21 de Octubre de 2019

El informe presentado se topó con diversas críticas, pues aunque en septiembre se registró un ligero descenso, la cifra de personas asesinadas en 10 meses suma 29 mil 629 personas, lo que marca el inicio de sexenio más violento del que haya registro.
Adicionalmente, la estrategia de seguridad del gobierno se topó con una larga secuencia de hechos violentos, ocurridos en distintos estados del país.

El lunes, en el municipio de Aguililla, Michoacán, 13 policías estatales fueron asesinados y 9 lesionados por un ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al día siguiente, en la comunidad de Tepochica, del municipio de Iguala, Guerrero un enfrentamiento entre integrantes del Ejército y civiles armados que se trasladaban en tres camionetas con reporte de robo, dejó un saldo de 15 personas muertas, un militar y 14 civiles. Ese mismo martes por la tarde, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato se registraron ataques contra policías, lo que derivó en cuatro civiles muertos y un oficial herido.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el miércoles se registraron balaceras en toda la ciudad, lo que dejó como saldo un elemento de la Policía estatal herido.

El hecho más grave se dio el jueves en Culiacán, Sinaloa, donde la población vivió horas de terror, por las balaceras desatadas tras el operativo de detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Durante varias horas se presentaron enfrentamientos que dejaron ocho muertos, 16 heridos y un total de 51 reos que se fugaron de la cárcel de Aguaruto. El punto más crítico, por el que el gabinete de Seguridad ha recibido duros señalamientos, fue la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, bajo el argumento de “salvar vidas” por la reacción del Cártel de Sinaloa.

Los acontecimientos demostraron que, en diversas partes del territorio nacional, la capacidad del Estado Mexicano se encuentra fuertemente rebasada por el poderío de los delincuentes. Quedó demostrado que las capacidades materiales, de armamento y especialmente logísticas de dichos grupos delictivos, son superiores a las de policías estatales, y pueden rivalizar fuertemente con las de nuestras fuerzas federales.

Ha quedado manifiesto que el tráfico de armas, donde poco más del 70% de las mismas, proviene de los Estados Unidos, se ha convertido en un cáncer que ha fortalecido a las bandas del crimen organizado. En los distintos episodios ocurridos la semana pasada, quedó manifiesta también la abismal diferencia entre el armamento de las fuerzas del orden público frente a los delincuentes; desde una Browning M2, pasando por AK-47, Barrets m82, Colt AR15 y granadas de fragmentación.

La decisión de “liberar” al hijo de El Chapo, ha generado fuertes inquietudes sobre la capacidad de reacción del gobierno frente a presiones generadas por parte de grupos criminales en otras partes del país.
Adicionalmente, la existencia de distintas versiones institucionales, evidenciaron una preocupante falta de coordinación.

La “semana negra” debe servirnos para analizar los pendientes que aún mantiene la estrategia de Seguridad del gobierno federal. Se requieren muchos más recursos, no sólo para la Guardia Nacional, sino para equipar y fortalecer a las policías estatales y municipales en lo inmediato. Es fundamental fortalecer nuestras aduanas fronterizas, y evitar el trasiego de armas desde los Estados Unidos. El Congreso debería aprovechar la alarmante situación evidenciada la semana pasada, para fortalecer ambos rubros mediante el Paquete Fiscal 2020.

Es necesario que el gobierno evalúe los mecanismos que ha utilizado hasta la fecha, para diagnosticar y atender diversas crisis, pues se corre el riesgo de que grupos violentos, disruptivos y criminales, le tomen la medida e incrementen sus mecanismos de “presión” para alcanzar sus objetivos antisociales.