La corrupción en la procuración de justicia con el actual gobierno se mantiene estable como con sus antecesores dentro de un estado de malestar inveterado, a pesar de la reforma de la FGR fuera de la órbita presidencial para revertirlo. El proceso de Emilio Lozoya desde hace año y medio pone en la mirilla la decepción hacia la Fiscalía y la desviación de nuevas figuras penales para dar resultados en un caso icónico de la lucha anticorrupción. La diferencia, en cuanto al costo político, es que la amplia perspectiva que abrió a la batalla de la 4T contra la impunidad parece irse cerrando en el privilegio de una justicia selectiva imposible de no ver.

La difusión en redes de la fotografía de un delincuente confeso de paseo con un grupo de amigos sirvió para colocar un cristal en la cruda realidad de la impartición de justicia. Los más frustrante es que la imagen de Lozoya cenando en un restaurante sea el cambio de una oportunidad por un nuevo ejemplo de descomposición y ocasión desaprovechada de ir a fondo contra la corrupción con un caso emblemático como Odebrecht y la estructura de poder del círculo de Peña Nieto. El mensaje es otro momento de pérdida para impedir el hundimiento del andamiaje legal del Ministerio Público, no obstante sus mayores poderes y facultades, como la ampliación de la prisión oficiosa o figuras como el testigo colaborador, a la que se acogió Lozoya.

Algo no cuadra entre la máxima visibilización del discurso anticorrupción y los resultados de la Fiscalía. La conducta de Lozoya se puede calificar de “provocación” o “inmoralidad” como dijo López Obrador porque, en efecto, tiene el beneficio de llevar su proceso en libertad condicionada, pero eso no retira el lente de la actuación del fiscal Gertz. Tras casi tres años en el encargo, la mayoría de los casos se evaporan, aunque, como en el de Lozoya, consigne que los expedientes permanecen abiertos. El Presidente defiende a su fiscal, aunque éste parece más ocupado en litigios personales y familiares que en concretar el cambio profundo y de largo aliento que se esperaba de la reforma a la FGR. Y se le acaba el tiempo de crédito reputacional, mientras Lozoya parece calcular ganarlo gracias a la ineficacia de la justicia.

Las próximas semanas serán decisivas porque en noviembre vence el plazo para que Lozoya aporte pruebas de sus denuncias de sobornos a legisladores para la reforma energética de 2013, entre ellos, Ricardo Anaya. ¿Realmente tiene pruebas? ¿Lozoya o el fiscal mintieron para obtener beneficios? Sin evidencias podría perder la calidad de testigo protegido que pactó con la Fiscalía cuando fue extraditado de España. Hasta ahora, sus denuncias parecen poco sólidas y sólo el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle está preso a causa de Odebrecht. A pesar de ello, la presión no parece estar en el inculpado, sino sobre el propio fiscal. En éste, como en muchos casos, se puede argumentar mucho ruido y pocas nueces, como si la justicia funcionara más bien como un manómetro, cuya principal función es medir la presión de la indignación social y administrar expectativas de una larga lista de grupos afectados por acusaciones que no acaban en tribunales.

En diciembre de 2018, con una mayoría de Morena en el Congreso, se aprobó la creación de una Fiscalía independiente del Ejecutivo, en respuesta a la vieja demanda de despolitizar la justicia. Gertz llegó a encabezarla con la encomienda de combatir viejos usos de la justicia selectiva y la corrupción a su interior, incluso con figuras potentes para elevar su eficacia, como la prisión oficiosa y el testigo protegido. Hay problemas sistémicos, como una corrupción que atraviesa fiscalías, policías y jueces, pero casos como el de Lozoya son botón de muestra que permite argumentar que hay incluso retrocesos. La impunidad hoy es casi total, como indica un estudio de México Evalúa sobre su crecimiento de tres puntos desde 2019, hasta sumar hoy el 95% del total de delitos.

Ante este escenario, la respuesta es que las estructuras no se mueven por falta de costos políticos para el gobierno y la Fiscalía. Pero la indignación por el caso Lozoya puede ser un aviso de que la decepción no conduce necesariamente al conformismo, sino que también puede ser la antesala de mayor presión por justicia. ¡Ojalá!