El bloque opositor se resquebraja con la misma fractura de la gran escisión del PRI hace tres décadas. El viejo enfrentamiento a su interior entre neoliberales y nacionalistas vuelve a estar en el centro de la disputa política con la reforma eléctrica, pero ahora corren malos tiempos para un proyecto que se asocia a promesas incumplidas, escandalosa concentración de riqueza en paraísos fiscales y que dejó decepción con los políticos tradicionales como se percibe a los de Va por México.

La reforma eléctrica de López Obrador sobre el naufragio del modelo energético de sus antecesores del PRI y del PAN es la “prueba de fuego” para una coalición opositora que no ha logrado dejar de presentarse como defensora de las fórmulas del pasado, no obstante sus réditos electorales en la CDMX en su estreno en la pasada elección. Ellos son los responsables de haber abierto una brecha entre ciudadanía y política por la que se reposicionaron antiguos liderazgos nacionalistas, que creyeron sepultados debido a su sordera con las preocupaciones de la gente. Cómo persuadir de los riesgos de volver al control estatal y una parcial renacionalización del mercado eléctrico, si, por ejemplo, se percibe que los beneficiarios de la última reforma están en una burbuja de la élite de políticos, empresarios y famosos en sociedades off shore en paraísos fiscales.

Y, es que la desventaja de los “neoliberales” no sólo es el contraste de la opulencia de los Pandora Papers o el aumento de la pobreza y el desempleo en la pandemia, sino que no tienen el modo de explicar lo que ha ocurrido con fracasos o falta de resultados del modelo energético del PAN y el PRI. A los viejos nacionalistas les pertenece el ámbito del lenguaje político, que usan para configurar la realidad con discursos que dividen, como el emplazamiento al PRI: “¿seguirá el camino de Salinas o de Cárdenas?” o lanzar al Congreso “¿a favor del pueblo o de empresas?, les dijo el Presidente en un mensaje que oscurece las explicaciones sobre el precio de la luz, la “limpieza” de la energía eléctrica o la competitividad.

Hace 30 años, en 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello escribieron con enorme actualidad sobre la lucha tenaz de dos proyectos de nación, que fracturó al PRI y se mantiene en las entrañas de la oposición hasta la fecha. El “neoliberal” ofrecía modernizar al país con apertura de la economía e integración a EU, mayor consumo y crecimiento económico, hasta que comenzó a hacer agua por la marginalidad y la polarización social. El otro se aferró a las banderas del discurso cardenista de los años 30 y logró resistir tres décadas el desprestigio del nacionalismo económico y de la eficacia y corrupción de las empresas estatales, y que ahora López Obrador trata de reactualizar con su promesa de “cambio de régimen”.

En efecto, el mayor reto de la reforma de la 4T es demostrar que la empresa pública es eficaz y solvente, pero eso cuenta poco en el ámbito del discurso político para aprobarla, y por el contrario, tiene mucho mayor peso los quereres de los priistas con sus viejas banderas nacionalistas. Pero la reedición de fórmulas también ya probadas recuerda que la historia se repite a sí misma, aunque convendría no olvidar que la segunda vez puede ser más cruda que la tragedia original. El choque dentro del bloque opositor por la reforma eléctrica puede conducir no sólo a arriesgar la alianza, como reclama el PAN al PRI, sino a una segunda muerte de los partidos tradicionales tras la primera con la debacle electoral de 2018.

Para usar el nombre de la serie de Netflix Gambito de dama, la reforma eléctrica es una apertura de ajedrez que caracteriza los movimientos de López Obrador en blanco y negro, para ganar la última partida al “neoliberalismo” y a los tecnócratas que desplazaron a su grupo del poder del PRI hace 30 años. Los defensores de las reformas ven revancha soterrada desde aquel encontronazo, que dio origen a nuevas oposiciones y la reconfiguración del sistema de partidos. Tal vez ahora estemos en vísperas de otro terremoto, aunque el manejo emocional y la polarización del debate no dejan conocer el impacto de este nuevo capítulo de la lucha por la nación.

Aunque durante las campañas de hace unos meses se decía que las principales reformas para la transformación del país ya estaban en marcha, tras las pasadas elecciones legislativas, el presidente López Obrador anunció que enviaría tres iniciativas de reforma constitucional: una en materia eléctrica, otra sobre seguridad y Guardia Nacional, y una reforma político-electoral para renovar a los organismos electorales y, de paso, eliminar diputaciones de representación proporcional. A pesar de tratarse de tres ámbitos diferentes, estas tres reformas tienen un muy claro común denonimador: aumentar y concentrar aún más el poder político y económico del gobierno en turno.

La semana pasada el Presidente envío la primera de estas iniciativas de reforma constitucional: la eléctrica. Vale la pena recordar que, al inicio de este año, el Presidente impulsó una iniciativa preferente de reforma eléctrica a nivel de ley secundaria. Esta se aprobó de manera expedita, pero fue bloqueada por la Suprema Corte por ser inconstitucional. En respuesta, ahora el gobierno presenta una reforma constitucional —una estrategia similar a la utilizada en el caso de la Guardia Nacional en la Legislatura pasada—.

Dada la más reciente correlación de fuerzas en ambas cámaras del Congreso, se antoja difícil que alguna de estas reformas prospere en su forma original. Al tratarse de reformas constitucionales, se requiere de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras. Pues bien, en la Cámara la coalición Morena-PT-PVEM sólo cuenta con 277 curules cuando requeriría 334 votos. Por su parte, en el Senado la coalición oficialista tiene 78 escaños cuando requeriría 85 votos. El PRI o bien algún grupo de legisladores opositores podrían ayudar al Presidente a conseguir las mayorías requeridas.

Si bien López Obrador llegó al poder con una promesa de cambio verdadero frente al gobierno priista de Peña Nieto, no debería sorprender que alguna de estas reformas logre materializarse gracias a una coalición Morena-PRI. Si lo duda, baste recordar que durante los doce años de gobiernos panistas fue justamente esto lo que ocurrió. Si el gobierno actual ha insistido en que las reformas del PRI-PAN eran socialmente indeseables, ¿esto implicaría que reformas impulsadas por Morena y PRI serían preferibles?

Para saberlo tenemos que analizar el fondo de la materia que se pretende reformar. La generación y distribución de electricidad son una materia de suyo compleja. Hoy por hoy, tras la reforma eléctrica aprobada el sexenio pasado, existe cierta competencia en la generación de electricidad, mientras que la distribución y venta a los hogares sigue siendo un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Por un lado, la competencia en el mercado de generación de electricidad ha permitido a CFE adquirir electricidad a menores costos que los de sus propias plantas de generación. Por otro lado, al vender esta electricidad a los hogares del país, CFE ha podido obtener ganancias de operación que le permiten compensar en parte las pérdidas actuales de sus propias plantas de generación.

A grosso modo, la reforma plantea volver a dar un papel preponderante o dominante a la CFE en la generación de electricidad al tiempo que desaparecerían los órganos reguladores del sector: el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía. Es decir que la reforma no sólo plantea migrar de un mercado con cierta competencia en la generación a un mercado donde una empresa pública tiene mayor poder de mercado, sino que también plantea que esta misma empresa regule su desempeño y el de sus competidores.

¿Es posible que un monopolio público sea más eficiente que un mercado con competencia? ¿Es posible que ese mismo monopolio público se regule a sí mismo para ser más eficiente que sus potenciales competidores y promueva el bienestar de los consumidores finales?

Muy temprano nos pusimos en contacto con la senadora Lilly Téllez, amenazada en redes sociales por fanáticos de AMLO. Lo hicimos apenas escuchamos el llamado del Presidente a no hacer daño a los que piensan diferente.

“Lo digo porque Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada. Está mal. Podemos tener diferencias, pero sin agresiones”, dijo López Obrador en la mañanera.

Téllez no estaba viendo la conferencia en el momento que la contactamos. Pidió tiempo para revisar la declaración del Presidente. Una vez que lo hizo, nos mandó copia del tuit en el que agradecía el mensaje del “señor Presidente” y reiteraba que nunca tuvo la intención de faltarle al respeto.

Lo que sí destacó fue el hecho de que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no la había contactado aún. Ni ella ni ninguno de sus subordinados.

“¿Se la está cobrado?”, preguntó Lilly, en clara alusión al mal rato que le hizo pasar a Rosa Icela durante su comparecencia en el Senado.

El silencio cómplice de las autoridades frente a las amenazas de irse contra el hijo de Téllez lo comentamos con Kenia López, vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado. Nos dijo: “El gobierno mexicano está obligado a garantizar la seguridad de todos los mexicanos, incluidos los legisladores de oposición. La violencia contra Lilly Téllez comenzó después de que el Presidente la señalara con nombre y apellido”.   

*Lo de la senadora Téllez, ex de Morena, no fue una queja, como dice AMLO, sino una denuncia por amenazas que recibió en redes sociales. Un cobarde usuario, escondido tras las iniciales Hm, le envió el siguiente mensaje:

“Mira que treparte en AMLO para obtener una curul y luego descaradamente insultar al señor Presidente de la República, eso ni los animales. Tal vez a Leonardo (su hijo) se lo recordemos”.

La ira de Hm, como la de otros morenistas radicales, fue originada por un primer tuit de la senadora Téllez, que sirvió de pretexto a AMLO para cancelar su asistencia a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

El Senado otorga hoy esa presea  a una compañera de lucha del tabasqueño: la maestra Ifigenia Martínez.

El tuit calificaba a López Obrador de “violador serial de la Constitución”. Llamaba a los senadores de oposición a “hacerle frente” cuando acudiera al Senado a atestiguar la ceremonia. 

AMLO lo percibió como un aviso de que habría escándalo y canceló. Dijo que “una senadora del bloque conservador” convocaba a que le faltaran al respeto a la investidura presidencial.

Téllez nos aseguró que no buscaba el escándalo, sino enumerar ante el Presidente los artículos constitucionales que ha violado desde su llegada a Palacio Nacional.

“¿Que iba a reventar la sesión?  No sé ni cómo. No soy Noroña, Malu Mícher o Antares Vázquez. No ando brincando entre escaños”, sintetizó.

Las senadoras Vázquez y Mícher, representantes de lo más rancio de Morena, enfurecieron con el tuit de quien fuera excompañera de bancada, antes de irse al PAN. Obediencia a AMLO obliga.

“¿Qué no son mamás?”, preguntó Lilly.  

Mícher, por cierto, quiso parodiar a Téllez en tribuna. No se le dio. Le falta gracia. Quedó tan mal, que sólo le alcanzó para hacer el ridículo.

*Dice el refrán que el buen juez por su casa empieza. El discurso de odio ha sido una constante en las mañaneras.

El Presidente es el primero que no respeta a los que lo critican o no votan su proyecto. Para él, todos son corruptos o saqueadores, nostálgicos del pasado. 

Agarra parejo: empresarios, intelectuales orgánicos, periodistas, clase media, padres de niños con cáncer, científicos, opositores, habitantes de la colonia del Valle o de Guanajuato, inversionistas extranjeros , etcétera.  

Ayer apuró a los legisladores de oposición a definirse frente a su controvertida Reforma eléctrica, que privilegia a la ineficiente CFE. Nada más le otorga el 54 por ciento del mercado eléctrico contra el 46 para los privados, que principalmente generan energías limpias.

Elimina, además, los órganos regulatorios  autónomos (CRE, Cenace, CNH) que, según él, están al servicio de grupos de  intereses creados.

Para ello utilizó una maniquea disyuntiva disfrazada de pregunta:  ¿Están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas?