Prácticamente la mitad de quienes integran el listado nominal de votantes (97.6 millones, al día de hoy) no tiene edad para recordar lo que eran las elecciones antes de la reforma política de 1996.

Y no me refiero sólo a los aspectos técnicos del proceso –que permitían un alto grado de manipulación del resultado–, sino de las quejas que iban quedando, luego de cada ejercicio de votación, y se acumulaban en una tensión social que se expresaba de forma cada vez más violenta.

Recuerdo especialmente los comicios de 1989 para renovar ayuntamientos en Michoacán y Guerrero –los cuales cubrí como reportero–, que dejaron decenas de personas asesinadas, en el marco de las protestas poselectorales que estallaron en una y otra entidad.

Para principios de la década de los años 90, la violencia comenzaba a ser una constante en los procesos electorales. El clímax de esa etapa fue el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, un crimen que ojalá no volvamos a ver en México. De no haber sido por la reforma de 1996, que permitió importantes modificaciones en el mapa político durante la siguiente década, había una alta probabilidad de que las diferencias, que teóricamente se resuelven mediante el voto, hubieran dado lugar a un derramamiento de sangre generalizado. En todo caso, ése es el rumbo que estaba tomando el país.

Las instituciones creadas para asegurar que el cambio de autoridades y representantes ocurriera en paz han cumplido su cometido durante casi tres décadas, dando lugar a un gran número de alternancias. No terminaron con las inconformidades –quizá porque no hemos logrado construir una democracia donde los perdedores acepten rápidamente su derrota–, pero las manifestaciones poselectorales, que eran la constante en aquellos años, han dejado de tener sentido. Con un árbitro que resuelve las polémicas, las posibilidades de un choque físico entre los partidarios de diferentes candidatos son prácticamente nulas.

Como digo, la vaguedad del recuerdo de esos tiempos hace que no se advierta el peligro que corrimos como sociedad en aquellos años. Y tal vez por eso, el deterioro al que han sido sometidas las instituciones creadas por aquella reforma no se alcance a ver con alarma por parte de la mayoría de los ciudadanos de este país.

Peor aún, ha cundido la impresión –creada de forma dolosa, creo yo– de que la democracia es la culpable de muchos de nuestros problemas, como la persistente desigualdad económica, y que basta con acabar con ella para que aparezcan las soluciones, de la mano del voluntarismo.

De forma simultánea, la violencia ha encontrado otras vías para aflorar, por nuestra indolencia para aplicar las leyes y construir cuerpos de seguridad pública eficaces y cercanos a la gente. Eso ha permitido la aparición de armas de fuego en manos de particulares de una forma no vista desde los tiempos de la Revolución Mexicana y la consecuente creación de una estructura paralela al Estado, regida por delincuentes, que cobra sus propios impuestos y ya controla importantes sectores de la economía.

Para esos conglomerados criminales, las elecciones se han vuelto un atajo para la realización de sus negocios ilícitos. ¿Para qué perder tiempo en poner bajo su yugo a la autoridad, pudiendo convertirse en autoridad mediante el voto?

Por eso, asegurar que los candidatos que compitan en distintos procesos electores tengan su visto bueno se ha vuelto parte sustancial de su actividad. Eso, ya lo hemos visto, es fuente de violencia. Lo fue en 2021 y seguro lo será este año.

En resumen, los mexicanos votaremos en peligro este 2024: peligro de perder los avances democráticos de los últimos 30 años, por un gobierno que desafía los conceptos más básicos de democracia, y por una criminalidad que se ha metido hasta la cocina en los procesos electorales.

Tener conciencia de esos riesgos inminentes es un paso necesario para atajarlos.