El avance del tráfico de opioides parece imparable, capaz de arrastrar a cualquier sistema político al sur del Río Bravo
Autor: Francisco Delgado Rodríguez | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Con el pretexto de frenar el narcotráfico, Estados Unidos controla la base de Palmerola, en Honduras, la más grande que el ejército yanqui posee en un país de América. Foto: La Prensa
El tema del narcotráfico genera interés permanente y, como norma, se asocia exclusivamente a asuntos de seguridad y por su impacto en la salud pública. Sin embargo, también tiene una estrecha relación con la política. Puede y se usa como instrumento de dominación política en nuestra región.
El narcotráfico y su correspondiente secuela de crimen, violencia y desarticulación social, constituye hoy una circunstancia aprovechada por los poderes fácticos y el imperialismo yanqui, para mantener su dominio político en el subcontinente americano.
La propia existencia de la percepción de inseguridad que impone el narcotráfico, provoca una naturalización de métodos autoritarios y sociedades, parcial o totalmente militarizadas, que se legitiman proporcionalmente al agravamiento del clima de terror.
Bajo el estandarte del enfrentamiento al flagelo del comercio de drogas, ee. uu. ha desplegado numerosos recursos militares, incluido bases permanentes, programas de asistencia, asesores, y la no poco ingrata Oficina norteamericana de la Administración para el Control de Drogas (dea) en buena parte del territorio latinoamericano.
En realidad, es poco creíble el supuesto y «noble» interés de la potencia norteña por abatir el narcotráfico, porque, en rigor, los beneficios que este le deja a la plutocracia son notables, más allá de la lógica opacidad de los números para demostrarlo.
Resulta evidente la contradicción entre el rol que ee. uu. dice desempeñar y en paralelo constituir una suerte de gran aspiradora, es decir, el gran mercado de consumo de opioides en el mundo.
En ese país el mercado de drogas se coloca como la segunda industria que más utilidades genera, por encima de la venta de petróleo u otras. El primer puesto, ya sabemos, lo ocupa la comercialización nacional y exportación de armas, que en la práctica actúa usualmente relacionado con el narcotráfico; se retroalimentan mutuamente.
Bajo este impresionante estímulo, al comercio de drogas se le aplican las generales de la ley del sistema capitalista, según las cuales, si un sector o industria da ganancias a los poderes dominantes, por caso el financiero y el complejo militar industrial, inevitablemente, eso tiene un correlato en la vida y en el funcionamiento de la política del país.
Si se sumaran los recursos que, en al menos las últimas cuatro décadas, las autoridades estadounidenses han gastado en enfrentar el narcotráfico, estamos en presencia de la más catastrófica incompetencia, o en rigor, fue siempre una política gatopardista, es decir, simular cambiar algo para no cambiar el todo. Por estas suspicacias, algunos entendidos califican a la famosa dea como el cártel más grande del mundo, con licencia para engañar.
Más recientemente se perfila una nueva realidad, a partir de la evolución dramática de la crisis del fentanilo en ee. uu., que comienza a desplazar a otras drogas, como la cocaína de origen latinoamericano, lo cual eliminaría, en teoría, la justificación para tal presencia militar en la región.
No obstante, por el momento, el enfrentamiento al creciente consumo del fentanilo es más de lo mismo, culpar a terceros. Así está actuando la administración Biden, y, en ocasiones, adquiere ribetes surrealistas, como las propuestas de sectores republicanos que, dado el eventual involucramiento de los cárteles mexicanos en la distribución de la nueva droga, hablan desembozadamente de una intervención militar en México.
EL NARCOTRÁFICO SE EXPANDE DESDE GOBIERNOS CONSERVADORES
Más allá de comportamientos generales –globalizados puede decirse–, el crimen organizado tiene un impacto especial en varios países latinoamericanos; curiosamente su expansión suele coincidir con regímenes encabezados por la derecha.
Puede apelarse a varios ejemplos. Tomemos por caso Ecuador, bajo el mando de ese signo político, desde Lenín Moreno hasta la fecha. ¿Qué pasó en ese tiempo? De casi cero, la incidencia del narcotráfico en la inseguridad ciudadana se multiplicó, interviniendo con la violencia acostumbrada en el último proceso electoral, con el poco velado objetivo de obstaculizar el regreso al gobierno del llamado correísmo. De casi cero, repito, el país se convirtió en ruta obligada hacia el norte, y generó las condiciones para lavar entre 500 y mil millones de dólares al año, resultantes de este rol en el comercio regional, ante la mirada descuidada o una débil respuesta de las autoridades ecuatorianas.
El escándalo asociado a Bernardo Manzano, exministro de Agricultura del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, solo expuso ante la opinión pública un entramado extraordinario de negociados turbios, estrechamente asociados al tráfico de opioides.
Ecuador es hoy una vía alternativa a la tradicional de México, aunque con pleno involucramiento de los tristemente célebres cárteles de la droga de este último país, y de mafias de origen europeo, por caso la albanesa, que, se asegura, financió la campaña electoral del expresidente Lasso.
Otro tanto puede apreciarse en el caso de Perú, probablemente el principal exportador de hoja de coca del hemisferio latinoamericano, cuya industria ha tenido un formidable puntal político en el fujimorismo, prácticamente con el Gobierno de la dupla terrible Fujimori/Montesinos, desde al menos los años 90 del pasado siglo. Tiempo después, a Keiko Fujimori, la principal heredera política del déspota, le encontraron un depósito de drogas en un almacén de su propiedad, en 2013; sin embargo, en las últimas elecciones fue la principal oponente al ahora defenestrado presidente Pedro Castillo Terrones.
Desde Centroamérica, es poco lo que puede agregarse que no resulte una obviedad. Basta ver la suerte que corrió el anterior mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, pendiente de juicio en cortes estadounidenses por encabezar una mafia local de tráfico de narcóticos, utilizando a su país como especie de portaviones, para el trasiego de miles de vuelos con toneladas de cocaína, según los fiscales del caso. Aquí la política se mezcló sobradamente con este problema, no solo por el involucramiento de figuras prominentes de la derecha local, sino porque sirvió, paradójicamente, para justificar la omnipresencia del Comando Sur de ee. uu. en el país, que controla la base de Palmerola, la más grande que el ejército imperial posee fuera del territorio norteamericano en América.
El avance del tráfico de opioides parece imparable, capaz de arrastrar a cualquier sistema político al sur del Río Bravo.
Si alguna duda quedaba al respecto, en las últimas semanas adquirió notoriedad el lamentable aporte que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou, en Uruguay, que pareciera, para quien no conoce a la derecha corrupta uruguaya, un territorio ajeno al problema.
Tras la inesperada renuncia del canciller oriental, Francisco Bustillo, el presidente uruguayo se vio obligado a reorganizar su gabinete, incluido el titular del Interior, acusados como mínimo de tolerancia. Atrás quedaron los tiempos en que el presidente Lacalle hacía gala de una supuesta superioridad política, de portaestandarte de la democracia, protagonizando escenas de condena contra otros gobiernos, como el cubano.
La existencia del fenómeno del narcotráfico en países como México o Brasil, ahora gobernados por fuerzas progresistas y de izquierda, no niega el concepto aquí expuesto sobre el vínculo derecha-narcotráfico; no solo porque lo heredan, sino porque enfrentan el desafío de encarar la dicotomía entre soluciones altamente militarizadas, de derecha, o políticas sociales, lógicamente de más lenta maduración, que dejen sin apoyo popular o mano de obra a las estructuras criminales.
Por otro lado, algunas de las acusaciones contra gobiernos de izquierda, de supuesta cooperación con los narcos, suelen inscribirse en operaciones sicológicas propias de la guerra de baja intensidad, justamente para desacreditarlos, incluso para justificar todo tipo de agresiones fabricadas en Washington.
En todo caso, el razonamiento conduce a que, probablemente, la única salida para que los países latinoamericanos superen esta pesadilla es con gobiernos, con proyectos de izquierda, en los que predominen las políticas que conlleven la mayor justicia social posible.
Las vidas de los grandes personajes de la historia a veces se reproducen sin el contexto de las circunstancias y el país que les correspondió vivir. Eso impide que podamos comprender la importancia de sus decisiones, la enormidad de sus capacidades y, también, el origen de sus posibles insuficiencias, las mismas que tiene cualquier ser humano.
Por eso, la mejor manera de aproximarse a la historia, en mi opinión, es a partir de esos testimonios de la época, de las biografías que se escriben y del trabajo de los buenos historiadores. Lo que pesa más en la vida de un líder, de un dirigente, es su legado; pero lo que la explica es su tiempo.
Este año se celebrará a Felipe Santiago Carrillo Puerto. Las monografías que solíamos comprar en las papelerías para las tareas escolares, consignaban que había sido un político y periodista, exgobernador de Yucatán, y uno de los principales líderes revolucionarios del sureste. Sólo que Carrillo Puerto fue mucho más. Si uno quiere adentrarse en la vida de este fascinante personaje, puede empezar con una canción: Peregrina, cuyos autores fueron otros dos grandes yucatecos, el poeta Luis Rosado Vega y el famoso compositor Ricardo Palmerín. La historia narra que los tres fueron sorprendidos por la belleza de Alma Reed, corresponsal de la época de The New York Times –quien fue el amor final de la vida de Carrillo Puerto– e impulsó a Rosado y a Palmerín a dedicarle uno de los temas más interpretados de la música mexicana.
En algunos testimonios, Reed narró que la sorpresa fue mutua cuando miró por primera vez al gobernador de Yucatán. La información que tenía sobre él fue la razón por la que pidió entrevistarse con Carrillo Puerto, lo único que no esperaba era que la fama iba a corresponder, desde su gusto, con el hombre. El mandatario había llamado la atención de su periódico por sus acciones y sus ideas más que revolucionarias a favor de la mayoría de los yucatecos.
Por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto había puesto al pueblo maya al centro de sus políticas públicas, lo que no cayó muy bien entre los hacendados y menos con la aristocracia local, que había logrado establecer ciertos lazos con los revolucionarios de la península. Los antecedentes del gobernador tampoco eran apreciados: en su juventud había fundado El Heraldo de Motul, desde el cual criticaba los abusos de autoridades municipales; que se postulara como candidato del Partido Socialista del Sureste y arrasara con 95% de los votos, fue el acabose para muchos intereses en la península. El ahora gobernador Carrillo Puerto no se detuvo ahí, usó su fuerza popular para organizar a los campesinos y a los obreros, repartió tierras a casi 30 mil familias, fijó el salario mínimo para el estado, creo cooperativas henequeneras y, por iniciativa de su hermana Elvia, hizo todo lo necesario para reconocer el derecho al voto de las mujeres yucatecas, lo que lograron. Su discurso de toma de posesión lo hizo en lengua maya.
Pero la administración de Carrillo Puerto había sido todo menos dogmática. Durante su periodo se construyeron carreteras y se invirtió en obras que llevaban años inconclusas o suspendidas. Los programas de apoyo al campo nivelaron por un tiempo la producción de materias primas que concentraban las haciendas y las compañías tuvieron que aumentar salarios y dar prestaciones, bajo la amenaza de la clausura. Una parte de la sociedad yucateca criticaba a Carrillo Puerto por haberle dado la espalda a su clase social, a pesar de que Felipe provenía de una familia de comerciantes y él había tenido varios empleos, entre ellos conductor de ferrocarril. Tal vez era por su carisma, ojos claros y estatura, que lo confundían. Una especie, como escuché hace unos días una definición que alguna vez me dijeron, de “aristócrata del pueblo”.
Para la gente, sin embargo, era el líder social que conocía cada comunidad de su estado y hablaba de ideas de igualdad y libertad. En algunos testimonios, las personas lo llamaban el “apóstol rojo de los mayas”, lo que enfureció a ese sector, al grado de ir a pedir la colaboración de una facción revolucionaria que respondía al sonorense Adolfo de la Huerta (quien después sería presidente sustituto) para derrocar a Felipe Carrillo Puerto, con el pretexto de que éste apoyaba a su paisano Álvaro Obregón. La conspiración fue virulenta y el gobernador depuesto fue fusilado con tres de sus hermanos, en uno de los actos más aberrantes del México posrevolucionario.
Hoy, la figura de Felipe Carrillo Puerto es homenajeada con justicia. No sólo en la efeméride, sino en el reconocimiento de muchas de sus acciones a favor de su pueblo, de sus políticas de desarrollo social, y de un liderazgo que estaba dedicado a la gente menos favorecida, sin dejar a un lado el crecimiento económico y hasta esa idea romántica que tan bien plasmaron Rosado Vega y Palmerín.
El país euroasiático se convirtió en 2023 en la quinta economía del mundo al superar a Alemania
Autor: Russia Today | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Karin Kneissl, exministra de Asuntos Exteriores de Austria Foto: Tomada de Cubadebate
La situación en el campo de la economía y de batalla del conflicto ucraniano ha cambiado en los últimos meses a favor de Rusia, declaró el domingo la exministra de Asuntos Exteriores de Austria, Karin Kneissl.
Así, la exfuncionaria destacó que el país euroasiático se convirtió en 2023 en la quinta economía del mundo al superar a Alemania.
En este contexto, recordó la predicción acertada del presidente ruso Vladímir Putin, quien dijo durante la sesión plenaria en el Foro Económico de San Petersburgo el pasado mes de junio que la economía de su nación podría superar a la de Alemania. «Eso es exactamente lo que ocurrió, dos meses después», apuntó Kneissl.
Sobre «los cambios importantes» en torno al conflicto con Kiev, señaló que la contraofensiva lanzada en junio por las fuerzas ucranianas «ha fracasado o al menos se ha estancado».
«En las últimas semanas, el frente ruso se ha vuelto más dinámico. Rusia ha pasado a la ofensiva y ha podido registrar las primeras ganancias territoriales», añadió, explicando que, de la misma manera, se han visto cambios a nivel geopolítico.
«Las evaluaciones occidentales han dado un giro de 180 grados. […] Los titulares de The Financial Times o The Economist se preguntan casi al unísono: ¿qué ocurrirá si Rusia gana la guerra?», sostuvo.
Día de luto para México. Ayer tomó posesión Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte. Ayer fue asesinado un aspirante a diputado federal, el regidor de Cuautla, Giovanni Lezama Barrera. Ambos hechos presentan lúgubres presagios para la vida nacional. Especialmente, para el proceso de sucesión presidencial a punto de formalizarse.
Lo ominoso del homicidio del aspirante panista a legislador de Morelos está en la fragilidad de la vida de cualquier individuo indistintamente de su condición de nacional o migrante extranjero. La inseguridad que subyuga al país rebasa toda dimensión y trasciende de lo local a lo internacional. Más en concreto, la muerte de un posible legislador, precisamente ahora, toca lo más importante y sensible de nuestro orden democrático y del que depende la seguridad, que necesitamos urgentemente que funcione durante la primera mitad de 2024, durante las campañas y las elecciones.
Podremos estar dispuestos a ofrecer la vida en aras de la democracia como lo hicieron nuestros héroes del pasado, pero arriesgarla sin razón o sin garantía alguna no debe ser la condición para participar en política.
La altura de los conceptos del regidor Giovanni Lezama se aprecia en los siguientes extractos de su discurso de aceptación a la candidatura: “Lucharé por una patria justa para todos y contra la corrupción y los abusos del poder… Propongo que se trabaje por la conciliación y de la coincidencia política, por la suma de voluntades y que se gobierne mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos… se debe construir una verdadera alternativa democrática con rumbo claro con un proyecto que contribuya verdaderamente a un desarrollo de bienestar, seguridad, así como económico y social… necesitamos gobiernos más fuertes, más unidos y cercanos a la gente… hago un llamado para que trabajemos juntos sociedad y gobierno a favor de los jóvenes…”.
El cobarde asesinato, uno de los cientos cometidos en Morelos durante la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, fue perpetrado por un desconocido, lo cual confirma los más terribles augurios de un periodo cruento durante las elecciones de este año.
Los asesinatos de políticos por lo general han tenido por autor intelectual al que pretende beneficiarse. Es un ingrediente que atrasa el arraigo del proceso democrático que esperábamos no volviera. AMLO, empero, estima que las cosas están en plena mejoría, que la inseguridad se ha reducido y que las garantías individuales están protegidas. Sin embargo, el ambiente de completa impunidad hace que el aumento de homicidios sea cosa cotidiana.
El otro asunto que nos preocupa es la tesis manejada por la flamante ministra Batres, hermana de Martí, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es un descarado y sorprendente preámbulo de su posición en cuanto a la función de la SCJN.
Lenia Batres somete a la SCJN al arbitrio de Morena al postular como principio de gobierno nulificar el equilibrio de contrapesos del sistema tripartito de Poderes que dispone su completa independencia y autoridad. “Los que dicen que la SC es el órgano supremo del país –señala Lenia–, porque puede anular leyes por mayoría calificada… se equivocan si actuara de verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la SCJN, sino la Constitución y la SC tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jeraquia normativa de nuestro país”.
El despropósito es claro al negar que el fundamento del sistema que nos rige está en la función del Poder Judicial de velar y hacer cumplir la legalidad constitucional de los actos de los otros dos Poderes, a saber el Ejecutivo y Legislativo. Determinar lo anterior con entera independencia de las motivaciones que expliquen los actos cuya validez esté llamado a evaluar, es la esencia del sistema y lo que le da validez constitucional a los actos del gobierno. Aceptar la autolimitación o el sometimiento de la SCJN a lo que Lenia Batres llama “la auténtica jerarquía normativa de nuestro país”, significaría la desaparición del esquema de equilibrio e independencia de Poderes y dejar al país totalmente en manos de lo que el Poder Legislativo apruebe y lo que es aún más inaceptable, lo que ordene el Ejecutivo.
El telón ha caído. AMLO ha logrado su objetivo de inseguridad en todo. Este 2024 los Reyes llegaron vestidos de luto.
López Obrador pidió suspender el bloqueo económico y comercial a Cuba y comenzar un diálogo bilateral, sacarla del listado de países terroristas, abandonar los temores en contra de la Revolución y admitir que no existe peligro para Estados Unidos o cualquier otro país
Autor: Redacción Internacional | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
5 de enero de 2024 12:01:33
Andres Manuel López Obrador, presidente de Mexico Foto: PL
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los legisladores de Estados Unidos por negarse a aprobar recursos para el desarrollo de América Latina y, en cambio, enfocarse en una campaña comunicacional para culpar a la administración mexicana de no detener el flujo migratorio hacia el norte.
Desde el Palacio Nacional, el mandatario reiteró que las personas tienen motivos para emigrar de sus comunidades, pueblos y países, esencialmente por dificultades económicas, divulgó Prensa Latina.
En su alocución, pidió suspender el bloqueo económico y comercial a Cuba y comenzar un diálogo bilateral, sacarla del listado de países terroristas, abandonar los temores en contra de la Revolución y admitir que no existe peligro para Estados Unidos o cualquier otro país.
Igualmente, exigió cumplir con la medida de dedicar un presupuesto de 20 000 millones de dólares para países de América Latina y el Caribe, y que el Congreso estadounidense presente un plan de desarrollo para la región, entre otros tópicos.
Su intervención estuvo marcada por la exhortación a la integración continental.
Para solucionar el tema migratorio, sugirió ponerse de acuerdo entre todos los países, para poder aplicar programas de apoyo, en los que se pueda trabajar de conjunto, y «lo estamos haciendo».
También habló de quitar las sanciones a Venezuela, trayendo a colación el tema de los 32 indocumentados secuestrados intentando cruzar la frontera. Sobre ello puntualizó que los congresistas estadounidenses tienen que «ver una política humana con dimensión social y ya es hora de abandonar esa política de hace 200 años, hegemónica de bloqueos e imposiciones. Eso es del medioevo y no tiene nada que ver con el mundo actual, como tampoco la irracionalidad de las guerras».
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