El manto protector de la Cuatroté

Ayer le contaba cómo el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación no ha procedido penalmente contra ningún gobernador o exgobernador del PRI, pese a la retórica electorera que señala como corrupto a dicho partido político.

Recordemos cómo, durante el primer debate de aspirantes presidenciales, la oficialista Claudia Sheinbaum se refirió a la opositora Xóchitl Gálvez como “la candidata del PRIAN”, y nunca por su nombre, usando las siglas del tricolor como una mala palabra.

Pero, por lo visto, el problema no es el PRI, sino la falta de sumisión de los priistas a los intereses del actual gobierno. Y, peor aún, su pecado de haberse aliado con el PAN.

Tan es así que seis exgobernadores del PRI disfrutan actualmente de las recompensas recibidas luego de entregar sus respectivos estados a Morena en la más reciente elección.

El verdadero fuero que existe en México es ése: el manto protector que cubre a quien acata los deseos presidenciales. No sólo no le pasará nada malo –al menos mientras dure este sexenio–, sino que le lloverán elogios desde la cumbre del poder.

No olvidemos que los gobiernos del PRI, pese a todos sus excesos, llevaron a la cárcel a varios de los suyos. En ocasiones se hacía por conveniencia política –por ejemplo, para apagar el escándalo cuando la falta era inocultable– o por un ajuste de cuentas interno. Pero se hacía.

De hecho, los cinco exgobernadores priistas que están bajo proceso penal o purgando sentencia fueron llevados ante la justicia bajo gobiernos de su propio partido: Mario Villanueva, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y Tomás Yarrington, César Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte, durante el de Enrique Peña Nieto. El actual gobierno no sólo no ha procedido contra gobernador o exgobernador alguno, sino que se ha hecho de la vista gorda ante las acusaciones que penden sobre varios de sus correligionarios.

Ahí están los casos de Hugo López-Gatell, quien lideró la indolente respuesta a la pandemia, que, de acuerdo con los hallazgos de la Comisión Independiente de Investigación sobre el covid-19, pudo evitar la muerte unos 224 mil mexicanos y no lo hizo; de Ignacio Ovalle, bajo cuyas narices ocurrió un desfalco a Segalmex por miles de millones de pesos; de Ana Gabriela Guevara, a quien se señala por numerosos desvíos de recursos públicos en su gestión al frente de la Conade, y de Francisco Garduño, quien fue responsable de omisión, cuando menos, en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, cosa que no le costó la cárcel, a diferencia de Rosario Robles, procesada también por omisión y a la que la justicia acaba de exonerar plenamente luego de pasar tres años en prisión.

Todos ellos continúan en el gobierno. Pero no son los únicos casos de protección a servidores públicos por parte de la Cuarta Transformación, que se jacta de haber erradicado la corrupción. El actual elefante en el cuarto se llama Rocío Nahle, a quien le siguen encontrando propiedades que no pudo haber adquirido con su salario de secretaria de Energía y quien será gobernadora de Veracruz si prosperan todas las maniobras para que gane la elección.

Ayer le apareció otra propiedad más, un departamento en Valle Oriente, zona comercial y residencial exclusiva del área metropolitana de Monterrey, y que ha sido valuado, de acuerdo con información del denunciante, Arturo Castagné Couturier, en 28 millones de pesos. Pero la incongruencia del oficialismo no sólo gira en torno de Nahle, sino también del gobierno veracruzano, encabezado por Cuitláhuac García, que ha puesto su estructura a operar a favor de Morena.

Al chihuahuense César Duarte lo procesaron, entre otras razones, por desviar recursos de la entidad para financiar campañas del PRI. Fue el gobierno de Peña Nieto el que procedió contra Duarte. ¿Cuándo investigará el de López Obrador al gobierno veracruzano? Júrelo usted: nunca.