Andrés Manuel López Obrador prefirió pasar a la historia como el primero que designa directamente a un(a) integrante de la Suprema Corte que dotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los dos magistrados que faltan en su Sala Superior. Luego de la ruptura del bloque de contención en el Senado, el oficialismo sabía que podía echar mano de los votos de Movimiento Ciudadano para construir la mayoría calificada que permitiera elegir como nueva ministra a alguna de las integrantes de la segunda terna que el mandatario envió después de que las de la primera no alcanzaron consenso.

Sin embargo, esos trece votos tenían precio: el líder de ese partido, Dante Delgado, puso como condición que la Cámara alta designara a los dos magistrados electorales que ocuparían los asientos de José Luis Vargas e Indalfer Infante, cuyos periodos vencieron el 31 de octubre pasado.

A falta de acción por parte de la mayoría senatorial, el pleno del Tribunal ha tenido que trabajar con cinco de sus siete integrantes, algo similar a lo que sucede con el Inai, que actualmente labora con cuatro y requirió de un permiso de la Suprema Corte para sesionar con quórum incompleto.

La condición de Dante fue rechazada. La pregunta es por qué. Por más que esté contemplado por la Constitución, tener que nombrar directamente a alguien para la Corte resulta nada glamoroso, pues exhibe las dos ternas presidenciales como limitadas y parciales. Y, en efecto, ahora López Obrador tendrá que hacerse cargo de lo que haga y deje de hacer Lenia Batres, la militante de Morena de la que echó mano para cubrir la vacante que dejó Arturo Zaldívar, quien renunció para irse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum.

Por cierto, si una historia semejante hubiese ocurrido en alguno de los sexenios anteriores, los actuales miembros del oficialismo se habrían desgarrado las vestiduras. Lo avalan hoy, porque tal es su hipocresía, sumisión y ansia de poder.

Pero volviendo al Tribunal Electoral, dejarlo en cinco y decidirse por arar con los bueyes que tiene es una decisión por demás reveladora. Tres de esos magistrados se sublevaron contra el presidente del órgano, Reyes Rodríguez Mondragón, y orquestaron un golpe para obligarlo a renunciar, aduciendo una pérdida de confianza que jamás se explicó. Todo quedó en chismes y trascendidos. Si alguna falta grave cometió Rodríguez Mondragón, debió informarse y sancionarse. El hecho es que, después de negarse a dimitir, el presidente se hizo finalmente a un lado, entregando el cargo a su compañera Mónica Soto, quien había sido fotografiada mientras conversaba discretamente con el diputado oficialista Sergio Gutiérrez Luna.

Lo que sucedió es que el oficialismo se hizo de la presidencia del Tribunal Electoral, que calificará la elección presidencial y resolverá las impugnaciones que presenten los partidos políticos. Ahora Soto podrá conducir las sesiones, a partir del 1° de enero y, en caso de que la votación en la Sala Superior esté empatada –cosa que quizá nunca ocurra, pues los magistrados son cinco–, ella tendrá el voto de calidad.

Uno tiene que preguntarse cuál es el temor que tiene el oficialismo para pergeñar tal maniobra. ¿Acaso no repite un día sí y otro también que la elección presidencial ya está decidida, que las encuestas favorecen ampliamente a Sheinbaum?

En una de ésas, las cosas no están tan sencillas como nos quiere hacer creer y va a requerir de una ayudadita en el Tribunal Electoral. En todo caso, poner en duda la credibilidad de ese órgano, fundamental para la buena marcha de la democracia, dejándolo incompleto y arrimado al gobierno, es algo que va a lamentar el país tarde o temprano.

Buscapiés

Venció ayer el plazo que la SCJN le puso al Senado para designar a los tres comisionados que le faltan al Inai. Ni los morenos ni sus rémoras en el Senado atendieron la sentencia del máximo tribunal. Incurrieron en desacato, pero las vale madres. Son como llamados a misa. Se sienten protegidos por el autócrata de Palacio Nacional.

Pero si la Corte la vuelve a dejar pasar sin sancionar, perderá la autoridad moral que la ha caracterizado desde que, anticipadamente, se fue Arturo Zaldívar para incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum.

* Para nadie es un secreto que López Obrador quiere desaparecer los órganos autónomos. Dice que no sirven para nada. Ya hasta se dio el lujo de anunciar que enviará una iniciativa de ley en febrero próximo para eliminarlos.

Afortunadamente no tiene la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) que se requiere para modificar la Constitución. Los tenía con MC, eran suyos, pero los dejó ir, diría el clásico. La arrogancia que lo ha caracterizado lo llevó a rechazar la propuesta de Movimiento Ciudadano para nombrar a la nueva ministra, a cambio de la elección de los dos magistrados que le faltan al Tribunal Electoral.

La respuesta fue un rotundo “no”.

* Le pedimos a Adrián Alcalá, presidente del Inai, una reflexión sobre los riesgos de que desaparezca lo que López Obrador llama “el Instituto de la Transparencia”. Su respuesta fue generosa:

1.- Se dejarían de garantizar dos derechos humanos: acceso a la información y protección de datos personales.

2.- El acceso a la justicia de los ciudadanos se vería afectado, toda vez que sólo podrían optar por un recurso judicial, que requiere mayores formalidades y conocimientos legales; además de plazos de resolución más extensos.

3.- La autonomía constitucional del instituto genera certeza y seguridad jurídica para las partes. Desaparecerlo implica el riesgo que el Ejecutivo mande las funciones a una de las secretarías de Estado que forman parte de la administración pública.

4.- Al desaparecer el Inai se perdería un espacio ganado en distintos sistemas que conforman el Estado mexicano, como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema de Mejora Regulatoria.

Pero también el Sistema Nacional de Transparencia, la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, entre otros.

5.- Hay una afectación directa a la democracia, al eliminar el órgano que vigila el derecho a la información.

Alcalá abundó: “De no existir el Inai se verá vulnerado el sistema de frenos y contrapesos del poder público en México, pues desaparecería toda posibilidad de vigilancia social de las instituciones. El acceso a datos y documentos e información es el primer eslabón para visibilizar e identificar hechos que pudieran constituir delitos de corrupción”.

La respuesta del comisionado presidente fue más amplia. Contiene media docena de puntos adicionales que, por cuestiones de espacio, no plasmaremos en esta columna. Pero lo más importante está dicho.

* Inaugurar obras inconclusas es el sello de la 4T. Primero fue la refinería que no refina. Ayer fue el Tren Maya. Se echó a andar con apenas 14 de las 34 estaciones.

Muy orondo andaba ayer el presidente López Obrador con la obra insigne de su gobierno. Su costo original era de 120 mil millones de pesos. Pero hasta septiembre de 2023, llevaba gastados 297 mil millones de pesos, según datos proporcionados, en redes sociales, por el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, del PAN.

Escribió: “Esta inauguración es una clara simulación, una mentira. El Tren Maya no está terminado. De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda, tiene sólo 70% de avance físico en su construcción.

“No obstante el desmesurado gasto, se proyectan recursos adicionales para terminar su construcción. De acuerdo con el Presupuesto 2024, tiene asignados 120 mil millones de pesos más”. ¿Cómo la ve?

* Es un buen cierre de año para el grupo parlamentario del PRI en el Senado. Con las incorporaciones de Nancy de la Sierra, Nadia Navarro, Lucy Meza y Cecilia Sánchez regresa como tercera fuerza en la Cámara alta con el mismo número de escaños que Movimiento Ciudadano.

Y pronto podrían haber sorpresas que rompan ese empate.

Entre las víctimas se encuentra la ex reina de la Candelaria 2017, Thalía Cornejo, según precisó una mujer, que conocía a la joven