13 de Septiembre de 2018

Uno de los principales problemas que está enfrentando la próxima administración es el adelanto, provocado por ellos mismos, de los tiempos políticos, con un presidente electo y un equipo de colaboradores que en los hechos están trabajando ya como si estuvieran en funciones. Pero ése no es el único problema, ese equipo, integrado por personajes que vienen de vidas políticas muy diferentes, no siempre tiene unidad de ideas y programas y, como si fuera poco, sus propuestas de campaña se deben adecuar ahora a la nueva realidad que implica no sólo ser gobierno, sino serlo, por primera vez en tres décadas, con una mayoría absoluta que impedirá que puedan argumentar que están atados de manos.

En pocos ámbitos eso se percibe mejor que en la Cámara de Diputados, donde la mayoría de Morena parece que todavía no asume que ellos son gobierno, no una corriente opositora más. Ocurrió en la instalación de la Cámara, donde las pancartas y gritos impidieron, incluso, el discurso de los legisladores opositores. Ocurrió con los insultos de Gerardo Fernández Noroña a Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, sus compañeros de partido y presidentes de la cámara de diputados y senadores, respectivamente.

La primera sesión de la Cámara de Senadores estuvo marcada por el caso de Manuel Velasco, con la licencia primero rechazada y luego aceptada, realizado todo con un desaseo político lamentable. El martes en la cámara de diputados, como tituló Excélsior, Morena puso en marcha la aplanadora y votó un punto de acuerdo para frenar la evaluación magisterial, exigiendo que desde ahora comience a desmontarse la reforma educativa.

La SEP les respondió lo único que les podía responder: aplicar la evaluación magisterial, lo mismo que todo el modelo educativo, es una obligación constitucional. El gobierno federal, mientras la norma constitucional esté vigente, debe aplicarla. Además, la evaluación está establecida en las leyes generales del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado respondió que de la Reforma Educativa no va a quedar “ni una coma” y agregó que “se va a cumplir el compromiso de campaña de echar abajo la Reforma Educativa”. El compromiso dijo “es muy claro por parte del Presidente electo, es la abrogación total y se está trabajando ya en unos foros para escuchar a los maestros y a los padres de familia”.

Efectivamente, López Obrador dijo que se iba a abrogar la Reforma Educativa, pero los hechos muestran que son demasiados los capítulos de la reforma que se tendrán que mantener mientras no se modifique la Constitución y haya nuevas leyes del servicio magisterial.

El propio Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación, ha dicho que hay puntos de la reforma que se quedarán y otros que se modificarán, y eso es lo que indica hasta la lógica común. En los foros que se están realizando ésa es también la opinión mayoritaria: el consenso, incluso, no es que no haya evaluación, sino que ésta se siga realizando, que se prepare mucho más a los maestros, pero que la evaluación no esté ligada a la pérdida de la plaza, lo que ahora tampoco ocurre.

Nadie ha perdido su plaza por la evaluación, en todo caso lo que se establece es que ese maestro ya no esté, después de tres fracasos consecutivos, al frente de un grupo de alumnos. Un punto más. Ninguna de las reformas que se aprobaron en el actual sexenio ha tenido tanto apoyo entre la gente como la Reforma Educativa.

En una encuesta de Parametría publicada días antes de las elecciones de julio, cuando ya era evidente el triunfo de López Obrador, el 75% de los encuestados consideró que la Reforma Educativa debe revisarse para mejorarse, y sólo el 9 por ciento consideró que había que cancelarla, mientras que un 12 por ciento opinó que lo mejor era dejarla tal como está. Los encuestados estaban de acuerdo, sobre todo, en la evaluación de los maestros, en la prohibición de la venta de alimentos chatarra y en la implementación de escuelas de tiempo completo.

La beligerancia de la bancada de Morena en el tema se explica por el número de diputados provenientes de la CNTE, proporcionalmente muy alto, por encima de su representación sindical y política, y por la lucha que esos grupos y otros quieren dar por el control del sindicato, lo que aún están lejos de tener.

Por supuesto que el próximo gobierno tiene peso político como para hacer las reformas que desee, incluso para no dejar, como dijo Mario, ni una coma de la Reforma Educativa. Pero primero debe estar de acuerdo internamente sobre cómo va a hacer las cosas; elaborar y presentar las iniciativas correspondientes, aprobarlas, en el caso de una reforma constitucional tener el voto calificado de las dos cámaras y de 17 congresos estatales, y luego aprobar las leyes correspondientes, en línea con la nueva norma constitucional.

Son procesos legales que toman su tiempo y que exigen trabajo político, acuerdos y elaborar sobre la gama de grises más que en torno a blancos y negros. Y mientras eso sucede, las leyes vigentes se tienen que cumplir. Desde la oposición se puede proclamar todo, desde el gobierno no se pueden suprimir esos pasos ni ignorar las leyes.