Francisco Garfias
Arsenal
AMLO y sus morenos quieren destruir al INE, convertido en el “villano favorito” en tiempos de la 4T. En su ofensiva contra el árbitro electoral, buscan llevarse entre las patas su autonomía. Poner consejeros electorales que se sometan a los dictados de Palacio Nacional. De otra forma no tendría sentido haber presentado una denuncia penal en la FGR contra los seis consejeros que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato por falta de financiamiento.
Si la denuncia procede, la Fiscalía podría pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los seis: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala. El delito que les imputan es coalición de servidores públicos.
Los morenos no quieren la consulta para la revocación de mandato por pérdida de confianza, como dice la Constitución. Lo que anhelan es un espejito muy caro —3 mil 800 millones de pesos— que le diga al Presidente que es el más popular. Las cosas, sin embargo, no le han salido a López Obrador como él quería. Algún exconsejero electoral me hizo notar que el Presidente ya veía a Claudio X. González, a Frena y a toda la oposición recolectando firmas para echarlo. No sucedió. “Una votación baja, en abril, puede ser decepcionante. El circo de AMLO puede acabar con una consulta al pueblo con 5 mil casillas y ya”, puntualizó.
El INE, por cierto, informó ayer que acatará la resolución de la Comisión de Receso de la SCJN, que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente. En un comunicado destaca que la resolución de la Comisión de Receso del máximo tribunal —integrada por Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat— es provisional y que el instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que adopte el máximo tribunal.
* AMLO ya tomó partido en el conflicto que enfrenta al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con Ricardo Monreal y Dante Delgado, por la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Acusan al funcionario, de origen emecista, del asesinato de un excandidato a presidente municipal.