El juez accedió a la petición de la defensa de Emilio Lozoya y fijó para el 10 de marzo la nueva fecha; la madre del exdirector de Pemex pidió ya alcanzar un acuerdo.

Lo que nos faltaba. Los militares ya están a cargo de la seguridad del Metro de la Ciudad de México. Como si con ello exorcizaran los fatales accidentes que le han costado la vida a 29 personas y han dejado más de 200 heridos, en espacio de dos años. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió al Presidente el apoyo de la Guardia Nacional. López Obrador atendió de inmediato la solicitud. Ya están más de seis mil elementos. ¿No harán más falta en Colima, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas que en el Metro? Es pregunta al Ejecutivo. La presencia de militares en el Metro refuerza la tesis de sabotaje que, tanto la jefa de Gobierno como el Presidente, utilizan para tapar la falta de mantenimiento en ese sistema de transporte que utilizan diariamente cinco millones de capitalinos. Esa falta de mantenimiento quedó al descubierto en la conclusión del peritaje que la empresa noruega DNV, contratada por el gobierno de la ciudad, hizo del accidente de la L12 del Metro. De enero de 2021 a la fecha se han producido tres accidentes fatales en el Metro: el incendio en el Centro de Control (un muerto y 30 intoxicados), el desplome en la Línea 12 (27 muertos y 79 heridos) y el choque en la Línea 3 (un muerto y 106 heridos).

* El cuento del sabotaje no se lo tragó la ingeniera y senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. “Es para lavarle la cara a la jefa de Gobierno. Una manera de salvarla, porque está descarrilada por su falta de capacidad técnica para resolver este problema”, nos dijo. Agregó: “Si hay los recursos, como sostiene la jefa de Gobierno, por qué hay tantos fallos. Hay un problema grave en inversión. Lo están haciendo en la Línea 1, pero se tiene que hacer en el resto del Metro. En lugar de pedirle al Presidente la GN, le hubiese pedido recursos extraordinarios para cambiar los sistemas de seguridad que ya son obsoletos. Es un tema técnico. No es un tema de militarizar el Metro. Meten a los militares para apuntar la tesis del sabotaje y para quitarle el celular al que grabe, para intimidar al que reporte alguna anomalía”.

La expanista Laura Ballesteros, especialista en temas de movilidad, coincide con Xóchitl: “Es una manera de decir ‘no es culpa nuestra’. Es un sabotaje y mandaremos al Ejército para que los vigilen’. La verdad es que la incapacidad y la falta de inversión en mantenimiento es por lo que lo tienen así. Decrecimiento en inversión y subejercicios”.

La exintegrante de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de la CDMX hizo notar que en la 4T desaparecieron el fondo de capitalidad, que se daba a la ciudad en su condición de capital del país. “Eran más o menos tres mil millones al año. Entre el 15 y el 20% se destinaba al mantenimiento del Metro”, dijo.

* Confirmado el acuerdo bipartidista que adelantamos en esta columna el pasado 22 de diciembre: el PAN se queda con la candidatura presidencial y la CDMX en 2024, a cambio de que el PRI encabece en el Estado de México y Coahuila en 2023.

 

 

 

 

 

 

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¿Y el PRD? “No estamos de acuerdo. No pueden asignarse las candidaturas como un mero reparto de cuotas. Debe decidirse esto junto con la sociedad civil”, nos dijo ayer Jesús Zambrano, presidente de ese partido. El jefe perredista desconoce como “acuerdo de la coalición” el reparto de las candidaturas anunciado por sus pares del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno.

Ese acuerdo se hizo público en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer los tres líderes de la alianza Va por México, para ratificar que van juntos en el Estado de México, con Alejandra del Moral, y en Coahuila, con Manolo Jiménez.

“¿Qué sigue?”, preguntó Zambrano. “Buscar ponernos de acuerdo entre los tres y esperar a ver qué dicen las organizaciones de la sociedad civil”, se respondió. Para 2024, Zambrano propone que se forme un comité de ciudadanos sin partido que participe en la evaluación de  los postulantes a la candidatura presidencial.  Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, fue al grano: “Vamos a ir juntos en 2023, pero si no hay un cambio de método en la selección de candidatos, en el 24 nosotros no vamos”. 

En la citada conferencia, Marko Cortés detalló los acuerdos con uno de sus aliados: este año será el PRI el que defina a los candidatos, en el Estado de Coahuila y en el Estado de México. En 2024 será el PAN quien “sigle” el proceso democrático (?) para la Presidencia de la República y la Ciudad de México.

Para suavizar el impacto de la decisión cupular, Cortés tuvo el cuidado de agregar que en todos los casos queda garantizado que en el proceso podrá participar cualquier ciudadano “con o sin militancia”, a condición de que sean perfiles muy competitivos. Alito ratificó el acuerdo negociado con el PAN, pero dijo que no fue decisión de él, sino del Consejo Político Nacional. “Lo aclaro, porque luego hay muchos pendencieros que dicen otras cosas”. Convenientemente se le olvidó mencionar que él controla el citado consejo.

Hecho: la ministra, que buscaba presidir la SCJN, intentó atajar la denuncia a través de cartas firmadas por académicos, en los que jamás se negó el plagio, sólo se argumentaba que había cumplido con los requisitos para su titulación, en la que tuvo una “actitud destacada”.

Hecho: quien fungió como asesora de la tesis de Esquivel Mossa envió otro documento en el que subrayó, luego de recordar sus 45 años de experiencia y que había dirigido al menos a 500 estudiantes, que el trabajo presentado en 1986 era original. Martha Rodríguez Ortiz, además, acusó que tanto ella como la ministra eran víctimas de violencia de género.

Hecho: la también esposa del ingeniero favorito de la 4T, José María Riobóo, publicó otro comunicado en el que acusaba una campaña en su contra. Hecho: la UNAM precisó que había presentado “un sinfín” de pruebas con las que demostraba que era la autora original de la tesis. También que, incluso, tenía una declaración notariada firmada por el alumno implicado, en la que reconocía que él había tomado el trabajo que la entonces estudiante inició en 1985, que peritos informáticos documentaron también que la tesis había sido alterada.

Hecho: todos sus argumentos comenzaron a caer. Ella insistió en que nada era verdad. Tanto la FES como las autoridades de la UNAM concluyeron que, en efecto, lo publicado por Sheridan estaba en lo cierto, lo dijo así el rector, Enrique Graue: “La entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás…”. Hecho: la UNAM también señaló que carece de instrumentos jurídicos para retirarle el título profesional “aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado…”. Hecho: el notario del que habló Esquivel en la víspera de Año Nuevo se deslindó del documento en la forma en como fue presentado, él sólo avaló que la firma correspondía a la persona que la plasmó; pero también el abogado de Báez rechazó haber tenido contacto con la ministra o con su gente.

… Y la ministra insistió mientras pudo que todo era mentira, que no plagió, que todo se trató de una campaña en su contra. Las autoridades universitarias pasaron el tema a la SEP, pero ayer la secretaría regresó el asunto a Rectoría: “En tanto que el título expedido por el rector de la UNAM a la C. Yasmín Esquivel Mossa no sea declarado inválido por autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones carece de facultad para intervenir de forma alguna…”, se lee en una carta difundida por la SEP, firmada por su titular, Leticia Ramírez. Se echan la pelota, hoy no sabemos quién ni cómo sancionarán esto. Y mientras se vulnera a cada segundo el valor de uno de los brazos institucionales más valiosos del país: mientras Esquivel Mossa siga en el cargo, a pesar de que su alma mater la señala como una estudiante que plagió… Mientras porte toga y sesione, se vulnera a la Corte. Y ya lo advirtió ayer, luego de que el presidente López Obrador se negó otra vez a condenar el plagio, incluso ha repetido los señalamientos contra la UNAM y su rector, Esquivel Mossa dijo a Milenio: “No tengo nada de qué avergonzarme…”. Ni del plagio ni de las mentiras. No tiene nada de qué avergonzarse, asegura. 

 

 

Debió separarse del cargo. En su insistencia, se lleva entre los pies el prestigio de la máxima casa de estudios, incluso el del Presidente, que fue quien la propuso para llegar a la SCJN. Su caso se ha convertido en uno de los ejemplos más tristes para un Estado que suplica por el fortalecimiento de sus instituciones, porque sí hay de qué avergonzarse.

ADDENDUM

Dicen que en política no hay coincidencias y, justamente después del anuncio de que el PAN lleva mano en las candidaturas presidenciales, las principales figuras de todos los partidos y cámaras empresariales van al informe de Mauricio Vila.