04 de Julio de 2017
El ánimo popular es producto de los limitados alcances en su calidad de vida, tras la promesa de establecer un planteamiento político que con base en una supuesta experiencia en el ejercicio de gobierno, fortalecería la coordinación entre la administración federal y el número mayoritario de gubernaturas que en ese momento estaba bajo control del propio Partido Revolucionario Institucional, con el fin de aportar mejores resultados a los observados en los 12 años de gobiernos panistas. A cinco años, el escenario nacional muestra una ruta percibida en gran número como desfavorable y resulta cuesta arriba el pensar que en los hechos, los aspirantes presidenciales del PRI pueden ofrecer el cambio exigido, cuando todos ellos han formado parte del círculo íntimo de la toma de decisiones que tiene al país en la inconformidad o pertenecen a una generación de mandatarios estatales con serios cuestionamientos democráticos.
La misma cultura política domina al Movimiento Regeneración Nacional. Una organización que no termina de definirse a sí misma, siempre en la frontera entre un partido político orientado a ganar elecciones y un movimiento social destinado, a perpetuidad, a reclamar su aversión a las instituciones que —si bien deben ser sujetas a una mejora profunda en sus prioridades de política pública— han aportado estabilidad en el tiempo. Al margen de esta indefinición, los dirigentes de Morena, empezando por López Obrador, se presentan ante la ciudadanía como otra alternativa vertical, autoritaria, adversa al debate público e inclusive, desafiante contra la libertad de expresión de los medios de comunicación. Se plantean como la opción de futuro cuando su plataforma parece más cercana a una reedición de la plataforma de Luis Echeverría, que a la izquierda moderna reclamada por quienes manifiestan esa orientación ideológica en el país. Sin duda, la afinidad con el régimen de Nicolás Maduro es evidente, todos conocemos bien los costos de mediano plazo que tiene el populismo en la capacidad adquisitiva, especialmente de las familias con menores ingresos.
La elección presidencial de 2018 no es un proceso más. Representa la aduana para abandonar la inercia institucional en la que está sumida el país, así como para cerrarle la puerta al populismo que, elección tras elección, amenaza a México con su regresión autoritaria. A pesar de los riesgos evidentes que emanan de PRI y Morena, el dominio de la vertiente democrática nacional no está del todo garantizada. Para cumplir con éxito su objetivo, se requiere la construcción de un frente opositor fundamentado en la fuerza de un amplio mandato ciudadano, que sea capaz de superar los controles partidarios. Legítimos éstos en coyunturas históricas donde se compite entre fuerzas democráticas, pero que son obstáculos a la presentación de propuestas programáticas y candidaturas efectivas en momentos donde la sociedad exige amplios consensos de cambio a su clase política. En esta responsabilidad, la atención debe centrarse ante todo, en la definición de una agenda de coincidencias entre partidos, organizaciones de la sociedad civil y líderes ciudadanos congruentes con su vocación democrática, promotoras del cambio necesitado. Dar prioridad a la agenda incentiva, en un primer momento, a anteponer los intereses nacionales sobre los de grupo. También a facilitar una coalición lo más amplia posible, capaz de convencer, incluso, a ciudadanos independientes e indecisos y, por último, incentiva a la identificación de un candidato o candidata presidencial con los atributos políticos suficientes para plantear esa agenda y conducirla con la fuerza suficiente, desde las instituciones del Estado mexicano. De llegar a buen puerto el frente opositor, la mejor manera de seleccionar a su abanderado sería mediante una elección abierta a los ciudadanos, con los candidatos de los partidos involucrados que deseen participar. Más aún en un contexto donde el Partido Revolucionario Institucional cerró la posibilidad de instaurar la segunda vuelta electoral, las fuerzas democráticas requieren de un candidato probado frente a los votantes que participarán en 2018 y una elección abierta —en los hechos una primera vuelta electoral que sería muy atractiva para los ciudadanos— les da la posibilidad de definir al candidato que asumirá una posición altamente competitiva, con la fuerza para emprender la agenda de transformación nacional.