El asedio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se recrudeció en los últimos días de este 2021. En su conferencia matutina del día lunes pasado otra vez acusó al órgano de obstaculizar la democracia porque los consejeros quieren posponer la consulta de revocación de mandato ante la falta de presupuesto. Sin embargo, el Presidente evitó mencionar cuánto le costará a los mexicanos consultar algo que no se tiene que consultar y, segundo, que fue la propia Cámara de Diputados, conformada con una mayoría parlamentaria morenista, la que decidió no presupuestar recursos para la consulta. El discurso del titular del Poder Ejecutivo en contra del INE no es nuevo, ha sido constante desde que inició su mandato, pero, hasta el mes de noviembre, algunas encuestas reflejaron que la institución seguía gozando del reconocimiento ciudadano a su labor (GEA-ISA, por ejemplo).

A los ataques presidenciales se sumaron otros actores que, incluso alevosamente, utilizan su papel institucional para hacerlo. Tal es el caso del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, aprovechando el periodo vacacional de los legisladores, presentó una controversia constitucional en su nombre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El diputado Sergio Gutiérrez Luna fundamentó la presentación de la controversia en base a lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 233, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. No obstante que el cargo del Presidente se puede ejercer con cierta “arbitrariedad tolerada” en las sesiones plenarias (lo vemos en las sesiones cuando se confrontan los legisladores gobiernistas contra los opositores, por ejemplo), eso no significa que pueda tomar decisiones políticas a nombre de los grupos parlamentarios, para eso está la Junta de Coordinación Política, conformada por los líderes parlamentarios, quienes, por cierto, en teoría, actúan bajo los acuerdos que toman dentro de los grupos de legisladores que representan. Incluso, si revisamos el contenido de los artículos aludidos, surgen más dudas que certezas: en el primer caso (Ley Orgánica), expresa que el Presidente tiene la facultad de representar legalmente a la Cámara y, en el segundo (Reglamento), precisa que, en base al artículo citado de la ley, podrá “ (…) presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aun en los periodos de receso”. Suponiendo que el fundamento es legal: ¿cuáles intereses de la Cámara de Diputados están siendo afectados con la decisión del INE de posponer la consulta? Si la consulta de revocación de mandato constituye un interés superior del órgano legislativo, ¿por qué el presidente de la Cámara de Diputados no protestó cuando no se presupuestaron los recursos necesarios para realizarla? Recordemos que la aprobación del presupuesto es una facultad exclusiva de esa Cámara y que Morena y sus aliados votaron el recorte de recursos para el INE y otras instituciones, como la SCJN. Finalmente, también surge otra duda: ¿consultó el presidente de la Mesa Directiva a los líderes parlamentarios? Tal vez sí, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la SCJN ya mandató al INE a continuar con la consulta. En ese contexto, los consejeros electorales han contestado que se sujetarán a esta determinación.

El incumplimiento de esa obligación representa una infracción en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Foto: Pixabay

 

C.P.C. Eduardo Estrada Borja, integrante de la comisión técnica de auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del ISR del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior.

El incumplimiento de esa obligación representa una infracción en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, la cual pudiera representar una multa que oscila entre los $17,370 y $34,730.

Existen sólo dos supuestos en los que no se efectúan pagos provisionales: 1) cuando una empresa se constituye, puesto que no existe un ejercicio inmediato anterior con el cual compararse; y 2) cuando el contribuyente decide presentar un aviso de suspensión de actividades.

El cálculo de los pagos provisionales se encuentra vinculado con la determinación de un coeficiente de utilidad (CU) que representa el comportamiento de la empresa en el ejercicio fiscal inmediato anterior (Utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior entre los ingresos nominales del citado ejercicio).

No obstante lo anterior, la LISR prevé la posibilidad de disminuir el monto a pagar por pagos provisionales, a partir del segundo semestre del año, situación que pretende aminorar la carga impositiva de los contribuyentes, y, en su caso, no generar saldos a favor. Por tanto, si los contribuyentes estiman sus pagos provisionales ya excedieron el impuesto del ejercicio, pueden solicitar disminuir el CU aplicable a sus pagos provisionales.

Los requisitos para obtener la autorización para disminuir los pagos provisionales, se encuentran contenidos en la ficha de trámite “29/ISR Solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales” del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2021, mismos que se describen a continuación:

1. Elaborar un escrito en que se muestre la denominación social/nombre del contribuyente, su domicilio fiscal, su RFC, la autoridad a quien se dirige, el propósito de la promoción, correos electrónicos de contacto, poder notarial del representante legal y la identificación oficial del contribuyente o de quien ejerce la representación legal.
2. Llenar el Formato 34 “Solicitud de Autorización para disminuir el monto de pagos provisionales”, mismo que se puede obtener en: https://www.sat.gob.mx/tramites/47785/solicita-autorizacion-para-disminu...
3. Elaborar un papel de trabajo en donde se observe el procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales efectuados de enero hasta el mes inmediato anterior a aquél se solicite la disminución del monto del pago provisional.

En el papel de trabajo también se deberá incluir el monto de la PTU pagada en el ejercicio en el que se solicita la disminución de pagos provisionales; y en su caso, el importe de las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, explicando su procedencia y posterior aplicación, asimismo es necesario señalar de que ejercicio proviene el CU utilizado para la determinación de los pagos provisionales efectuados.

Es de vital importancia considerar que, si se solicita la disminución de pagos provisionales respecto de un mes posterior al mes de julio, los datos plasmados en el Formato 34 deberán mostrar los importes acumulados al mes inmediato anterior al que se solicita la disminución del pago provisional.

Se recomienda revisar sus proyecciones para el cierre del ejercicio y así evitar efectuar pagos provisionales que afecten los flujos de efectivo del contribuyente.

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