CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) exigen el respeto a la libre determinación de las comunidades y pueblos frente a los megaproyectos que son ajenos a su bienestar e identidad, y rechazan los “falsos” procesos de consulta:

“Frente a procesos de consulta amañados y corruptos que legitiman la imposición de proyectos de despojo, reivindicamos el derecho insoslayable de la libre determinación de los pueblos, quienes a través de sus usos y costumbres reivindican su existencia misma y ejercen su posición ante megaproyectos o de cualquier otro proyecto que no surja desde su propia cosmovisión, necesidad y realidad.”

“Ante la lógica racista y colonial, según la cual expertos externos son llamados a certificar la existencia o no del ‘ser indígena’ en los juicios relativos a las afectaciones ambientales (como los peritajes antropológicos, fácilmente manipulados por las empresas), reivindicamos la autoadscripción y la autonomía como criterio fundamental para el sustento de la identidad indígena y campesina, y los derechos colectivos que ésta ampara.”

Las demandas de los investigadores, académicos y estudiantes de antropología del INAH son el resultado del encuentro La defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: Desafíos a la antropología, realizado del 24 al 26 de septiembre pasado en la Sala Guillermo Bonfil Batalla de la Coordinación Nacional de Antropología y la Dirección de Etnología y Antropología Social.

El pronunciamiento establece la necesidad de sumar a estudiantes y trabajadores relacionados con el conocimiento antropológico, grupos y colectivos, a la defensa de los territorios que están bajo amenaza por megaproyectos de diversa índole: extractivos, turísticos, de infraestructura (pueden mencionarse aquí como ejemplo el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, carreteras, presas).

Pues dichos proyectos son propiciados “por políticas económicas orientadas por una lógica colonial y el modelo de desarrollo nacional, impuestos violando los derechos de los pueblos, pasando por encima de los procesos basados en la libre determinación, la autonomía y la autogestión, mismos que ahora empresas y gobiernos quieren regular con falsos procesos de consulta y de consentimiento”.

Aclara el documento que al referirse a la cancelación de concesiones para proyectos –como la minería a cielo abierto, pozos petroleros, hidroeléctricas, gasoductos, explotación por fractura hidráulica (fracking) y procesos asociados– se exige la cancelación de concesiones y no que se otorguen mediante consulta.

Entre sus demandas pueden mencionarse: terminar con la criminalización, hostigamiento y asesinato de quienes luchan contra el despojo y la depredación de estos proyectos, libertad a los presos que han sido procesados por estas causas. Piden castigo a los responsables de la muerte de Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspara Rodríguez y Adrián Tilihuit, la desaparición de Sergio Rivera Hernández y el asesinato de Margarito Díaz González y Jesús Javier Ramos Arreola.

Demandan también la abrogación de las leyes secundarias de la llamada reforma energética que comprende las leyes de minas, agua, hidrocarburos, geotermia y electricidad, entre otras; que se prohíban los cultivos transgénicos y se derogue la aprobación del Protocolo de Nagoya, “que implica la mercantilización y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos… así como del conocimiento tradicional”.

Igualmente rechazan la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, anunciado hace unos meses por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que la propuesta tiene reminiscencias del “viejo indigenismo” que por décadas “mediatizó y manipuló a los pueblos”. Lo mismo consideran para la Secretaría de Pueblos de la Ciudad de México.

Las peticiones del documento contemplan también una genuina participación de las comunidades en los procesos de consulta:

“Exigimos la modificación del artículo 2º constitucional para que garantice, en primer término y de manera prioritaria, el derecho de todos los pueblos indígenas y campesinos a determinar sus propios modelos de vida, y en segundo término, eventualmente, que cada uno de los procesos que apunten a la implementación del consentimiento y de la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, sea organizado, pensado y creado por cada pueblo y con el apoyo y la colaboración de aquellos actores que ellos mismos determinen y quienes deben, sobre todo, reivindicar la permanencia en el presente y el futuro del significado del ser pueblo, de la comunalidad, del territorio y de los procesos que desde su cosmovisión refrendan los pueblos mismos.”

Pone énfasis:

“Sólo así valdría la pena consultarlos, siempre con carácter vinculante y sin que estos procesos se planteen para ejecutar proyectos que provienen del modelo extractivo que explota y mercantiliza el mundo y que anula la dignidad y vida de los pueblos y los bienes naturales.”

Firman, entre otros, los académicos Paul Hersh Martínez, Eliana Acosta, Eckart Boege, Giovana Gasparello, Rosa María Garza, Julio Glockner (de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Enrique Leff y Víctor Toledo (de la UNAM). Y suman algunas organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).