Historia y Cultura
El Plan C se adelantó
Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara, el 9 de mayo pasado, que su movimiento político buscaría ganar en las urnas la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso para la próxima Legislatura –algo casi imposible–, y con base en ella modificaría la Constitución para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos por el voto popular, ayer el mandatario dio a conocer que presentará la iniciativa para ese propósito mucho antes de las elecciones, en el arranque del próximo periodo legislativo, en febrero.
La decisión tiene varias lecturas. La más relevante, para mí, es que López Obrador ha decidido llevar su pleito con la Suprema Corte a la campaña presidencial, con lo que el tono de los comicios será referendario. Así, apuesta nuevamente por la polarización. Quiere dividir al país en torno de una propuesta suya: ¿quieres o no quieres que jueces, magistrados y ministros sean elegidos?
La idea original –hacerlo en septiembre– tenía muchos inconvenientes. Al tabasqueño le quedaría sólo un mes de gestión. Difícilmente vería desde Palacio Nacional el final de esa batalla en el Congreso. Además, casi toda la política ya estará girando en torno de su sucesora, quien en septiembre estará haciendo foros, recorridos y anuncios.
Se ve que lo pensó mejor. “Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero”, informó. Luego, a pregunta expresa, detalló que entre ellas estará “la judicial, el plan integral para que el pueblo pueda elegir a los jueces, magistrados y ministros”.
El Presidente debe saber que lo más seguro es que dicho plan naufrague en el Congreso. Si debió concebir un plan C es porque su plan A –la reforma constitucional en materia electoral– no alcanzó la mayoría calificada y su plan B –la reforma a seis leyes secundarias con la que pretendía lograr la mayoría de las cosas contenidas en la iniciativa anterior– fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. De hecho, un día antes de que hiciera público el plan C, el máximo tribunal había admitido las primeras acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el plan B.
Incluso si contara con los votos de las bancadas de Movimiento Ciudadano –cuyo coordinador nacional, Dante Delgado, declaró muerto el bloque de contención en el Senado el miércoles–, difícilmente se lograrán los apoyos necesarios para que prospere su iniciativa. Quizá lo consiguiera en la Cámara alta, donde ya veremos si el grupo parlamentario de MC se suma a los del oficialismo, la próxima semana, para dar trámite a la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte, pero no en San Lázaro.
¿Por qué, entonces, arriesgarse a una nueva derrota legislativa? Evidentemente, para que el debate en los días finales de la intercampaña –que terminará el 29 de febrero– y los primeros días de la campaña electoral –que se iniciará el 1 de marzo–, giren en torno de él y su propuesta. Como el segundo periodo ordinario de sesiones concluye a fines de abril, así él podrá tener el reflector por tres meses.
Desde luego, con ello seguirá robando cámara a la aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum –como ya lo hace con las conferencias mañaneras, mismas que no tiene intención de suspender–, pero si algo ha quedado claro en todo este proceso es que López Obrador quiere que la contienda de 2024 gire en torno de él. Quiere que la decisión de fondo en la boleta sea un sí o no a él y su proyecto.
Presentar la iniciativa para la reforma judicial en febrero –además de otras que tiene contempladas– permitirá a López Obrador y a su movimiento mostrar a sus opositores como reacios al cambio (aunque parezca contradictorio, pues la oposición representa intrínsecamente esa opción), pues su negativa a modificar la manera en que se integra el Poder Judicial, por muy sensata que sea, los ubicará, para el imaginario colectivo, en el pasado de “corrupción”.
De esa manera, López Obrador intentará aterrizar en las urnas su propuesta de “continuidad con cambio”. Es un oficialismo con disfraz de oposición.
Nuevo reto morenista a la Corte…
Enrique Aranda
De naturaleza política
Repudia Dante a “la vieja política”. ¡A sí mismo!…
En abierto desafío al Poder Judicial, otro, la mayoría lopezobradorista en el Senado desestimó el mandato de la Suprema Corte de designar a dos nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) antes del cierre del actual periodo de sesiones, este viernes, aun cuando ello implicó poner en riesgo de destitución, multa o cárcel incluso, a medio centenar de ellos.
Por decisión de su coordinador Eduardo Ramírez, en efecto, la bancada del oficialismo en la Cámara alta optó por “anular” su voto con miras a resistir al mandato del máximo tribunal, que avaló la resolución de la juez que otorgó el amparo solicitado por el organismo liderado por Blanca Lilia Ibarra, en el que, de manera explícita, dejó en claro que, en caso de que (alguno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva) adopte “una conducta contumaz”, podrá tipificarse el delito previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo, por el que los implicados podrían ser condenados a cumplir penas de cárcel de entre cinco y diez años, pago de multas de entre cien y mil días y/o a ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos por hasta una década.
Huelga decir que, si bien apenas luego de terminar la sesión senatorial, opositores al régimen —panistas esencialmente— enderezaron toda suerte de críticas y ataques a los senadores “dóciles al mandato de Palacio”, lo cierto es que el asunto generó escozor al interior de la Corte en razón de las graves repercusiones que el mismo podría tener en la, de suyo, lastimada y difícil relación de ésta con el Ejecutivo federal y su fracasado gobierno. Tal fue la preocupación, que no faltó quien sugiriera reiterar el mandato definiendo un nuevo plazo y, entonces sí, actuar si el mismo fuera ignorado… aunque no faltaron también las voces que se levantaron para exigir actuar contra los directos implicados, el ya designado precandidato de Morena y aliados al gobierno de Chiapas en concreto.
Si bien está claro que el asunto no apunta a resolverse en el corto plazo, también lo está que un agravio de tal magnitud, otro, a un mandato del máximo tribunal nacional sin consecuencias, no haría sino acrecentar la tentación de avanzar hacia una dictadura “institucional”. ¿O no?...
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ASTERISCOS
* Medio año antes de las elecciones federales del próximo junio, el Instituto Nacional Electoral (INE), que preside la promorena Guadalupe Taddei, Talleres Gráficos de la Nación iniciaron la impresión del material a utilizar en la estratégica jornada: más de 150,000 urnas y más de 170,000 cajas y paquetes electorales, etiquetas braille, mamparas especiales y más…
* Si bien a nadie extrañó la definición del entrante Manolo Jiménez del mantenimiento de la seguridad como el tema toral de su gestión, lo cierto es que para alcaldesas y alcaldes de Coahuila participantes en la sesión del Consejo Estatal, liderada por el priista, tal definición constituyó una garantía de que la entidad seguirá avanzando en un entorno de paz social…
Veámonos el domingo con otro asunto De Naturaleza Política
Desnudos
Federico Reyes Heroles
Sextante
El mentiroso, si no puede convencerte,
intenta confundirte.
Anónimo
“…En febrero seré el primero”, dijo con la moderna humildad que lo caracteriza. Vemos el país naranja, lo único que nos importa son los ciudadanos. Nada de alianzas turbias, nosotros somos la esperanza, la nueva política, la pureza nos caracteriza. Adiós a la “vieja política”. Vamos a enterrarla. Viene la luz de la frescura. Soy el nuevo, el joven. Ya no hay mentira. La nitidez de la farsa deslumbra.
Meses con el discurso “esperanzador” de MC. Pero la realidad es terca y evidente. MC –con muy poca fuerza nacional– tiene una región en la que de verdad pesa: Jalisco. MC se está desquebrajando, Allí está la sacudida con Alfaro o el anuncio de que en la CDMX apoyarán a Taboada. MC está jugando al esquirol del Frente Amplio. El títere se llamó Samuel García.
El enredo de mentiras llegó a límites de risa: ser candidato, pero controlar Nuevo León. Faltaba la SCJN y el Congreso local. ¿Instituciones? El país a nuestra medida. Sheinbaum condena la “imposición” de un gobernador interino que es ajeno a MC y pone como ejemplo su caso, su renuncia a la alcaldía, al gobierno de la CDMX, ocasiones en que se nombró para sustituirla a personas cercanas a ella. Somos camarilla. Se le olvida, conveniente olvido, que en ambas situaciones su partido era mayoritario. Pero en Nuevo León no es así. PRI y PAN representan a la mayoría. Sheinbaum defiende al esquirol por arriba de la ley. A quitarle votos a Xóchitl Gálvez, su verdadera contendiente, a eso iba. Su caída no le conviene. Por su lado, el verdadero segundo lugar y subiendo, Gálvez, fue muy clara: “Hay una Suprema Corte de Justicia que tomó la decisión y las decisiones de la Corte se acatan”.
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Instalados en la soberbia total hablan de garantizar “el proyecto”, ése que encarna López Obrador. ¿Modernidad? Se llama continuismo, caudillismo. Ella pasaba por Palacio, tenía que entregar unos documentos, ¿? y pasó a verlo para saber cómo iba su tobillo. Y claro, ni el huésped de Palacio ni ella se dieron cuenta de que la visita podía llamar la atención, o que a esa hora la prensa cubriría la visita. Que vean que yo mando, que vienes a Palacio. El que fuera salvoconducto, hoy es lastre, no le permite crecer. Es la política. En el pasado priista y panista, las sucesiones suponían una ruptura pactada. López Portillo, después de varias intromisiones, mandó a Echeverría a Fiyi. De la Madrid, desde el primer minuto tomó distancia y empezó la dolorosa cirugía. Al salir se apaga. Salinas debía ser más radical que De la Madrid y lo hizo. Colosio no tardó en fijar quiebres frente a Salinas. La ruptura entre Zedillo y Salinas fue estruendosa y costosa. Zedillo guardó la “sana distancia” de su partido. Zedillo entregó de forma impecable el poder a Fox. Fox se impuso al PAN haciendo campaña tres años antes. Calderón no era el candidato de Fox, el “hijo desobediente” también se le impuso. Vázquez Mota no era la candidata de Calderón, era un él. Perdieron. Peña Nieto, ya sin dedazo posible, logró convencer a los gobernadores y a la dirigencia de su partido. Entregó el poder antes.
El deseo de control explícito de AMLO va mucho más allá del dedazo. Ha demostrado que es capaz de ridiculizar a Sheinbaum para mantener el mando real. Paradójicamente, lo que de verdad es nuevo en México es una coalición de consensos obligados. Por eso de pronto una tramposa añoranza clama por actos de demostración de línea vertical, como si estuviéramos en la era del partido hegemónico. No va a ser así porque Gálvez necesita a los partidos y los partidos la necesitan a ella. No será así, porque en los cónclaves partidarios lo que se examina es quién tiene más fuerza y posibilidades de ganar. Por eso se pactó que en la CDMX el PAN llevaba mano, y así, entidad por entidad, distrito por distrito. Pero irán juntos en 266 distritos. Eso jamás lo hemos visto.
Se agotaron las mentiras, ahora nos quieren confundir. Pero van desnudos.
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¿Cuál es la vara?
TEPJF
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Yuriria Sierra
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La crisis en el TEPJF representa una amenaza adicional para la estabilidad democrática de México.
La actual crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) representa un peligroso momento para la democracia mexicana. Las tensiones internas, las acusaciones de corrupción y la división en el seno de este órgano crucial para la impartición de justicia electoral amenazan con minar la confianza en el sistema democrático del país.
El TEPJF ha sido históricamente un pilar fundamental en la preservación de la equidad y la legalidad en los procesos electorales de México. Sin embargo, la reciente crisis ha erosionado su credibilidad y ha generado un clima de incertidumbre en torno a su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y efectiva.
La proximidad de la elección presidencial de 2024 empeora aún más la gravedad de esta situación. En un contexto político donde la polarización y la desconfianza son ya preocupantes, la falta de certeza en la legitimidad de las decisiones del TEPJF podría socavar la integridad del proceso electoral y alimentar la desafección ciudadana.
Es imperativo que las autoridades, tanto del Poder Judicial como del ámbito político, asuman la responsabilidad de abordar esta crisis de manera urgente y transparente. El TEPJF debe ser objeto de una profunda revisión y reestructuración que garantice su independencia y su capacidad para actuar en defensa de los principios democráticos.
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El papel de la sociedad civil y de los medios de comunicación en la supervisión y el escrutinio de las acciones del TEPJF se vuelve aún más crucial en este contexto. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para restaurar la confianza en las instituciones democráticas y salvaguardar la integridad del proceso electoral.
La crisis en el TEPJF no sólo es un desafío para las élites políticas y jurídicas, sino también para el conjunto de la sociedad mexicana. La defensa de la democracia y de sus instituciones requiere el compromiso y la participación activa de todos los ciudadanos, en la exigencia de una justicia imparcial y en la defensa de los valores democráticos.
En un contexto donde las tensiones políticas y la desconfianza en las instituciones ya están en niveles preocupantes, la crisis en el TEPJF representa una amenaza adicional para la estabilidad democrática de México. La respuesta a este desafío debe ser enérgica y orientada hacia la restauración de la confianza en el sistema electoral y la defensa de los principios democráticos.
La víspera de la elección presidencial de 2024 impone un imperativo adicional para abordar esta crisis con determinación y responsabilidad. El futuro de la democracia mexicana está en juego, y sólo a través del compromiso ciudadano y de una acción decidida de las autoridades se podrá superar esta grave coyuntura y fortalecer las bases de un sistema político justo, transparente y plenamente legítimo.
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