Reforma eléctrica, ¿para qué?

Aunque durante las campañas de hace unos meses se decía que las principales reformas para la transformación del país ya estaban en marcha, tras las pasadas elecciones legislativas, el presidente López Obrador anunció que enviaría tres iniciativas de reforma constitucional: una en materia eléctrica, otra sobre seguridad y Guardia Nacional, y una reforma político-electoral para renovar a los organismos electorales y, de paso, eliminar diputaciones de representación proporcional. A pesar de tratarse de tres ámbitos diferentes, estas tres reformas tienen un muy claro común denonimador: aumentar y concentrar aún más el poder político y económico del gobierno en turno.

La semana pasada el Presidente envío la primera de estas iniciativas de reforma constitucional: la eléctrica. Vale la pena recordar que, al inicio de este año, el Presidente impulsó una iniciativa preferente de reforma eléctrica a nivel de ley secundaria. Esta se aprobó de manera expedita, pero fue bloqueada por la Suprema Corte por ser inconstitucional. En respuesta, ahora el gobierno presenta una reforma constitucional —una estrategia similar a la utilizada en el caso de la Guardia Nacional en la Legislatura pasada—.

Dada la más reciente correlación de fuerzas en ambas cámaras del Congreso, se antoja difícil que alguna de estas reformas prospere en su forma original. Al tratarse de reformas constitucionales, se requiere de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras. Pues bien, en la Cámara la coalición Morena-PT-PVEM sólo cuenta con 277 curules cuando requeriría 334 votos. Por su parte, en el Senado la coalición oficialista tiene 78 escaños cuando requeriría 85 votos. El PRI o bien algún grupo de legisladores opositores podrían ayudar al Presidente a conseguir las mayorías requeridas.

Si bien López Obrador llegó al poder con una promesa de cambio verdadero frente al gobierno priista de Peña Nieto, no debería sorprender que alguna de estas reformas logre materializarse gracias a una coalición Morena-PRI. Si lo duda, baste recordar que durante los doce años de gobiernos panistas fue justamente esto lo que ocurrió. Si el gobierno actual ha insistido en que las reformas del PRI-PAN eran socialmente indeseables, ¿esto implicaría que reformas impulsadas por Morena y PRI serían preferibles?

Para saberlo tenemos que analizar el fondo de la materia que se pretende reformar. La generación y distribución de electricidad son una materia de suyo compleja. Hoy por hoy, tras la reforma eléctrica aprobada el sexenio pasado, existe cierta competencia en la generación de electricidad, mientras que la distribución y venta a los hogares sigue siendo un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Por un lado, la competencia en el mercado de generación de electricidad ha permitido a CFE adquirir electricidad a menores costos que los de sus propias plantas de generación. Por otro lado, al vender esta electricidad a los hogares del país, CFE ha podido obtener ganancias de operación que le permiten compensar en parte las pérdidas actuales de sus propias plantas de generación.

A grosso modo, la reforma plantea volver a dar un papel preponderante o dominante a la CFE en la generación de electricidad al tiempo que desaparecerían los órganos reguladores del sector: el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía. Es decir que la reforma no sólo plantea migrar de un mercado con cierta competencia en la generación a un mercado donde una empresa pública tiene mayor poder de mercado, sino que también plantea que esta misma empresa regule su desempeño y el de sus competidores.

¿Es posible que un monopolio público sea más eficiente que un mercado con competencia? ¿Es posible que ese mismo monopolio público se regule a sí mismo para ser más eficiente que sus potenciales competidores y promueva el bienestar de los consumidores finales?