Ambos fueron plagiados por sendos comandos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la mañana del miércoles 10 de octubre de 1973. Aranguren, cuando se dirigía en su vehículo a la fábrica en la zona industrial de Zapopan, y Duncan Williams, en su propia casa, mientras desayunaba con su familia.

En un comunicado que fue dejado en una escuela religiosa de la colonia Chapalita, la Liga asumió la responsabilidad de los secuestros y exigió, para liberar al industrial y al cónsul, que el gobierno del presidente Luis Echeverría liberara a 51 presos políticos, que debían ser trasladados a Corea del Norte, así como la entrega de 200 mil dólares.

La familia de Aranguren –un líder empresarial joven y visionario, que a los 31 años había llegado a la presidencia del Centro Empresarial de Jalisco– accedió de inmediato a pagar el rescate.

Sin embargo, el viernes 12 de octubre, dos días después de los secuestros, el gobierno federal fijó su postura por medio del procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada: “No pactamos con criminales”. Los presos no serían liberados.

En un lapso de seis meses, entre noviembre de 1972 y mayo de 1973, el gobierno había cedido a las exigencias de quienes tomaron como rehenes a los pasajeros de un avión de Mexicana de Aviación y de quienes secuestraron al cónsul estadunidense en Guadalajara, Terrance Leonhardy. Y a pesar de que el país aún no se reponía del asesinato, por parte de la propia Liga, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, apenas un mes antes, la política del gobierno dio un giro implacable.

El 14 de octubre, la capital de Jalisco se llenó de policías traídos desde la Ciudad de México. Dos helicópteros sobrevolaban constantemente. Asustados, los captores del cónsul lo soltaron cerca de su casa, amarrado y encapuchado. Su liberación hizo crecer la esperanza de que Aranguren también sería liberado, pero eso nunca ocurrió.

En la capital, Echeverría encabezó ese domingo un mitin con Zócalo lleno para mostrar músculo político y confirmar que no habría negociación.   

“Ya está claro que el Presidente no dará su brazo a torcer, así que hagan lo que tengan que hacer”, dijo Aranguren a sus captores antes de recibir el disparo que lo mató, la madrugada del martes 16, de acuerdo con lo que me relató un exmiembro de la Liga en una entrevista en 2001. El cuerpo del empresario fue abandonado en la cajuela de un vehículo, en la colonia Arcos Vallarta, donde no fue descubierto, sino hasta el 18 de octubre.

“La muerte de Aranguren conmocionó a la ciudad, que se puso de luto”, recordó el diario El Informador en 2010. “Escuelas y empresas cerraron sus puertas y cientos de hogares colgaron un moño negro en la puerta en señal de duelo”.

Importa tener este relato en la memoria en momentos en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dispone a instalar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada la semana pasada por un decreto publicado en el Diario Oficial.

El periodo que cubre el encargo de la comisión no es anodino. En 1965 ocurrió el asalto al cuartel militar de Madera, en la sierra de Chihuahua, que inspiró a los grupos guerrilleros que tuvieron su mayor actividad en los años setenta. Y en el bienio 1988-1990, se dieron decenas de asesinatos de miembros del Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, antecedentes de Morena.

Si bien es cierto que lo sucedido en ese cuarto de siglo merece ser escudriñado, por la violencia ilegal con que el gobierno respondió a la guerrilla, no deben quedar fuera de la revisión y la búsqueda de justicia los hechos de sangre cometidos por los alzados contra personas inocentes a quienes veían como sus enemigos ni los ajustes de cuentas que hubo entre ellos mismos, como veremos aquí mañana.