Historia y Cultura

Jorge Fernández Menéndez

Razones

El domingo murió la señora Consuelo, la madre de Joaquín El Chapo Guzmán y abuela de los Chapitos. Cuarenta y ocho horas antes se había dado un enfrentamiento de los más violentos de la historia reciente en nuestro país: toda una comunidad en Texcaltitlán, Estado de México, se levantó a matar o morir contra los narcotraficantes de la Nueva Familia Michoacana (un grupo con buena relación con el Cártel de Sinaloa) hartos de ser extorsionados por los criminales y de ser ignorados por las autoridades. El saldo fue de 14 muertos, 10 sicarios y cuatro pobladores.

El presidente López Obrador el sábado y el domingo estuvo en la zona de control de la Nueva Familia Michoacana, en Tierra Caliente, Guerrero, y en Tejupilco, Estado de México. No dijo una palabra sobre esos grupos criminales. En la mañanera de ayer tampoco abordó el tema, se limitó a decir que se está investigando lo sucedido en Texcaltitlán y que ya está en la zona la GN.

Pero sí tuvo tiempo de hablar de la muerte de doña Consuelo, la madre de El Chapo Guzmán, y abuela de los Chapitos. Dijo que tenía respeto por ella y consideración por todos sus familiares. Olvidó decir que cuatro de sus hijos y otros cuatro de sus nietos han sido personajes notables en el mundo del narcotráfico y han ordenado y ocasionado la muerte de miles de mexicanos.

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Qué bueno que tiene consideración por su familia. Pero, si hubiera un concurso de lambisconería, ése lo ganó Jenaro Villamil, el conspicuo director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que escribió para redes sociales que la señora Consuelo era “una mujer sencilla”, que “siempre negó que su hijo fuera capo del narcotráfico”. Es vergonzoso.

No sé si la madre de El Chapo Guzmán era una mujer sencilla, quizás sí, porque nunca quiso irse de su rancho de La Tuna (algunos dicen que nunca se fue de allí por la seguridad que el Cártel de Sinaloa tiene en la zona) ahí en Badiraguato, la pequeña ciudad que el presidente López Obrador ha visitado seis veces este sexenio, pero el hecho cierto es que cuatro de sus hijos han sido y siguen siendo parte central del narcotráfico en el país: Joaquín, Arturo, apodado El Pollo y asesinado en el penal del Altiplano; Aureliano, llamado El Guano y uno de los principales operadores actuales del cártel (le apodan El señor de la sierra y la recompensa de Estados Unidos por él es de cinco millones de dólares), un personaje particularmente violento y acusado de haber ordenado la muerte de un medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, por la sospecha de que había filtrado información que ayudó a la segunda captura de El Chapo.

El otro hermano es Miguel Ángel, que estuvo once años preso en Estados Unidos y al quedar en libertad regresó a México y se puso bajo las órdenes de El Guano. Por encima de ellos están los sobrinos que fueron educados en buena medida por El Pollo y El Guano. Son los Chapitos, los hijos de El Chapo: Iván Archivaldo, Ovidio, Édgar y Jesús Alfredo. Otro hijo, Joaquín, fue muerto en Culiacán en lo que se consideró un error de sicarios de El Mayo, que lo confundieron con un miembro de los Beltrán Leyva.

A la familia de la señora Consuelo ha llegado la consideración presidencial, esta misma familia que acabamos de describir. Pero asombra que no hay ni una palabra sobre los comuneros de Texcaltitlán, que tuvieron que enfrentarse a costa de su propia vida con los criminales que, hoy, siguen controlando buena parte del Estado de México, Michoacán, parte de Morelos y Guerrero. Casualmente estados gobernados también por Morena.

LA OTRA CARA

Mientras se cruzan los abrazos y consideraciones por el fallecimiento de la señora Consuelo, hay hombres y mujeres que se juegan la vida para combatir a la familia de El Chapo. Este fin de semana fue detenida una muy importante célula del Cártel de Sinaloa en una operación simultánea realizada en Hermosillo, Sonoyta y San Luis Río Colorado, en Sonora, y en Mexicali, Baja California. Era una banda integrada por cuatro hombres y dos mujeres, que se dedicaba al secuestro, la extorsión, los asesinatos por encargo y el tráfico de indocumentados, además del narcomenudeo.

Trabajaban con los choferes de autobuses o camiones que transportan gente a la frontera, quienes les proporcionaban los datos de los migrantes, los interceptaban, secuestraban y pedían rescate a sus familias. Las llevaban a unas cuevas ubicadas en el tramo carretero de San Luis Río Colorado-Sonoyta, lugar en el que eran sometidos a condiciones terribles, incluyendo niños. Pedían mínimo dos mil 500 dólares de rescate por persona. Los que eran liberados eran abandonados a su suerte en el desierto.

Estaban relacionados con el secuestro de 135 migrantes que fueron liberados el 6 de mayo de 2023, en El Mezquite, en San Luis Río Colorado; en el secuestro de una persona de nacionalidad italiana, el 11 de julio de 2023; también en el de una familia salvadoreña ocurrido el 28 de febrero de 2023. Y en numerosos otros secuestros y desapariciones de familias completas de China, El Salvador, la India, el Ecuador, y Honduras, entre julio y diciembre de este año.

Según las autoridades, obtenían utilidades cercanas a los 100 millones de dólares mensuales y reportaban directamente con Iván Archivaldo Guzmán.

María Amparo Casar

A juicio de Amparo

El Presidente ha mantenido su popularidad en altos niveles. Según Consulta Mitofsky, al cierre del quinto año de gobierno López Obrador tiene 56.5% y, según Reforma, 62%. No es inédito. Zedillo marcaba 67%, Fox 62% y Calderón 64%. La excepción fue Peña Nieto, con tan sólo 25% de aprobación.

No recuerdo si los presidentes anteriores presumían su alta aprobación, pero, la verdad, es irrelevante. La popularidad no se traduce necesariamente en votos. Basta preguntarle a Zedillo o a Calderón, que tuvieron que entregar la banda presidencial a la oposición. O, al propio AMLO que, con niveles todavía más altos de popularidad, perdió 4 millones de votos en las elecciones intermedias de 2021.

Lo que debiera importarnos es el desempeño del gobierno y me temo que no pasa la prueba del ácido. Con todo el poder que ha tenido López Obrador –que no deriva de su popularidad–, al cierre del quinto año de gobierno está claro que la denominada Cuarta Transformación fracasó en la mayoría de sus frentes. Las promesas de una revolución por la vía pacífica no llegaron y a menos de un año de entregar el poder ni siquiera estarán dadas las bases para ello.

El Presidente logró instalar en el discurso la locución y hoy casi todos nos referimos a la 4T. Es difícil definirla. Lo de “Cuarta” se refiere a una ilusoria transformación equiparable a la Independencia, la Revolución Mexicana y el Cardenismo. Lo de “Transformación”, a lo que él llama, según la ocasión, una revolución por la vía pacífica, una auténtica regeneración de la vida pública de México, el cambio de la mentalidad del pueblo, la revolución de las conciencias, la ruptura del molde con el que se hacía la vieja política, el nuevo humanismo mexicano o el proyecto de gobierno plasmado en los cien compromisos dados a conocer en su discurso de toma de posesión.

No importa cómo se le defina porque, al fin y al cabo, es parte de su megalomanía. Lo que sí importa es que, al inicio de su sexenio hizo cuatro promesas: crecimiento económico de 6%, disminución sensible de la pobreza, combate a la corrupción y seguridad para todos los mexicanos.

Ninguna se ha cumplido. Al quinto año de gobierno, el PIB creció 0.6% respecto al 2018 y el PIB per cápita hoy es 0.3% menor que el que se registraba al inicio del sexenio. La cifra de homicidios superó, al cierre de 2023, los 173 mil. Más que los 122 mil de Peña o los 96 mil de Calderón. La más alta desde que se mide este indicador. La corrupción no ha cedido un ápice. Además de los grandes escándalos de corrupción, como fue el de Segalmex, según las encuestas, la mayoría de la población reprueba la política anticorrupción. Consulta Mitofsky reporta que, al 3 de diciembre , 71.6% de la población pensaba que había “mucha o regular” corrupción en el país. Finalmente, aunque Coneval reportó con cifras de 2022 una disminución de 6.9% de la población en situación de pobreza, la misma institución informó sobre un aumento en la pobreza extrema (de 8.7 a 9.1 millones de personas), un aumento de 18.8 millones a 50.4 millones de personas sin acceso a la salud, además del rezago educativo de 22.3 a 25.1 millones y un ligero aumento de pobreza por ingresos de 9.1 a 9.3 millones de personas.

A estas cuatro banderas las precedieron otras ofertas y en los primeros años vinieron muchas más: desmilitarización en las tareas de seguridad, fin de la impunidad, un sistema de salud como el de Dinamarca, educación de calidad, justicia para las víctimas del pasado (y del presente), desaparición de sobreprecios en las obras, prohibición de las adjudicaciones directas, transparencia gubernamental, abandono del influyentismo, austeridad republicana…

NO cumplió.

Junto a todas estas extraordinarias promesas, en su primer discurso como presidente electo ante el Tribunal Electoral, López Obrador ofreció que, bajo su gestión, el Ejecutivo no sería nunca más “el Poder de los Poderes” ni buscaría “someter a otros Poderes”. “El Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad”.

No cumplió.

Meses después, el día de su toma de posesión, empeño su palabra en el sentido de que “se acabaría la vergonzosa tradición de fraudes electorales, que las elecciones serán limpias y libres y que, quien utilizara recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o utilizara el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, iría a la cárcel sin derecho a fianza”.

Tampoco cumplió.

Pocos presidentes han llegado a su encargo con tanta legitimidad electoral, poder y respaldo popular como López Obrador. Tuvo la mesa puesta para impulsar sus banderas sin mayores trabas.

La mesa estaba puesta para gobernar apegándose a la Constitución, sin necesidad de violar la ley y sin recurrir a facultades extraordinarias. Puesta para reclutar al mejor talento. Puesta para congregar apoyos de todos los sectores. Puesta, incluso, para dialogar con la oposición que estaba en condiciones de gran debilidad. Hizo todo lo contrario.

No tenía derecho a fallar, pero falló.

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara, el 9 de mayo pasado, que su movimiento político buscaría ganar en las urnas la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso para la próxima Legislatura –algo casi imposible–, y con base en ella modificaría la Constitución para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos por el voto popular, ayer el mandatario dio a conocer que presentará la iniciativa para ese propósito mucho antes de las elecciones, en el arranque del próximo periodo legislativo, en febrero.

La decisión tiene varias lecturas. La más relevante, para mí, es que López Obrador ha decidido llevar su pleito con la Suprema Corte a la campaña presidencial, con lo que el tono de los comicios será referendario. Así, apuesta nuevamente por la polarización. Quiere dividir al país en torno de una propuesta suya: ¿quieres o no quieres que jueces, magistrados y ministros sean elegidos?

La idea original –hacerlo en septiembre– tenía muchos inconvenientes. Al tabasqueño le quedaría sólo un mes de gestión. Difícilmente vería desde Palacio Nacional el final de esa batalla en el Congreso. Además, casi toda la política ya estará girando en torno de su sucesora, quien en septiembre estará haciendo foros, recorridos y anuncios.

Se ve que lo pensó mejor. “Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero”, informó. Luego, a pregunta expresa, detalló que entre ellas estará “la judicial, el plan integral para que el pueblo pueda elegir a los jueces, magistrados y ministros”.

El Presidente debe saber que lo más seguro es que dicho plan naufrague en el Congreso. Si debió concebir un plan C es porque su plan A –la reforma constitucional en materia electoral– no alcanzó la mayoría calificada y su plan B –la reforma a seis leyes secundarias con la que pretendía lograr la mayoría de las cosas contenidas en la iniciativa anterior– fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. De hecho, un día antes de que hiciera público el plan C, el máximo tribunal había admitido las primeras acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el plan B.

Incluso si contara con los votos de las bancadas de Movimiento Ciudadano –cuyo coordinador nacional, Dante Delgado, declaró muerto el bloque de contención en el Senado el miércoles–, difícilmente se lograrán los apoyos necesarios para que prospere su iniciativa. Quizá lo consiguiera en la Cámara alta, donde ya veremos si el grupo parlamentario de MC se suma a los del oficialismo, la próxima semana, para dar trámite a la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte, pero no en San Lázaro.

¿Por qué, entonces, arriesgarse a una nueva derrota legislativa? Evidentemente, para que el debate en los días finales de la intercampaña –que terminará el 29 de febrero– y los primeros días de la campaña electoral –que se iniciará el 1 de marzo–, giren en torno de él y su propuesta. Como el segundo periodo ordinario de sesiones concluye a fines de abril, así él podrá tener el reflector por tres meses.

Desde luego, con ello seguirá robando cámara a la aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum –como ya lo hace con las conferencias mañaneras, mismas que no tiene intención de suspender–, pero si algo ha quedado claro en todo este proceso es que López Obrador quiere que la contienda de 2024 gire en torno de él. Quiere que la decisión de fondo en la boleta sea un sí o no a él y su proyecto.

Presentar la iniciativa para la reforma judicial en febrero –además de otras que tiene contempladas– permitirá a López Obrador y a su movimiento mostrar a sus opositores como reacios al cambio (aunque parezca contradictorio, pues la oposición representa intrínsecamente esa opción), pues su negativa a modificar la manera en que se integra el Poder Judicial, por muy sensata que sea, los ubicará, para el imaginario colectivo, en el pasado de “corrupción”.

De esa manera, López Obrador intentará aterrizar en las urnas su propuesta de “continuidad con cambio”. Es un oficialismo con disfraz de oposición.

Ivonne Melgar

Retrovisor

Hace una semana, los diputados de Morena estaban listos para evidenciar la resistencia de algunos representantes del Frente opositor a la reforma que reduciría la jornada laboral.

Sin embargo, una declaración del presidente López Obrador pronunciándose por continuar consultando las posiciones sobre la reducción de 48 a 40 horas frenó de tajo la pretensión morenista.

Por la vía de los hechos, el jefe del Ejecutivo terminó coincidiendo con la postura del PAN, alegando que deben atenderse las razones de los sectores que alertan sobre los riesgos que podría traer la reforma.

Son cálculos electorales que cuentan. Porque una cosa es declarar que arriba los de abajo y abajo los de arriba, y otra muy distinta agitar el avispero empresarial a medio año del relevo presidencial.

En la oposición, en el Frente que encabeza Xóchitl Gálvez persistían diversos puntos de vista, destacando la definición de la precandidata de que éste no era el momento de hacer la reforma.

Mientras en la coalición que lidera Claudia Sheinbaum lo importante, hasta ahora, es seguir la conducción presidencial, independientemente de las posturas personales o de grupo.

La preponderancia de López Obrador en el timón de la contienda escaló en el inicio de diciembre a un nivel superior cuando tomó en sus manos la promoción y la defensa de la precandidatura presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por Movimiento Ciudadano.

Los posicionamientos del Presidente de la República en torno a la fallida participación del mandatario estatal regio confirmaron la importancia que para Morena tiene el terciar la elección del domingo 2 de junio, evitando así la polarización que podría abrirle paso al voto útil.

De manera complementaria, Movimiento Ciudadano pospuso el anunció de su nuevo abanderado, pero le subió volumen al cuestionamiento frontal al frente opositor, sumándose al escenario que el gobierno y su partido buscan, favoreciendo la continuidad y duplicando a los adversarios que deberá enfrentar Xóchitl Gálvez.

Así que, independientemente del nombre que MC postule, en la boleta presidencial habrá de dos: continuidad del proyecto presidencial o cambio.

De un lado, el abanderado del logo naranja dirá que la de la Coalición Fuerza y Corazón por México responde a la vieja política y éste deberá capitalizar la idea de que votar por MC es hacerlo por López Obrador.

¿Cómo procesarán los electores ambas ofertas con respecto a los ciudadanos que, sin titubeos, irán por la continuidad?

A esta duda que habrá de despejarse dentro de medio año se suma una más urgente: cómo procederá el grupo político aglutinado en torno al gobernador Enrique Alfaro, quien en julio habría abogado por analizar posibles rutas para participar de manera unificada con la coalición del PAN, PRI y PRD.

Esa postura giró en septiembre, cuando el mandatario de Jalisco viajó con el presidente López Obrador en el Tren Maya a inicios de septiembre.

Existen versiones de que, gracias a ese paseo, se dio la endeble operación cicatriz del gobernador Alfaro con la dirigencia de Dante Delgado, artífice de la ruta de MC de terciar el voto.

No queda claro si fueron peticiones o sugerencias, pero en Jalisco se tomó nota de los dos deseos presidenciales: impedir que Marcelo Ebrard fuera candidato naranja y apoyar a Samuel García.

En el Congreso estatal, PAN y PRI tuvieron la capacidad de elevarle el costo a la licencia del gobernador regio para irse de campaña, obligándolo a quedarse en el cargo.

Este éxito coyuntural de la oposición fortaleció la alianza de facto del presidente López Obrador con Dante Delgado, su gran amigo de otros tiempos.

MC se ha opuesto a la agenda de la militarización y austeridad asfixiante del Presidente. Pero, en los hechos, ha decidido darle el sí al señor Presidente en su apuesta electoral.

Es un “sí, señor Presidente” que la candidata Sheinbaum lleva hasta sus últimas consecuencias con un mensaje cotidiano de campaña que lo reivindica como el constructor de su oferta, la continuidad.

El análisis semántico no miente. La precandidata de la coalición gobernante asegura diariamente que López Obrador es el mejor presidente de la historia y concluye su discurso con un viva para él.

Es sabido que el tema de los deslindes, al menos matizados de Sheinbaum con la agenda presidencial, preocupa a sus colaboradores. Pero la disciplinada exjefa de Gobierno prefiere esperar.

Mientras tanto, López Obrador quiere centralizar lo que queda del presupuesto federalizado, decapitar el Poder Judicial, capturar el INE, tener afines en el Tribunal Electoral y seguir en la restauración del presidencialismo.

Ante esa concentración de poder, el gran dilema de la oposición no continuista es con quién debe la precandidata Gálvez contrastarse: con su contrincante o con su jefe de campaña.

Es un hecho que, a diferencia de lo que sucede con algunos dirigentes de la coalición opositora, Xóchitl no le teme al Presidente y ha decidido asumir que, cuando compite con Sheinbaum, está peleando con él.

¿Tiene futuro decirle no al Presidente? Ésa es la duda que despejarán las urnas.

Federico Reyes Heroles

Sextante

El mentiroso, si no puede convencerte,
intenta confundirte.

Anónimo

“…En febrero seré el primero”, dijo con la moderna humildad que lo caracteriza. Vemos el país naranja, lo único que nos importa son los ciudadanos. Nada de alianzas turbias, nosotros somos la esperanza, la nueva política, la pureza nos caracteriza. Adiós a la “vieja política”. Vamos a enterrarla. Viene la luz de la frescura. Soy el nuevo, el joven. Ya no hay mentira. La nitidez de la farsa deslumbra.

Meses con el discurso “esperanzador” de MC. Pero la realidad es terca y evidente. MC –con muy poca fuerza nacional– tiene una región en la que de verdad pesa: Jalisco. MC se está desquebrajando, Allí está la sacudida con Alfaro o el anuncio de que en la CDMX apoyarán a Taboada. MC está jugando al esquirol del Frente Amplio. El títere se llamó Samuel García.

El enredo de mentiras llegó a límites de risa: ser candidato, pero controlar Nuevo León. Faltaba la SCJN y el Congreso local. ¿Instituciones? El país a nuestra medida. Sheinbaum condena la “imposición” de un gobernador interino que es ajeno a MC y pone como ejemplo su caso, su renuncia a la alcaldía, al gobierno de la CDMX, ocasiones en que se nombró para sustituirla a personas cercanas a ella. Somos camarilla. Se le olvida, conveniente olvido, que en ambas situaciones su partido era mayoritario. Pero en Nuevo León no es así. PRI y PAN representan a la mayoría. Sheinbaum defiende al esquirol por arriba de la ley. A quitarle votos a Xóchitl Gálvez, su verdadera contendiente, a eso iba. Su caída no le conviene. Por su lado, el verdadero segundo lugar y subiendo, Gálvez, fue muy clara: “Hay una Suprema Corte de Justicia que tomó la decisión y las decisiones de la Corte se acatan”.