Bitácora del director

Con el objetivo explícito de combatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha emprendido contra instituciones, leyes y programas heredados por su gobierno.

El problema es que, al hacerlo, casi nunca ha pasado del enunciado a las evidencias ni mucho menos a la presentación de denuncias contra los presuntos responsables a fin de que éstos sean castigados. Vayamos a sus propios dichos:

Sobre las estancias infantiles: “Era mucho el abuso y la corrupción. Supuestamente, se destinaban recursos para apoyar a la gente y ese dinero, esos apoyos, no llegaban, se quedaban en el camino o cuando llegaban se entregaba poco, porque había moche, había piquete de ojo”, (3/IV/2019).

Sobre el aeropuerto de Texcoco: “Era una obra costosísima, faraónica, movida fundamentalmente por intereses particulares, por la corrupción, el querer apoderarse de los terrenos del actual aeropuerto, (que) iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio inmobiliario”, (17/X/2019).

Sobre la compra y distribución de medicinas: “Era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente (…) No sólo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces adulterados, había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción”, (20/VII/2021).

Sobre los fideicomisos públicos extinguidos: “Existían estos organismos como el Fonden, que era un barril sin fondo, porque (cuando) había una emergencia como la de Tula, entonces un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación vendían sin licitación, despensas, catres, cobijas, palas, carretillas, todo a precios elevadísimos. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos”, (8/IX/2021).

Sobre la industria eléctrica: “En el marco de la política neoliberal se inició la privatización de la industria eléctrica y esto se fue profundizando al grado que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos”, (26/III/2021).

Ninguna de estas denuncias públicas de López Obrador ha sido respaldada por datos. Si hubo corrupción en esas áreas del gobierno, en sexenios anteriores, no hemos sabido quiénes son los presuntos responsables ni se ha procedido contra ellos. En ocasiones ha habido el compromiso presidencial de mostrar las evidencias –como en el caso de los fideicomisos–, pero no se ha hecho. La corrupción a la que se refiere sigue impune.

En los casos en los que sí se ha señalado a personas y presentado denuncias, el mandatario se ha anticipado a declararlas culpables sin que el juicio se haya iniciado y, obvio, sin sentencia de un juez. Por ejemplo, con motivo de los cargos presentados contra quienes han sido señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien, luego de ser extraditado desde España, se convirtió en testigo colaborador.

Lozoya señaló al exsenador Jorge Luis Lavalle –quien actualmente está en la cárcel–, así como al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, y al exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Luego de más de un año, sus dichos no han dado lugar a otros procesos penales. A diferencia de Lozoya, quien ha gozado de libertad condicionada, Rosario Robles lleva dos años en prisión, acusada de omisión en el caso de la llamada Estafa Maestra. El encarcelamiento de la exsecretaria de Desarrollo Social –que pronto podría ser revertido mediante un amparo– se concretó mediante la presentación de una licencia de manejo falsa que un juez aceptó como evidencia.

El gobierno también ha presentado denuncias contra 31 científicos, por supuestas malversaciones en el ámbito de Conacyt, pero el Poder Judicial las ha bloqueado reiteradamente.

Con ese palmarés, el presidente López Obrador busca que el Congreso apruebe una reforma constitucional para, a decir suyo, evitar la corrupción en la industria eléctrica, y viajará a la ONU, el mes entrante, para hablar ante el Consejo de Seguridad sobre los daños que produce este mal.

Pero en esas dos tareas carga con la foto de Lozoya disfrutando de su libertad condicional en un lujoso restaurante y con el pesado fardo de aún no haber logrado evidenciar ni castigar la corrupción.

Ambos fueron plagiados por sendos comandos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la mañana del miércoles 10 de octubre de 1973. Aranguren, cuando se dirigía en su vehículo a la fábrica en la zona industrial de Zapopan, y Duncan Williams, en su propia casa, mientras desayunaba con su familia.

En un comunicado que fue dejado en una escuela religiosa de la colonia Chapalita, la Liga asumió la responsabilidad de los secuestros y exigió, para liberar al industrial y al cónsul, que el gobierno del presidente Luis Echeverría liberara a 51 presos políticos, que debían ser trasladados a Corea del Norte, así como la entrega de 200 mil dólares.

La familia de Aranguren –un líder empresarial joven y visionario, que a los 31 años había llegado a la presidencia del Centro Empresarial de Jalisco– accedió de inmediato a pagar el rescate.

Sin embargo, el viernes 12 de octubre, dos días después de los secuestros, el gobierno federal fijó su postura por medio del procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada: “No pactamos con criminales”. Los presos no serían liberados.

En un lapso de seis meses, entre noviembre de 1972 y mayo de 1973, el gobierno había cedido a las exigencias de quienes tomaron como rehenes a los pasajeros de un avión de Mexicana de Aviación y de quienes secuestraron al cónsul estadunidense en Guadalajara, Terrance Leonhardy. Y a pesar de que el país aún no se reponía del asesinato, por parte de la propia Liga, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, apenas un mes antes, la política del gobierno dio un giro implacable.

El 14 de octubre, la capital de Jalisco se llenó de policías traídos desde la Ciudad de México. Dos helicópteros sobrevolaban constantemente. Asustados, los captores del cónsul lo soltaron cerca de su casa, amarrado y encapuchado. Su liberación hizo crecer la esperanza de que Aranguren también sería liberado, pero eso nunca ocurrió.

En la capital, Echeverría encabezó ese domingo un mitin con Zócalo lleno para mostrar músculo político y confirmar que no habría negociación.   

“Ya está claro que el Presidente no dará su brazo a torcer, así que hagan lo que tengan que hacer”, dijo Aranguren a sus captores antes de recibir el disparo que lo mató, la madrugada del martes 16, de acuerdo con lo que me relató un exmiembro de la Liga en una entrevista en 2001. El cuerpo del empresario fue abandonado en la cajuela de un vehículo, en la colonia Arcos Vallarta, donde no fue descubierto, sino hasta el 18 de octubre.

“La muerte de Aranguren conmocionó a la ciudad, que se puso de luto”, recordó el diario El Informador en 2010. “Escuelas y empresas cerraron sus puertas y cientos de hogares colgaron un moño negro en la puerta en señal de duelo”.

Importa tener este relato en la memoria en momentos en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dispone a instalar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada la semana pasada por un decreto publicado en el Diario Oficial.

El periodo que cubre el encargo de la comisión no es anodino. En 1965 ocurrió el asalto al cuartel militar de Madera, en la sierra de Chihuahua, que inspiró a los grupos guerrilleros que tuvieron su mayor actividad en los años setenta. Y en el bienio 1988-1990, se dieron decenas de asesinatos de miembros del Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, antecedentes de Morena.

Si bien es cierto que lo sucedido en ese cuarto de siglo merece ser escudriñado, por la violencia ilegal con que el gobierno respondió a la guerrilla, no deben quedar fuera de la revisión y la búsqueda de justicia los hechos de sangre cometidos por los alzados contra personas inocentes a quienes veían como sus enemigos ni los ajustes de cuentas que hubo entre ellos mismos, como veremos aquí mañana.