El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón. Quiere que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. En la mañanera de ayer anunció que en febrero próximo enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para “democratizar” el Poder Judicial.
Ya no va a esperar hasta septiembre de 2024 para enviar ésa y otras iniciativas de reformas a la ley suprema, como había anunciado. No quiere dejar pasar la coyuntura que le ofrece el rompimiento de Movimiento Ciudadano con el llamado bloque de contención.
El grupo estaba integrado por PAN, PRI, PRD y MC. Su propósito era contener las reformas a la Constitución que López Obrador mandaba al Congreso para hacerse del control del Poder Judicial y de los órganos electorales.
Esos cuatro grupos parlamentarios reunían los votos necesarios para impedir que el oficialismo imponga la elección popular de ministros, magistrados y jueces.
Pero también elevar a rango constitucional la militarización de la Guardia Nacional y retomar el plan B electoral, que pretende un INE y un tribunal electoral a modo del oficialismo.
El sainete de Nuevo León que descarriló la precampaña presidencial de Samuel García hizo volar en pedacitos el bloque de contención.
“El PRIAN verá lo que es meterse con MC… los agravios siempre tendrán consecuencias”, amenazó Dante Delgado, jefe máximo del partido naranja.
Y puso manos a la obra. En corto nos aseguran que MC ya pactó dos salas regionales del Tribunal Electoral, a cambio de votos para nombrar a la nueva ministra que tendrá un pecado de origen: llevará puesto el chaleco guinda.
* Movimiento Ciudadano tiene 28 diputados y 13 senadores; 14 si sumamos a la expriista Claudia Ruiz Massieu, quien ya tiene medio pie dentro del naranja.
En la Cámara baja la mayoría calificada se alcanza con 333 legisladores. El oficialismo (Morena, PT y PVEM) ocupa 305 escaños. Con los 28 emecistas llega a los 333.
Morena tiene 58 senadores en funciones, el PVEM, siete; el PT, seis y el PES, cuatro. Son 75 en total. Si le sumas los 13 de MC alcanza 88. Si todos asistieran a la sesión, la mayoría calificada se alcanzaría con 86 votos.
* En su obsesión por controlar el Poder Judicial, el Presidente no parece haber medido el riesgo de que los jueces, por ejemplo, sean cooptados por el crimen organizado o que el aparato del Estado, como ocurre en los comicios, apoye a tal o cual aspirante a ministro(a).
Entonces sí, adiós contrapesos, división de Poderes y vida republicana. El senador de Grupo Plural Germán Martínez está consciente de los riesgos de elegir a los integrantes del Poder Judicial.“¿Cómo juzgas a un criminal que amenaza a un juez al que le metió dinero o, a un juez al que le metió dinero una empresa? ¿Ante quién se va a quejar uno de una elección así? ¿Cuáles serán las reglas? ¿Cómo será la campaña?”, preguntó.
Concluyó: “No se debe dejar en manos de nadie una elección así”.
Con el actual diseño constitucional, los senadores designan a los ministros (as) a partir de una terna que manda el Presidente a la Cámara alta. Para ser elegido se requiere de una mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes).
Si la primera terna es rechazada, el jefe del Ejecutivo manda una segunda. Si tampoco alcanza los votos requeridos, él mismo designa a la nueva ministra, dentro de dicha terna, en un plazo máximo de 30 días (artículo 96 de la Constitución).
El senador expriista Miguel Osorio Chong está de acuerdo en que la implosión del bloque de contención alimenta la probabilidad de acuerdos favorables a Morena y aliados.
Pero aclara: “Yo no escuché a Dante decir que estaría de acuerdo con Morena. Escuché que él rompía con el bloque de Contención. Romper el bloque no habla de una entrega al grupo mayoritario. Yo no lo veo”.
Germán Martínez, a su vez, apeló a la sensatez de MC de Jalisco que, aseguró, “pacta, cumple la palabra, quiere gobernabilidad, y no quiere payasear y pleitear como MC de Nuevo León. “El dilema no es la nueva o la vieja política, Dante se tiene que definir entre MC payaso o MC responsable”, subrayó.
* Otra voz que se alzó ayer en defensa del Poder Judicial fue la de Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Al rendir su segundo informe de labores ante magistrados de ese tribunal y del Consejo de la Judicatura capitalino, Guerra puntualizó:
“El federalismo republicano depende de un Poder Judicial independiente, con jueces autónomos, cuyas decisiones puedan garantizar la paz y la justicia más allá de los tiempos políticos.”
