de fondos indebidamente, como ahora mismo se acusa a un ex rector de la UAS. Recordemos que la Universidad de Sinaloa se convirtió en AUTONOMA y ya sus siglas fueron UAS.

Por ahora el gobernador de Sinaloa ha ordenado una auditoria externa a la UAS ya que se sabe desde hace tiempo que el ex rector Héctor Melesio Cuen reclutó a maestros y personal administrativo de esa universidad para formar su partido político el PARTIDO SINALOENSE (PAS) de manera que se dice que muchos fondos de la casa de estudios fueron desviados hacia dicho partido y ahora se le acusa a él y a otros de incluir en la nómina a familiares de primer grado ocupando los puestos más importantes de esa institución educativa, mismos que obviamente son los mejor pagados, y así tenemos que se habla de que esos familiares tienen además otros ingresos adicionales en otros puestos e incluso hay quienes son proveedores de la UAS, de manera que de seguir el gobernador RUBEN ROCHA MOYA por el camino que va mucha gente podrá ser llevada a juicio y podrían terminar en la cárcel.

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 2005 a 2009, Presidente Municipal de Culiacán de 2011 a 2012 y diputado local de 2013 a 2016 y entre sus planes está llegar a Gobernador de Sinaloa, pero, al parecer con esta investigación sus planes queden sepultados, aunque en política todo cambia de un día para otro.

Y, según los que saben de la grilla sindical de la UAS, hay muchas posibilidades de que este asunto le traiga problemas muy graves a ROCHA MOYA que también fue Rector de la UAS del 1 de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1986 y por allí pudiera ser que algo aparezca que le afecte, dicen sus antagonistas; y además, hoy mismo se habla de constructoras y otras cosas más que pudieran relacionar con el tema del nepotismo, ya ve usted como son las cosas de la política.

El ´periódico NOROESTE publicó lo siguiente:”Sursum juniors: los hijos de los Rectores de la UAS y sus meteóricos ascensos”

“En la última década, los hijos de los ex rectores de la UAS sobresalen como un selecto grupo de empleados que han obtenido múltiples plazas y cargos con ascensos que van desde conserjes hasta directores generales o de veladores a contralores académicos

Noroeste/Redacción NOROESTE/REDACCIÓN |

18/05/2023

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, los hijos de rectores han logrado acomodarse con plazas permanentes. ( Foto: UAS )

Los hijos de Héctor Melesio Cuén Ojeda no son los únicos que se han visto beneficiados con cargos y puestos dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la última década, los hijos del actual Rector, así como los de otros ex rectores de la máxima casa de estudios en Sinaloa, han tenido oportunidades soñadas para cualquiera alcanzado una nómina que en conjunto ronda los 5 millones de pesos anuales.

Aunque algunos comenzaron sus carreras con cargos de conserjes o veladores, los vástagos de los rectores han logrado ascender de manera meteórica y sumado plazas incluso más pequeñas para cobrar sueldos que superan el medio millón de pesos, o alcanzan, en algunos casos, hasta los 750 mil pesos anuales.

En la lista aparecen los hijos de los ex rectores Víctor Antonio Corrales Burgueño, Víctor Antonio y Fausto Ernesto; y Juan Eulogio Guerra Liera, Juan Eulogio Guerra Corrales; y también del actual rector Jesús Madueña Molina, Luis Alberto y Jesús Alejandro. Además, por supuesto, de los de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Héctor Melesio, Monica María y Angélica María.

Noroeste buscó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para observar de qué y en dónde han trabajado los hijos de quienes dirigen la universidad y cuánto ganan.

En la PNT, hay evidencia de que el hijo mayor de Jesús Madueña, Luis Alberto, ingresó el 16 de enero de 2014 a la Dirección de Bienes e Inventarios de la UAS, durante la primera gestión de Juan Eulogio Guerra como Rector y la segunda de su padre como Secretario General de la UAS.

A la fecha no hay información más allá de 2017, fecha en que todavía su padre era Secretario General, cargo que extendería hasta el 2020.

En la Plataforma hay datos de que cobró, del 1 al 31 de marzo de 2018, como conserje en la misma Dirección bajo la clave o nivel de puesto número 2035, un sueldo de 7 mil 014.60 pesos, extras.

Pero Luis Alberto comenzó a ganar casi 28 mil pesos por su trabajo con el cargo de Jefe de Departamento A en todo el 2017. Y para 2021 logró ascensos como Jefe de Departamento B y luego como Jefe de Departamento C hasta ganar un sueldo de 40 mil 302 pesos mensuales, además de cobrar un extra de 6 mil pesos en otra plaza vía honorarios profesionales.

El otro hijo del Rector actual, Jesús Alejandro, comenzó su carrera de manera humilde dentro de la Universidad, con un puesto como conserje y otro por honorarios profesionales dentro de la Facultad de Medicina, que era dirigida el doctor Gerardo Alapizco Castro, hoy Secretario General en el rectorado de Madueña.

Jesús Alejandro cobró entre 10 mil 618, 16 mil 458.09 y 20 mil 712.52 en ese cargo, además de 4 mil 418.06 pesos. Pero en unos meses, Jesús Alejandro saltó a ocupar el cargo de Coordinador D, clave 2923, en la Facultad de Psicología de Culiacán y casi al mismo tiempo, dobló su sueldo de 11 mil 732.72 a 24 mil 829.99 pesos, pues subió de puesto de Coordinador J en la Coordinación General de Asesores con un sueldo de 23 mil 740 pesos mensuales.

El consentido de los Guerra

Una de las cosas que dejó la Rectoría de Juan Eulogio Guerra Corrales fue una licencia para que su hijo estudiara Criminología y Ciencias Forenses en la Unidad Académica de Criminalística.

Y la licencia es para no cortarle a su hijo el puesto de Director General en la Secretaría General de la UAS, en el que ganó desde 40 mil y hasta 72 mil pesos mensuales, y otro puesto de honorarios profesionales que le retribuyeron entre 8 y 10 mil pesos mensuales durante el tiempo en que él fue Rector.

El de Juan Eulogio Guerra Corrales es un ejemplo diferente a los demás, pues él sí estuvo en la cúspide desde su inicio: mientras su padre dirigía las riendas de la Universidad, él pudo cobrar bien, incluso hay evidencia en la Plataforma Nacional de Transparencia que cobró como Maestros de Asignatura B la cantidad de 13 mil 615.18 pesos mensuales.

Pero lo que más se repite en este apartado de transparencia son los pagos mensuales como Director General en Rectoría, con clave 2905, que cobró entre enero de 2017 hasta marzo de 2021, según evidencia de la PNT, mensualidades de 41 mil 668.92, 45 mil 294.80, 47 mil 668.91, 50 mil 914.62, 69 mil 240.81 y hasta 72 mil 816.72 pesos.

El permiso que se le concedió a Juan Eulogio Jr. comenzó el 16 de junio de 2021 y finalizará el 7 de junio de 2025.

Por año, Juan Eulogio Jr. llegó a cobrar entre medio millón de pesos y 700 mil pesos, sin contar con el cobro de “Honorarios profesionales” que estuvo recibiendo en todo su paso por la institución.

Todo queda en familia... Corrales

Víctor Antonio y su hermano Fausto Ernesto son hijos del ex Rector Víctor Antonio Corrales Burgueño.

Hasta aquí dejamos lo que publicó NOROESTE si quiere más información compre el periódico citado fechado el 18 de mayo en curso.

La verdad es que hay tantas cosas que auditar en la UAS desde hace varios años, por ello, se ve difícil que lleguen a meter a la cárcel a algunos empleados que aparentemente cometieron ilícitos en perjuicio de la casa de estudios.

La cuestión es que esos puestos para los Juniors lo merecen gente en verdad capaz que han dejado su vida laborando en la UAS y merecen ser ascendidos y tener puestos acordes a su antigüedad y capacidad, no que se dan a los amados hijos o a familiares, compadres, amigos o por los intereses políticos, y a eso en mi ejido le dicen: SON CHINGADERAS, pero mientras no haya quien tenga los cojones suficientes para enfrentarlos eso seguirá sucediendo; por eso, se extrañan aquellos años en que yo estuve en la preparatoria de la UNIVERSIDAD DE SINALOA.

¿Quién ganará entre Larrea y López Obrador?

Leo Zuckermann

Juegos de poder

Con la información disponible que tenemos, creo que estamos viendo un juego de fuercitas entre el empresario Germán Larrea y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primero solicitaba nueve mil 500 millones de pesos para traspasar la propiedad, al Estado mexicano, de 120 kilómetros de un ferrocarril de Grupo México en el Istmo de Tehuantepec.

El segundo se rehusó y ordenó la ocupación “temporal” de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas, a la vez que publicaba un decreto que ordenaba la indemnización al afectado de acuerdo con la Ley de Expropiaciones.

La pregunta en este momento es con cuánto le van a compensar a Grupo México por la expropiación (que discursivamente no es expropiación en el lenguaje de la 4T) del dichoso ferrocarril.

Obviamente, va a ser menos de los nueve mil 500 millones de pesos que pretendía Larrea porque, en este momento, el Presidente lleva las de ganar. Tiene el control, por la fuerza, de las instalaciones ferroviarias.

Ya con una pistola en la frente de Larrea, López Obrador lo está invitando a negociar para acordar una indemnización “razonable”.

Larrea, sin embargo, tiene fichas que jugar.

Una muy importante es la posible compra de Banamex. El empresario minero y ferroviario estaba a punto de adquirir este banco que está vendiendo el grupo estadunidense Citi. Se trata de una de las transacciones más importantes de este sexenio. Si Larrea decidiese retirar su oferta, sería una pésima señal económica que afectaría la imagen del gobierno de López Obrador. Uno de los hombres más ricos de México estaría echándose para atrás en una inversión multimillonaria porque el gobierno de su país le expropió un tren enviando a la Marina a tomarlo.

El lunes, el periodista Darío Celis, que suele tener buenas fuentes, publicó un tuit que decía: “#ULTIMAHORA El empresario Germán Larrea, presidente de @GMexico_oficial y de #Ferrosur, se desiste de comprar @Citibanamex. ‘No voy a pagar 7,000 mdd por algo que mañana me pueden quitar’”. Esta información corrió como pólvora y naturalmente causó mucha expectación.

Horas después, el sitio de Forbes México publicó una nota asegurando que fuentes cercanas a Grupo México habían confirmado que dicha empresa seguía en el proceso de compra de Banamex.

La idea de un eventual abandono de la multimillonaria adquisición, sin embargo, quedó flotando en el aire.

¿Se trataba de un mensaje de Larrea para recordarle a López Obrador que él todavía tenía la ficha de Banamex y podía afectarlo?

No lo descarto porque, ayer, el Presidente contraatacó. Fiel a su estilo, dobló las apuestas. Ante la pregunta de si se retiraba Larrea de la compra de Banamex, López Obrador dijo que el rumor se había desmentido, pero, en caso de que así ocurriera, él promovería la formación de una asociación público-privada para adquirir el banco en cuestión. Luego de soltar esta bomba, aseguró que, no obstante, “se sigue hablando con Grupo México, no es un asunto personal y espero que se llegue a un acuerdo”.

La palabra la tiene Larrea. López Obrador ya habló: si nos chantajeas con el tema de Banamex nosotros entramos a comprar el banco; mejor acordemos una indemnización por el tren que está tomado por la Marina.

Es el estilo de López Obrador. Golpea para luego obligarlos a negociar. Lo hemos visto varias veces.

Se los hizo a los propietarios de los gasoductos en 2019. Primero anunció una reestructuración unilateral de los contratos que tenía el gobierno con las empresas. La CFE inició un arbitraje internacional. Presionados de esta manera, los propietarios se sentaron a negociar con el gobierno. Y sí, llegaron a un acuerdo. El gobierno logró que se redujera la tarifa de 28% en promedio. Sin embargo, las empresas obtuvieron la ampliación de sus contratos a 30 años. Políticamente, López Obrador ganó con la imagen del Presidente imponiéndose a los empresarios. Económicamente, sin embargo, las que ganaron fueron las corporaciones. A valor presente neto, elevaron el monto de sus contratos.

Lo mismo con Iberdrola. Les cancelaron los permisos de generación de varias de sus plantas afectándolos en su flujo de efectivo. Así los obligaron a negociar y, al final, el gobierno acabó comprando 13 plantas de la empresa española por seis mil millones de dólares. Desde el punto de vista económico, no fue un mal trato para Iberdrola.

Este gobierno presiona, pero, a la hora de la verdad, suelta la cuerda. Hasta los supuestos afectados salen ganando.

¿Será el caso con Larrea?

¿Negociará con una pistola en la frente y llegará a un acuerdo que no le resulte tan malo?

Twitter: @leozuckermann

En defensa de la Corte

Francisco Garfias

Arsenal

Dice el presidente López Obrador que “ya perdimos a la Corte”, cómo si los ministros que la integran tuvieran la obligación de servir a su proyecto por encima de la Constitución.

El mandatario no puede perder lo que no es suyo, por más que haya creído que el máximo tribunal iba a permanecer obediente después de concluida la presidencia de su amigo Arturo Zaldívar. El próximo domingo vamos a ver de qué tamaño es la inconformidad de la sociedad por las reiteradas ofensas, insultos, calificativos que desde Palacio Nacional lanza cotidianamente a la SCJN.

Están convocadas manifestaciones en varias ciudades del país en defensa del tribunal constitucional, último reducto de la resistencia ante las tentaciones autoritarias que amenazan con liquidar instituciones y órganos autónomos que le estorban. En ese contexto es que hay que entender la dimensión que tomaron las palabras del ministro Alberto Pérez Dayán, cuando dijo que la Corte hará que se cumpla la Constitución a costa de lo que sea.

“Estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”, aseguró el ministro durante la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales, de Isidro E. Muñoz Acevedo. Pérez Dayán es el autor de la ponencia que tumbó la primera parte del plan B electoral. Está en la lista negra de las mañaneras.

* AMLO está obsesionado con la idea de disolver la SCJN, que, según él, “está podrida”. Quiere hacer una locura: elegir en urnas a nuevos ministros y acabar con lo que los morenistas califican de “gobierno de jueces”.

No lo hace ahora porque no tiene la mayoría calificada (dos tercios de los votos) requerida para hacer modificaciones a la Ley de Leyes en ninguna de las dos cámaras.

Ese escollo lo llevó a alimentar la idea de hacer una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren elegir a los ministros. Sus jilgueros se aplican. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara baja, anunció ayer la apertura de un “conversatorio” sobre el tema, dividido en cuatro mesas (algo así como un parlamento abierto). El objetivo sería “analizar jurídicamente” el artículo 96 de la Constitución para designar a los ministros de la Corte. “No estamos prejuzgando el procedimiento o el método alternativo”, dijo.

Los morenistas se van a desplazar por todo el país para llevar a cabo asambleas informativas y que la ciudadanía conozca el objetivo de la propuesta de elegir en urna a los ministros.

El conversatorio ya tiene fecha. Inicia el 30 de mayo próximo. Termina el 20 de junio.

* La campaña “Con el PRI ni a la esquina” que lanzó MC, a 12 días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, es una grave equivocación política para un partido que se dice de oposición. Hace aparecer al naranja como “esquirol” de Morena. En Coahuila la cosa parece resuelta a favor del priista Manolo Jiménez. Morena y sus rémoras se olvidaron de un principio universal básico: la unión hace la fuerza.

El guinda postuló a Armando Guadiana, el PT a Ricardo Mejía Berdeja y el Verde a Lenin Pérez. Abonaron el camino a la probable victoria del abanderado de la alianza Va por México. Todavía ayer Mario Delgado, jefe nacional del guinda, hacía esfuerzos para convencer a verdes y petistas de declinar a favor de Guadiana. Hasta un gobierno tripartita les ofreció. No lo pelaron.

El problema es el Estado de México. Me atrevo a pronosticar que no va a ser un paseo para Delfina Gómez, como dicen las encuestas. No descarto una sorpresa el domingo 4 de enero.

MC no lleva candidato a gobernador en ninguno de los dos estados. ¿Qué interés pueden tener los diputados emecistas Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski de golpear así al tricolor —y de paso a la alianza Va por México— a días del cierre de campaña? Esa postura equivale a llamar a votar por Delfina.

Tengo respeto por Dante Delgado, Jorge Álvarez Máynez, Salomón Chertorivski, Ivonne Ortega, Agustín Basave, Luis Donaldo Colosio, pero en ésta no voy con ellos.

Me decepciona que MC ayude con esta campaña a una coalición que no sólo no respeta la Constitución, sino que alimenta el establecimiento de la autocracia en nuestro país.

* Nos anuncia Marcelo Ebrard, una de las corcholatas de Morena para el 2024, que ya encontró una fórmula para que el proceso interno de elección del candidato presidencial de ese partido garantice la unidad, la transparencia y que la gente pueda participar. La fórmula utiliza innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena ha llevado a cabo en varios ámbitos. “La voy a desarrollar y se las presento y comparto el 5 de junio, nada más que pase Estado de México y Coahuila”, prometió.

A ver si no se le aparece el gran elector.

El sueño de Jolopo

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

“Si ya no lo va a comprar él, hay una posibilidad de crear una asociación público-privada (…) A la gente le interesaría tener acciones, y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde porque es un negocio redondo”. Así reaccionó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a la especie que circuló el lunes por la tarde, desmentida poco después, de que Germán Larrea, de Grupo México, ya no estaría interesado en comprar Citibanamex después de la toma de las instalaciones ferroviarias de la empresa en la zona de Coatzacoalcos, anunciada por decreto del Ejecutivo el viernes pasado, y ejecutada por elementos de la Armada la madrugada de ese mismo día.

El mandatario deslizó así la posibilidad de que el gobierno pudiera entrar en la puja por el banco, insinuando, incluso, que con ello Citigroup, el grupo financiero estadunidense que lo puso a la venta, se ahorraría el pago de algunos impuestos. Al decir que la operación no tendría “pierde”, López Obrador probablemente se estaba imaginando que un banco en manos del gobierno se haría de utilidades como las que reportó Citibanamex en 2022, que fueron de 20 mil 436 millones de pesos.

Sin embargo, la experiencia que dejó la etapa de la banca nacionalizada (1982-1992) no permite asumir que el gobierno sea un buen administrador de instituciones de crédito. Entre otros efectos perniciosos de la decisión que tomó el presidente José López Portillo en las postrimerías de su gobierno, la cartera vencida de la banca se duplicó durante aquellos años. Había entonces un chiste –pero quizá sea una anécdota, pues los estados financieros de los bancos estatizados jamás fueron transparentes– que decía que el funcionario público que dirigía Bancomer (hoy BBVA) fue a visitar a su similar de Banamex para quejarse de que tenía 10 mil autos recuperados de sendos clientes que habían incumplido con el financiamiento y que no sabía qué hacer con ellos. “No te preocupes –dijo el director de Banamex–, yo tengo 10 mil casas vacías, ahí los ponemos”.

Pero ése no fue el único problema, pues la bancarización se desplomó. El número de cuentahabientes cayó de 32 millones que había en 1982 (cuando el país tenía 71 millones de habitantes) a 14 millones en 1992 (con una población de 85 millones). Asimismo, la estatización tuvo un efecto contrario al que se propuso en cuanto a la concentración del sector. En La acción del gobierno en la banca estatizada (2008), el investigador Gustavo del Ángel Mobarak, escribe que “uno de los argumentos originales de la expropiación era que la banca era una industria altamente concentrada, inclusive se consideraba que había un oligopolio en el sector”. Sin embargo, agrega, “de 60 bancos que había en 1982, para 1985 quedaban sólo 19”.

Otra característica de esa década fue un incremento del personal. De cerca de 151 mil empleados que tenía en el momento de la nacionalización, la banca llegó a tener 167 mil en 1990, con menos bancos. “Esto afectó su estructura de costos y cambió de manera importante la cultura corporativa”, afirma Del Ángel en su estudio. Hablar de la posibilidad de que el sector público pudiera tener una participación mayoritaria en Banamex, no hace sino traer recuerdos de una decisión arrebatada de López Portillo, cuyos principales resultados fueron una regulación bancaria debilitada y una inconformidad política que se fermentó por tres lustros y culminó con la debacle del PRI y la alternancia en la Presidencia en 2000.

Peor resulta cuando la especulación proviene del propio Presidente de la República y se da en el contexto de decisiones suyas que constituyen una expropiación o al menos coquetean con esa medida. El lunes decía yo aquí que los decretos del jueves y viernes pasados no ayudaban a generar la confianza que requieren quienes buscan invertir en México. Jure usted que los comentarios de ayer, tampoco.

BUSCAPIÉS

“A la Suprema Corte ya la perdimos”, afirmó ayer López Obrador. ¿Pues cuándo fue suya? El diseño constitucional de nuestra República es de tres Poderes, no de uno. Si el Presidente se hizo del control de la Corte y creyó que éste le duraría el resto del sexenio, fue indebido.

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