Apenas el viernes pasado, el Parlamento Europeo, con el voto de casi la totalidad de sus integrantes (607 a favor, dos en contra y 73 abstenciones), había hecho un pronunciamiento expresando su preocupación por los asesinatos de periodistas en México y la denigración de la profesión que realizaban las propias autoridades. La resolución también señalaba que existen “claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos”.

La respuesta, escrita por el propio presidente López Obrador y por su director de comunicación, Jesús Ramírez, no pasó siquiera por la Cancillería. Era tan burda, tan soez, tan poco diplomática (llamó borregos, ignorantes, intervencionistas, a los diputados que representan a los 27 países de la Unión Europa), era tan absurda, que muchos creyeron que era falsa. Lamentablemente, no fue así: es, quizás, el capítulo diplomático-presidencial, de los muchos que hemos vivido en estos años, más lamentable del sexenio.

Precedieron a la postura del Parlamento Europeo declaraciones del secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, y del embajador Ken Salazar, que fueron descalificados y llamados hasta ignorantes en la respuesta presidencial. Luego hubo otro llamado del Congreso estadunidense, que, como estuvo presentado por Ted Cruz, uno de los más conservadores miembros del Partido Republicano, fue también repudiado, aunque no se tomó en cuenta que muchos otros legisladores más respetables que Cruz lo respaldaban.

Después del Parlamento Europeo, como comentábamos ayer, vino el pronunciamiento de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y ahora alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que demandó al gobierno mexicano la protección a los periodistas y criticó a los funcionarios que han contribuido a denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo. Todos esos llamamientos fueron desestimados, incluso con insultos, por el gobierno federal.

El martes fue asesinado Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán. Poco antes, el 31 de enero pasado, había sido asesinado otro periodista de ese medio, Roberto Toledo. Cuando fue la muerte de Toledo, el propio Linares denunció en un video que tuvo amplia repercusión, que la muerte de su compañero era una más de las amenazas que sufrían tanto él como su medio, pidió protección y aseguró que su vida corría peligro. Fue ignorado.

Ayer, periodistas michoacanos marcharon reclamando justicia para Linares y, en un texto enviado al presidente López Obrador y al gobierno estatal, recordaron que, “tras el asesinato de Roberto, fuimos testigos de la actuación institucional del gobierno federal y el estatal para desestimar las amenazas contra los compañeros de Monitor Michoacán, la puesta en duda de su labor y —una vez más— la determinación de sepultar toda posible relación de su actividad periodística con los hechos… Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas, las autoridades fueron omisas al no proveerle los mecanismos de protección necesarios para velar por su integridad. Ahora está muerto.

“La rabia, impotencia e indignación no encuentran ya palabras frente a los homicidios de periodistas que se acumulan en México y Michoacán, esto frente a la indolencia del Estado mexicano, que opta por voltear el rostro y generar cortinas de humo para no asumir su responsabilidad en lo que es una realidad lacerante en nuestro país: la cotidianidad de los asesinatos y violaciones de derechos a periodistas y la permisibilidad gubernamental frente a ello”.

Poco más se puede agregar a esta declaración cuando en diez semanas del 2022 se ha asesinado a 8 periodistas y a 32 en lo que va del sexenio, ante una creciente indiferencia estatal. Incluso el jueves pasado, antes de que se divulgara el pronunciamiento del Parlamento Europeo, el propio presidente López Obrador declaró que el asesinato de periodistas era utilizado “como una estrategia contra su gobierno”, lo mismo que los movimientos feministas y ambientalistas. El presidente López Obrador ha dicho que los periodistas más connotados no hacen periodismo, sino “defienden intereses creados, contrarios al pueblo, les pagan todo ese dinero para mantener todo ese régimen de opresión, de injusticias y de corrupción”. Ha calificado a los periodistas como “prensa fifí, conservadores, corruptos, chayoteros, maiceados, hampa del periodismo”. Ha hablado del periodismo sicario, equiparando su labor con la de los asesinos del narcotráfico.

Jesús Ramírez, el corredactor de la carta al Parlamento Europeo y de las declaraciones posteriores en las que se decía que esas instituciones y legisladores “faltan el respeto a las instituciones del país basados en desinformación y sólo buscan atacar al gobierno y al proyecto político que encabeza López Obrador”, propuso, ante el asesinato de periodistas, “crear mesas de diálogo” para analizar qué medidas se pueden tomar.

Ramírez es el director de Comunicación Social de la Presidencia más lejano a los periodistas que se pueda recordar: simplemente nos suele ver como sus enemigos; fue el creador de ese esperpento llamado “quién es quién en las mentiras”, y el que le da al Presidente el resumen informativo que envenena la relación presidencial con los medios. No se necesita una mesa de diálogo: existen protocolos para protección a los periodistas que simplemente no se cumplen. Y esos crímenes quedan impunes. Ésa es la exigencia.