Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara, el 9 de mayo pasado, que su movimiento político buscaría ganar en las urnas la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso para la próxima Legislatura –algo casi imposible–, y con base en ella modificaría la Constitución para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos por el voto popular, ayer el mandatario dio a conocer que presentará la iniciativa para ese propósito mucho antes de las elecciones, en el arranque del próximo periodo legislativo, en febrero.
La decisión tiene varias lecturas. La más relevante, para mí, es que López Obrador ha decidido llevar su pleito con la Suprema Corte a la campaña presidencial, con lo que el tono de los comicios será referendario. Así, apuesta nuevamente por la polarización. Quiere dividir al país en torno de una propuesta suya: ¿quieres o no quieres que jueces, magistrados y ministros sean elegidos?
La idea original –hacerlo en septiembre– tenía muchos inconvenientes. Al tabasqueño le quedaría sólo un mes de gestión. Difícilmente vería desde Palacio Nacional el final de esa batalla en el Congreso. Además, casi toda la política ya estará girando en torno de su sucesora, quien en septiembre estará haciendo foros, recorridos y anuncios.
Se ve que lo pensó mejor. “Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero”, informó. Luego, a pregunta expresa, detalló que entre ellas estará “la judicial, el plan integral para que el pueblo pueda elegir a los jueces, magistrados y ministros”.
El Presidente debe saber que lo más seguro es que dicho plan naufrague en el Congreso. Si debió concebir un plan C es porque su plan A –la reforma constitucional en materia electoral– no alcanzó la mayoría calificada y su plan B –la reforma a seis leyes secundarias con la que pretendía lograr la mayoría de las cosas contenidas en la iniciativa anterior– fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. De hecho, un día antes de que hiciera público el plan C, el máximo tribunal había admitido las primeras acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el plan B.
Incluso si contara con los votos de las bancadas de Movimiento Ciudadano –cuyo coordinador nacional, Dante Delgado, declaró muerto el bloque de contención en el Senado el miércoles–, difícilmente se lograrán los apoyos necesarios para que prospere su iniciativa. Quizá lo consiguiera en la Cámara alta, donde ya veremos si el grupo parlamentario de MC se suma a los del oficialismo, la próxima semana, para dar trámite a la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte, pero no en San Lázaro.
¿Por qué, entonces, arriesgarse a una nueva derrota legislativa? Evidentemente, para que el debate en los días finales de la intercampaña –que terminará el 29 de febrero– y los primeros días de la campaña electoral –que se iniciará el 1 de marzo–, giren en torno de él y su propuesta. Como el segundo periodo ordinario de sesiones concluye a fines de abril, así él podrá tener el reflector por tres meses.
Desde luego, con ello seguirá robando cámara a la aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum –como ya lo hace con las conferencias mañaneras, mismas que no tiene intención de suspender–, pero si algo ha quedado claro en todo este proceso es que López Obrador quiere que la contienda de 2024 gire en torno de él. Quiere que la decisión de fondo en la boleta sea un sí o no a él y su proyecto.
Presentar la iniciativa para la reforma judicial en febrero –además de otras que tiene contempladas– permitirá a López Obrador y a su movimiento mostrar a sus opositores como reacios al cambio (aunque parezca contradictorio, pues la oposición representa intrínsecamente esa opción), pues su negativa a modificar la manera en que se integra el Poder Judicial, por muy sensata que sea, los ubicará, para el imaginario colectivo, en el pasado de “corrupción”.
De esa manera, López Obrador intentará aterrizar en las urnas su propuesta de “continuidad con cambio”. Es un oficialismo con disfraz de oposición.