CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El miércoles 31 de octubre la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la quinta resolución en el sentido de eliminar la prohibición del uso lúdico de la mariguana, con lo cual se generó jurisprudencia; es decir, la obligación para los juzgadores federales de resolver en el mismo sentido que la Corte.

Para efectos medicinales el uso de la mariguana se había aprobado desde 2017. Se trata de un tema polémico y que no es actual; tiene algunos años en la agenda de la discusión nacional. 

Desde el punto de vista jurídico, la primera obra que se manifiesta sobre la legalización de la mariguana es la escrita por el distinguido jurista Eduardo López Betancourt, profesor destacado de la Facultad de Derecho de la UNAM: Drogas. Su legalización (México, Porrúa, 2009). 

En ese volumen López Betancourt recuerda un hecho histórico: fue el general Lázaro Cárdenas quien legalizó el uso de las drogas para fines médicos, de acuerdo con el Reglamento Federal de Toxicomanías publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1940. 

En sus consideraciones, ese Reglamentó establecía que “debe considerarse al vicioso más como enfermo a quien hay que atender y curar y no como verdadero delincuente que deba sufrir una pena… que el único resultado obtenido con la aplicación del referido Reglamento de 1931 (que prohibía absolutamente el uso de estupefacientes) ha sido la del encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por estas circunstancias obtengan grandes provechos los traficantes”. 

En 1940, apunta en su obra López Betancourt, “la heroína y la morfina se empezaron a distribuir en dispensarios médicos en el marco de un tratamiento para que los adictos superaran su dependencia y con respecto al consumo de mariguana y cocaína hubo una actitud de despenalización. Esto provocó que el mercado de los narcóticos se desplomara. Pero Estados Unidos se opuso” y logró presionar al gobierno mexicano que cinco meses después, el 7 de junio de aquel año, retomó la posición de prohibición absoluta. 

Durante los meses que estuvo en vigor el Reglamento de 1940 efectivamente el mercado ilegal se vino abajo. La morfina proporcionada por el gobierno podía conseguirse por 3.20 pesos el gramo, mientras en el mercado informal alcanzaba 50 pesos. 

Hoy, 78 años después, el camino trazado por Lázaro Cárdenas empieza a ser retomado, sin prisa pero sin pausas (si se consideran los amplios alcances del Reglamento de 1940), con muchas resistencias, pero menores que las habidas, sin duda, durante la Segunda Guerra Mundial. 

Hay que anotar que la resolución de la SCJN admite la siembra y consumo de la mariguana, pero es restrictiva por lo que hace a su comercialización. No es el caso en varios estados de Estados Unidos, donde abiertamente se vende mariguana de diversas calidades y hasta existen outlets de esa planta, como en Alaska: en el centro de Anchorage es común ver varios establecimientos que la venden y anuncios espectaculares de esa droga. 

Hay un cambio cultural respecto a lo que todavía muchas personas consideran en México. No creo que con esa gradual despenalización vaya a producirse un incremento del uso de la mariguana y una sociedad de adictos, como las buenas conciencias proclaman como actos de fe sin evidencia empírica de sus asertos.

Ejemplos de lo contrario hay muchos empezando por Holanda, donde la mariguana y otras sustancias similares se venden desde hace mucho tiempo.

En Ámsterdam hay tiendas que venden mariguana de diversas calidades y producida en diversos países y hasta ahora nadie puede probar que Holanda esté al borde de una guerra civil por la adicción colectiva; al contrario, es una de las primeras economías del Primer Mundo. 

El problema en realidad está en la probabilidad de que la eventual reducción de los precios del mercado afecte a los empresarios del ramo. Guerrero, Michoacán y parte de Sinaloa siguen sembrando mariguana en grandes extensiones de tierra, donde precisamente su ilegalidad genera una importante utilidad que se vería afectada, gradualmente, por esta resolución que, aunque prohíbe su comercialización, va a generar mayor oferta que la existente ahora, y a precios más reducidos.

Es de esperar que una parte de esos empresarios cambie de giro y ponga el acento en otros negocios ilícitos, como el tráfico de personas o de órganos, los secuestros y asaltos –que obviamente jamás serán legalizados–; tal eventualidad está prevista por el secretario designado de Seguridad Pública, Alfonso Durazo (de quien además, por fortuna para el interés público, se sabe que, por los reportes de la DEA, no tiene liga alguna con el crimen organizado), quien tiene preparada una logística para minimizar los efectos nocivos de una eventualidad semejante, en concurso con las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina. l

@evillanuevamx

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